Salcedo Tax Litigation

Nos encontramos en las últimas semanas de la campaña de la Renta que termina el próximo 30 de junio. Y muchas son las noticias en relación con la declaración del IRPF y sobre las desgravaciones, pero pocas sobre las novedades judiciales en relación con este impuesto que afectan de forma favorable a muchos propietarios de viviendas. En esta entrevista con el abogado fiscalista José María Salcedo aborda cuestiones novedosas sobre el plazo para vender la vivienda habitual y acceder a las exenciones fiscales, o qué tipo de reformas en una vivienda pueden ser deducibles en el IRPF.

Hay contribuyentes que reciben una carta de Hacienda y la guardan sin abrir, como si pudiera explotar. José María Salcedo lo ha visto muchas veces en sus más de dos décadas como abogado fiscalista. Y precisamente por eso dedica parte de su trabajo a algo que va más allá del despacho: explicar en medios de comunicación qué dicen los tribunales sobre los impuestos que afectan a la vivienda o al salario. Porque una cosa es lo que dice la ley y otra, a veces muy distinta, la interpretación que hacen Hacienda y los jueces. Y esa diferencia, en muchos casos, puede suponer miles de euros para el contribuyente. En esta entrevista el socio director de Salcedo Tax Litigation desgrana errores frecuentes de Hacienda con la vivienda y explica por qué los tribunales, cada vez más, dan la razón al contribuyente.

En el marco de una Inspección de Hacienda, y antes de que el contribuyente conozca su inicio formal, es habitual que la Inspección trate de entrar en el domicilio del contribuyente (persona física o empresa) para recabar la información que considere necesaria para regularizar su situación tributaria. Sin embargo, no todo vale para entrar en el domicilio del contribuyente. El problema es que la entrada supone una intromisión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Y, por tanto, la regulación de dicha intromisión debieran estar regulados por Ley Orgánica, tal y como recuerda el abogado José María Salcedo. Ahora el Supremo analiza si es necesaria una Ley Orgánica para evitar estas actuaciones ilegales por parte del fisco.

El valor de referencia de Catastro sigue siendo fuente de innumerables litigios entre contribuyentes y Administración. El fiscalista José María Salcedo recuerda que se enfrenta a cinco recursos interpuestos por la Asociación Española de Asesores Fiscales ante la Audiencia Nacional sobre la forma en que se determina este valor y se aprueba cada año. Dicho proceso requiere de la aprobación de una Orden Ministerial anual, pero en la práctica la determinación del valor se basa en informes internos de Catastro sin naturaleza reglamentaria. La estimación de los recursos planteados supondría la nulidad del valor de referencia.

Hacienda no se detiene ante nada. Ni siquiera, ante la enfermedad grave del contribuyente, ni tampoco por el hecho de que éste se encuentre en riesgo de acabar falleciendo como consecuencia de dicha enfermedad. De hecho, esta enfermedad grave del contribuyente no constituye por sí misma causa de suspensión o paralización de las actuaciones de comprobación o inspección tributaria. Así lo manifiesta José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, que añade que ahora los Tribunales obligan a Hacienda a no saltarse el plazo de duración máxima de los procedimientos.

Son muchos los contribuyentes que no están de acuerdo con el valor de referencia que Catastro ha asignado a un inmueble de su propiedad, y que no están dispuestos a “pasar por el aro”, y pagar los impuestos por la adquisición del inmueble (ITP o ISyD) partiendo de un valor que consideran inflado. En esta situación, surge la duda sobre qué prueba técnica es más eficaz frente al valor de referencia. El abogado fiscalista José María Salcedo recuerda que no todos los informes periciales que pueden aportar los contribuyentes son iguales, ni tendrán por tanto el mismo valor en Tribunales. De hecho, Hacienda rechazará todos. Sin embargo, los Tribunales exigen informes que hablen el lenguaje de Catastro y que centre en probar los errores cometidos en el proceso de determinación de dicho valor.

Salcedo Tax Litigation, boutique legal especializada en Derecho Tributario y liderada por el abogado José María Salcedo, incorpora una nueva área de práctica: ‘Tax Legal Advising’, un servicio de asesoramiento fiscal estratégico que refuerza y complementa su histórica especialización en litigación tributaria. Con este nuevo movimiento, el despacho da un paso estratégico para “responder a una demanda cada vez más habitual” entre sus clientes: anticiparse al conflicto fiscal mediante una planificación rigurosa y con plena seguridad jurídica.

El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa decidir si las familias numerosas con el tercer hijo en gestación al comprar vivienda pueden aplicar el tipo reducido de ITP. Se trata de un asunto que ha recurrido la Comunidad de Madrid ya que se niega a aplicar el tipo reducido del 4% de ITP en aquellas familias con el tercer hijo en gestación y aún no nacido. Sin embargo, el Código Civil considera que el hijo concebido debe ser considerado como nacido para los efectos que le sean favorables, lo que permitiría la aplicación del tipo reducido. Si el alto tribunal resuelve a favor de los contribuyentes, se abre la puerta a devoluciones de ingresos indebidos y a aplicar tipos reducidos similares de otros impuestos y en otras CCAA.

