Control de alquileres

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha pedido al Congreso que apruebe un control nacional de alquileres para unos 20 millones de apartamentos en todo el país. La propuesta supone que los grandes propietarios acepten un tope a la subida de precios de hasta un 5%, o si no perderán las exenciones fiscales federales. Sin embargo, la medida parece tener poco recorrido, ya que necesita la aprobación de la Cámara controlada por los republicanos, y una amplía mayoría en el Senado, actualmente muy dividido, y con las elecciones de noviembre en el horizonte.

Los alquileres que renuevan su contrato este mes de julio seguirán anotándose una subida limitada al 3%, desde que el Gobierno estableciera el tope a la subida de rentas en abril de 2022. Como resultado, el arrendamiento de un piso tipo de dos habitaciones pasará a pagar de media 824 euros al mes a nivel nacional, lo que supone cerca de 290 euros más al año, según idealista/data. Barcelona, Palma, San Sebastián y Madrid, con rentas medias por encima de los 1.000 euros/mes, registrarán incrementos que van de los 380 a los 430 euros más al año. Descubre las 10 capitales donde más subirán los precios del alquiler en julio.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de Galicia, María Martínez Allegue (PP), ha manifestado que la Xunta declarará zona de mercado residencial tensionado "si algún ayuntamiento lo solicita y se cumplen los parámetros". La consejera de Vivienda ha destacado que "no estamos de acuerdo con la Ley de Vivienda estatal porque más que beneficiar, perjudica y genera inseguridad jurídica en el propietario, pero la normativa está para cumplirla y si algún Ayuntamiento lo solicita y se cumplen los parámetros tendremos que declararla zona tensionada".

La vivienda ha sido uno de los puntos más destacados de la política nacional desde que Pedro Sánchez empezara a gobernar en 2018. En estos seis años se han aplicado cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha llegado la primera Ley de Vivienda estatal o el bono de alquiler joven. Además, con la llegada de la pandemia y la guerra en Ucrania se suspendieron los desahucios o se topó la subida de las rentas, mientras ahora se pretende eliminar la ‘golden visa’ y avalar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias. Todo este intervencionismo ha disparado la inseguridad en el mercado residencial, con una ‘espantada’ de la oferta y precios cada vez más altos ante una demanda que sigue buscando casa.

El PSOE ha rechazado en el Congreso una iniciativa de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, aunque la comunidad autónoma no actúe. Lo que sí se ha aprobado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja son varias iniciativas del PP relativas a la lucha contra la okupación y para derogar la suspensión de desahucios, con el único apoyo de Vox, y ante la ausencia de Junts, Bildu y PNV, para superar a PSOE, Sumar, ERC y Podemos, lo que sigue demostrando la fragilidad de los pactos que necesita el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Los alquileres a los que les toque renovar en junio con el tope del 3% tendrán unas rentas entre 60 y 90 euros anuales más bajas que si siguieran actualizando el contrato anual con el IPC (3,6%). Con este incremento de tres puntos, el alquiler medio de un piso tipo de dos habitaciones pasará a pagar 824 euros al mes a nivel nacional, lo que supone una subida cercana a los 290 euros anuales. Las ciudades de Barcelona, Palma y San Sebastián registrarán incrementos que rondan los 400-430 euros al año, por delante de Madrid o Valencia (de 350 a 360 euros de subida anual).

“Para cada problema complejo hay una respuesta clara, plausible e incorrecta”, bromeó el escritor y crítico estadounidense H.L. Mencken.

La Diputación Permanente del Parlament derogó el pasado jueves el decreto del Govern que pretendía ampliar la contención de los precios de los alquileres a todos los arrendamientos temporales, salvo los que tengan finalidades de ocio, vacaciones o recreativas, con los votos en contra de Junts, Vox, Cs y PP, la abstención de PSC-Units, y solo los votos a favor de ERC, CUP y Comuns. Este Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (Decreto Ley 6/2024) queda, por lo tanto, suspendido, mientras los partidos negocian la formación del nuevo gobierno catalán.

