Alquiler social

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) le ha puesto deberes al próximo Gobierno en materia de vivienda en su último ‘Estudio Económico de España’ para mejorar el acceso a un hogar a las familias, especialmente a los jóvenes.

Para intentar aclarar el volumen de viviendas anunciadas recientemente por el presidente, Pedro Sánchez, y el grado de realidad en el que se encuentran, el Mitma ha publicado un mapa con los programas que tiene en marcha en materia de alquiler social o a precios asequibles, que suman en torno a 123.000 unidades. A ellas hay que añadir las 50.000 viviendas a movilizar por Sareb o las 11.000 del Fondo Social, que aportan bancos y otras entidades. De las 184.000 viviendas prometidas, menos de cuatro de cada 10 ofrecen están ya un alquiler social o se encuentran en distintas fases de desarrollo. Por lo tanto, más de 115.000 unidades aún tienen que levantarse o rehabilitarse en los próximos años.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha señalado que de las 2.040 viviendas que le corresponderían a Andalucía de la Sareb para mitigar el problema de la vivienda, "solo 594 se encuentran en condiciones de uso". Tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas un 29% de las viviendas asignadas estarían disponibles ahora mismo para ofrecer en arrendamiento.

La empresa inmobiliaria sueca SBB, que empezó a operar en 2016 con el objetivo de convertirse en la referencia de la vivienda de alquiler regulado y de carácter social en los países nórdicos, ha anunciado que aplaza el pago de dividendos y suspende una emisión de obligaciones con la que quería captar cerca de 235 millones de euros para reforzar su liquidez. Recientemente, la agencia de calificación S&P ha bajado su rating a nivel de bono basura.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha comparecido en rueda de prensa en La Moncloa tras el encuentro mantenido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con representantes del sector de la vivienda en España. Ha adelantado que llevará al Consejo de Ministros del 9 de mayo la línea de avales ICO para promover 43.000 viviendas, la cesión de suelos de Defensa para 20.000 unidades y el último anuncio del presidente del aval del 20% para compra de viviendas familias con hijos menores a cargo y jóvenes hasta 35 años.

Sareb ha publicado el listado por provincias de las casi 21.000 viviendas que pondrá a la venta a las Administraciones Públicas. Como adelantó la vicepresidenta Calviño, 9.000 unidades se encuentra en condiciones de entrar a vivir, mientras que otras 12.000 necesitan entre seis meses y un año para adecuarlas. Valencia (2.266) y Murcia (2.093) son las provincias que cuentan con más viviendas, y junto a Castellón, Tarragona, Toledo, Alicante y A Coruña acaparan el 50% del total. En grandes mercados, la situación es dispar en Barcelona (858), Madrid (455), Málaga (167) o Baleares (120).

La ministra Raquel Sánchez ha adelantado que el Consejo de Ministros del 9 de mayo llevará el acuerdo entre el Mitma y el Ministerio de Defensa para la compra de suelo de las Fuerzas Armadas y construir las 20.000 viviendas públicas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez. Un proceso que se prevé largo, pese a que la ministra insiste en que ya se cuentan con suelos finalistas y que se pueden poner a disposición de manera más inmediata. Explicamos con ayuda de expertos los procesos que se vienen por delante y que llevarían a contar con estos pisos de alquiler social y asequible, en el mejor de los casos, entre 2027 y 2028.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa, a través de la Sociedad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Sánchez ha asegurado que, junto con las ya anunciadas de Sareb, las financiadas con créditos ICO y las proyectadas por el Ministerio de Transportes, en los próximos años el Gobierno movilizará unas 183.000 unidades.

SEPES, dependiente del Ministerio de Transportes (Mitma), ha formalizado la compra ante notario de los terrenos del cuartel de Son Busquets por 52,3 millones de euros. En este antiguo cuartel se levantarán 830 viviendas asequibles en Palma de Mallorca. 700 de las 830 casas estarán destinadas al alquiler social o asequible. La parcela cuenta con una superficie de 110.858 m2 y se encuentra dentro del núcleo urbano de una de las ciudades de España con más problemas para acceder a una vivienda asequible. El precio medio una vivienda de alquiler se situó en marzo en 13,7 euros/m2, tras dispararse un 20% en el último año.

Tras el anuncio del Gobierno de que pondrá a disposición de las CCAA y Ayuntamientos casi 21.000 viviendas para alquiler social y asequible, idealista analiza la demanda de alquiler en los municipios donde Sareb tiene viviendas, según su web oficial. Dos tercios de las viviendas propiedad de Sareb se encuentran en municipios de baja o muy baja demanda de alquiler, según el estudio. El Gobierno no ha aclarado por el momento dónde están estas casas, de la que solo 9.000 están para entrar a vivir, ni cuáles son las viviendas de Sareb que movilizará para el alquiler social.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la financiación con fondos europeos de 43.000 viviendas destinadas al alquiler social y asequible. Sánchez ha señalado que serán tanto de nueva construcción como rehabilitadas y estarán financiadas con una nueva línea del ICO de 4.000 millones de euros, y que deberán cumplir en materia de eficiencia energética y cumplir con esta función social al menos 50 años. Esta iniciativa se une a las 50.000 viviendas procedentes de Sareb para aumentar el parque público residencial en arrendamiento recientemente aprobado en Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado la movilización de 50.000 viviendas de Sareb para dedicarlas al alquiler asequible. De ellas, unas 21.000 unidades ya están terminadas, aunque solo 9.000 estarían disponibles para arrendar en estos momentos. El mayor número se encuentra en la Comunidad Valenciana (23,8%), Cataluña (17%) y Castilla y León (11%), aunque la propia Cataluña, junto a Baleares y Madrid son los mercados que menos casas ofrecen dentro del stock con el que cuenta Sareb en cada región, apenas una de cada cuatro. Descubre la demanda de alquiler en los municipios donde la entidad pública tiene casas.