No es raro que una persona o empresa sea titular de varias cuentas bancarias, y tenga alguna de ellas abandonada por falta de uso, sin haber procedido a su cancelación. Aparentemente, esto no debería suponer problema alguno. Salvo que en esa cuenta figure alguien como “autorizado” o “apoderado”, que sí que esté haciendo uso de esta cuenta… para evitar pagar a Hacienda. El abogado fiscalista José María Salcedo explica las claves de esta artimaña del contribuyente y de la persecución por parte del fisco.

El Impuesto sobre el Patrimonio podría ser inconstitucional. En concreto, se plantea si la modificación operada por el artículo 66 de la Ley 11/2020 en la normativa de dicho impuesto, supone la vulneración de los principios de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad. Se trata de una cuestión que ya está sobre la mesa del Tribunal Constitucional, pero que a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha sido resuelta. Y la decisión podría demorarse todavía muchos meses.

Hacer un bizum a un familiar es una operación ya cotidiana y rápida, pero a partir del 1 de enero de 2026 los bancos y entidades de pago dejarán de tener un umbral mínimo (hasta ahora de 3.000 euros) para que los ingresos con tarjeta bancaria tengan que comunicarse de forma obligatoria. Es decir, La Agencia Tributaria dejará de poner el acento en las grandes cantidades y pasará a vigilar la repetición de movimientos, un giro que afectará a miles de operaciones pequeñas tanto de autónomos, como particulares. El abogado José María Salcedo explica cómo actuar a partir de ahora en caso de bizum para ayudar a un hijo a pagar el alquiler o la hipoteca.

Muchos son los problemas que ha venido planteando la reducción del IRPF por arrendamiento de vivienda prevista en el artículo 23.2 de la ley de este impuesto. Y especialmente en supuestos que se salían un poco de la norma por la duración de los contratos (alquiler a estudiantes). O por ser el inquilino una entidad (por ejemplo, una ONG), habitando la vivienda un tercero que no firmó el contrato y al que a veces ni se identifica en el mismo. Ahora el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid permite aplicar al propietario la reducción del IRPF por el alquiler de vivienda a ONG.

Hasta ahora, los contribuyentes que recibían una nómina o prestación inferior al salario mínimo, o que ya había sido previamente embargada por el pagador, no podían tenerlas todas consigo ni asegurar que no iban a recibir un embargo de Hacienda. Y es que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), máximo intérprete de Hacienda, venía considerando que es posible embargar dichos ingresos, una vez se hubieran convertido en “ahorro” del contribuyente. Sin embargo, este mismo organismo reconoce su error y considera que la parte inembargable del sueldo es necesaria para atender necesidades básicas personas y familiares del deudor.

El Tribunal Económico-Administrativo (TEAR) de Madrid ha dado un giro de 180º sobre la posibilidad de aplicarse beneficios fiscales al alquilar una vivienda a estudiantes. En una reciente resolución permite aplicar la reducción del IRPF por el arrendamiento de vivienda a estudiantes durante el curso académico. Se trata de una resolución contraria a la línea que mantenía la Agencia Tributaria que siempre ha negado la aplicación de esta reducción por considerar que en este caso tal alquiler no cumple con el objetivo de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del inquilino.

El Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) es un tributo local que grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. Se trata de un impuesto que en los últimos años está generando mucha litigiosidad, fundamentada muchas veces en las irregularidades formales que los Ayuntamientos cometen al exigirlo a los contribuyentes. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala las vías que tienen las empresas para recuperar este impuesto.

A la hora de comprar una vivienda o de heredarla puede llegar al propietario una comprobación de valores por parte de Hacienda, con el objetivo de pagar más impuestos por un inmueble que el fisco desconoce cómo es por dentro. Por eso, el Tribunal Supremo vuelve a recalcar que la visita del perito es obligatoria e inexcusable para la Administración. Considera que es la única manera de conocer el estado del inmueble, sus calidades, orientación o conservación. Además, con un informe pericial se precisa de forma técnica el valor del inmueble.

Las complejas relaciones entre una sociedad y sus socios están bajo constante escrutinio de la Agencia Tributaria. Esto es particularmente crítico al considerar la interposición de sociedades como estrategia para obtener beneficios fiscales. Ya sea para realizar actividades profesionales a través de una sociedad o para acumular inmuebles en su patrimonio en lugar del del socio, interesa conocer los riesgos de este tipo de operaciones y cómo pueden ser regularizadas por la Administración Tributaria. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation nos da las claves.