Hoy hace un año que se aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que debía producir importantes cambios en el mercado residencial, sobre todo para los arrendamientos, pero que finalmente lo que ha provocado es la práctica desaparición de la oferta por una enorme desconfianza de miles de propietarios con esta regulación, según los expertos consultados. Por otra parte, la tan cacareada normalización de los precios -que es uno de los principales argumentos de la ley- ha traído una desesperada realidad para miles de personas que buscan piso: las rentas están en muchas de las áreas analizadas por idealista [empresa editora de este boletín] en niveles máximos, y todo apunta a que seguirán subiendo.

Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que la duración mínima de los contratos de alquiler sea de 10 años (12 años si el propietario es una persona jurídica) con el objetivo de garantizar el derecho a a vivienda. El portavoz de la formación morada en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha explicado que la propuesta tiene como principal objetivo la prevención de la especulación y garantías de la vivienda como un bien social. Otras medidas que figuran en el texto piden la congelación de alquileres durante toda la legislatura y prohibir la compra de vivienda si no es para residir en ella.

Los propietarios e inquilinos que no hayan llegado a un acuerdo entre partes para la subida anual prevista en todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual durante este mes de mayo tendrán un incremento del 3% anual, tal y como contempla la Ley de Vivienda, que supondrá unos 288 euros más al año, según los cálculos de idealista. Apenas se notará una diferencia de 24 euros frente a la actual inflación, que en abril cerró en el 3,3%, según el INE. Los alquileres en ciudades como Palma, Barcelona, San Sebastián o Madrid registrarán los mayores aumentos, por encima de los 360 euros al año. 

La Generalitat de Cataluña ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) que establece el Índice estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda y que sirve para regular el tope máximo que deben pagar los inquilinos en los nuevos contratos de arrendamiento en las zonas que se declaren como mercado residencial tensionado, tal y como establece la Ley de Vivienda. El Departamento de Territorio reclama la combinación del sistema estatal y el índice catalán en las 140 municipios de la región donde ya hay control de precios desde el pasado marzo.

El gobernador del Banco de España ha advertido que la regulación del precio del alquiler puede tener efectos negativos en el mercado de la vivienda durante su última comparecencia en el Congreso de los Diputados. Para Pablo Hernández de Cos, el desajuste entre oferta y demanda es especialmente acusado en el segmento del alquiler residencial en los centros de grandes áreas urbanas, que afecta sobre todo a jóvenes y la población inmigrante, los colectivos con menores rentas. El regulador aboga por medidas de consenso que estimulen la oferta de vivienda y promover la profesionalización del mercado de alquiler.

El pasado 26 de abril entró en vigor el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (Decreto Ley 6/2024) que amplía la regulación de los precios de los alquileres a todos los arrendamientos temporales (de 11 meses o menos), salvo los que tengan finalidades de ocio, vacaciones o recreativas, y los alquileres de habitaciones. Con esta nueva normativa es obligatorio especificar la finalidad en el contrato de alquiler de temporada, se limita el precio y también se regula el arrendamiento de habitaciones, entre otras cuestiones.

En 2018, idealista/news tuvo la oportunidad de entrevistar a Jesús Leal Maldonado, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid especializado en Sociología Urbana, Urbanismo y Población. Cinco años más tarde, hemos vuelto a contar con su presencia para lanzar una mirada a los cambios que han tenido lugar en este periodo y conocer los retos o problemas que enfrenta el mercado de vivienda español en el presente y en el futuro. En su opinión, se ha agravado el hacinamiento en las viviendas y retrasado la emancipación de los jóvenes.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el PSOE, en coalición con Nueva Canarias y Podemos, ha solicitado al Gobierno Autonómico de Canarias que inicie los trámites para declarar a la capital como zona de mercado residencial tensionado para regular los precios de los alquileres, tal y como recoge la Ley de Vivienda. La capital grancanaria se une a otros ayuntamientos del País Vasco y Madrid que han solicitado esta declaración. El Gobierno autonómico les pide una memoria justificativa.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha respondido que el Gobierno autonómico no declarará zonas tensionadas en los municipios de la región tras la propuesta lanzada por el PSOE de Madrid para pedir en todos los ayuntamientos de la CCAA que se permita a los municipios declararse zona tensionada aplicando la Ley de Vivienda para poder topar los precios del alquiler, y seguir adelante con la iniciativa legislativa municipal. García ha defendido que la Ley no arregla el problema del acceso a la vivienda, es una normativa errónea y que invade competencias autonómicas