La política de vivienda social de la capital austriaca sirve de inspiración a otras ciudades, en un momento en el que sufren un aumento de los precios de los arrendamientos ante una demanda que supera con creces a la oferta. El parque público de alquiler en Viena, el mayor de Europa, cumple 100 años registrando altos datos de asequibilidad y calidad, y con el objetivo futuro de mantener los precios y el acceso a las nuevas familias.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, presentado en el Congreso de los Diputados y detallado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, incluye una partida destinada al acceso a la vivienda y al fomento de la edificación, que ascenderá el próximo año a 3.472 millones de euros, un 5,4% más que en 2022. Esta cantidad se destinará principalmente a la construcción de viviendas de alquiler social, al incremento de la eficiencia energética de los hogares o la emancipación de los jóvenes de sus hogares.

La Generalitat, a través de la Agencia Catalana del Consum, (ACC) ha impuesto 57 sanciones a grandes propietarios por no ofrecer un alquiler social a personas vulnerables que iban a ser desahuciadas, tal y como contempla la ley de vivienda de Cataluña. El importe de las sanciones es de 30.000 euros, aunque la ley catalana prevé un máximo de 100.000 euros. En total, el conjunto de sanciones asciende a 1,7 millones de euros.

Los Ministerios de Transporte y Defensa han firmado el protocolo para impulsar un nuevo barrio en la ciudad, ubicado en los terrenos del antiguo cuartel de Son Busquets. El proyecto contempla la construcción de más de 800 viviendas de alquiler social o asequible, así como destinar parte de las parcelas a uso dotacional y espacios verdes. Es el segundo desarrollo de estas características que la Administración impulsa en Baleares con el nuevo Plan de Vivienda, tras el de Can Escandell en Ibiza.

El Pleno del Congreso debatirá el 20 de septiembre la propuesta de Unidas Podemos de sacar a alquiler social el parque de viviendas de Sareb, una de las propuestas de esta formación para la nueva Ley de Vivienda, que está atascada por falta de acuerdo en el propio Gobierno de coalición, pero también

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado que los planes para Sareb, después de que el Estado haya tomado su control, tienen el objetivo de maximizar la recuperación de ayudas públicas y su contribución social, tras aumentar el parque público residencial en 15.000 viviendas e impulsar la colaboración con otras administraciones. Calviño ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de que el Ejecutivo extienda la vida de la sociedad más allá de 2027.

Ante la escasez de vivienda social en España, los fondos europeos aportarán una importante ayuda con los 1.000 millones de euros del Plan para la construcción de vivienda social en edificios energéticamente eficientes. Este año ya se repartirán los primeros 500 millones para que, en colaboración público-privada, comience a crecer el actual parque de vivienda social y asequible, que representa un 1,5% del total, con apenas 290.000 unidades.

idealista/news entrevista a María Andreu, nueva directora general de Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler) para conocer su postura sobre el mercado del alquiler y sobre las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de España de limitar la actualización de las rentas al 2%. Según el propio Ejecutivo, es para frenar la subida a los inquilinos, pero Andreu asegura que habría que apostar por medidas más efectivas, como aplicar ventajas fiscales.

El nuevo Plan estatal de Vivienda 2022-2025 cuenta con objetivos a medio y largo plazo para aumentar el parque público residencial, sobre todo para alquiler social y asequible.

La sociedad público-privada se presentó oficialmente la pasada semana con la presencia de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) nace con la intención de construir 4.500 viviendas de alquiler social y para ello contará con una inversión de 600 millones de euros. Cevasa y la promotora Neinor serán los dos socios privados que ayuden a la administración a conseguir este objetivo.

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) firmará este jueves el primer contrato de alquiler enmarcado dentro de su Plan Reviva. Se trata de un arrendamiento de un piso de segunda mano, totalmente reformado, y un 10% por debajo del precio del mercado, según ha podido saber idealista/news. Además, la EMVS ya ha creado una aplicación a la que ha subido otras 12 casas más, aunque en las próximas semanas espera sumar otros 50 inmuebles que en estos momentos se encuentran vacíos.

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno a impulsar medidas para favorecer la disponibilidad de suelo para ejecutar 20.000 viviendas sostenibles destinadas a alquiler social. Entre las medidas que solicitan est

La negociación de la primera Ley estatal por el Derecho a la Vivienda entre PSOE y Podemos sigue enquistada en si aplicar una regulación al mercado del alquiler o en ofrecer beneficios fiscales. Parece que hay consenso en medidas como un recargo a las viviendas vacías o la de incrementar el parque público en alquiler. Para evitar que en un futuro pueda privatizarse, se está concretando la fórmula legal para prohibir su venta a inversores privados.