La Generalitat de Cataluña ha comenzado los trámites para ampliar de 140 a 271 el número de municipios catalanes donde se limitará el precio de los alquileres, según ha anunciado la consellera de Territorio, Ester Capella. De esta forma, otras 131 poblaciones se sumarían a las zonas de mercado residencial tensionado en la comunidad autonómica catalana, la única hasta el momento que ha activado este medida incluida en la Ley de Vivienda. Se cumple un mes desde su puesta en marcha, y en este tiempo la oferta de pisos de alquiler habitual en la región ha descendido un 13%.

Los contratos de arrendamiento a los que les corresponda su renovación anual durante este mes de abril volverán a estar limitados a una subida del 3%, según el tope impuesto por el Gobierno desde finales de marzo de 2022, y que lleva en vigor dos años. Propietarios e inquilinos apenan notarán la diferencia con el actual IPC, que en marzo cerró en el 3,2%, lo que supone una diferencia de 24 euros al año entre un índice y otro. En este tiempo, el tope llegó a ser del 2% en momentos de inflación superiores al 10%, y a partir de 2025 habrá un nuevo Índice de precios del alquiler.

La reducción de oferta de vivienda en alquiler permanente en Cataluña ha tomado un nuevo impulso con la entrada en vigor del control de precios previsto en la Ley de Vivienda el pasado 16 de marzo: el stock cae un 13%, según un estudio realizado por idealista. La caída ha sido generalizada también entre las capitales catalanas, con ajustes de doble dígito en un solo mes en la mayoría de ellas: en Girona el número de alquileres disponibles se ha reducido un 21%, mientras que en Tarragona la reducción de oferta ha sido del 16%, quedándose en el 14% en la ciudad de Barcelona. En Lleida, en cambio, la caída de stock se ha quedado en el 9%.

Jorge Rodrigo Domínguez, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, visita la redacción de idealista/news para repasar el estado del sector residencial de la región. Domínguez critica el Índice de Precios del Alquiler y afirma que sólo traerá menos oferta, más demanda y un aumento de los precios. Además, el político del Partido Popular explica en qué punto están las distintas fases del Plan Vive y anuncia un nuevo lote para finales de 2024 o comienzos de 2025. 

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que insta a las comunidades autónomas a declarar zonas de mercado residencial tensionado, según lo establece la Ley de Vivienda, para así poder aplicar el índice de precios de referencia en el alquiler. Mientras tanto, el otro socio del Gobierno de coalición, Sumar, registró otra PNL para que el Estado o los ayuntamientos puedan declarar estas zonas tensionadas incluso si la CCAA donde se encuentre no actúa. Sin embargo, la Comisión de Vivienda del Parlamento instó al Ejecutivo, a propuesta del PP, a derogar aquellos artículos de la Ley de Vivienda que vulneren las competencias autonómicas.

En los últimos quince años, la población española se ha incrementado en 2,92 millones (+6,4%), hasta llegar a los 48,59 millones, pero el crecimiento ha sido desigual, ya que CCAA como Asturias, Castilla León y Extremadura han perdido población, mientras que Baleares, Madrid o Canarias han tenido fuertes incrementos. El economista Miguel Córdoba señala que lo fácil es decir que la gente emigra porque no le gusta dónde y cómo vive, pero, en su opinión, eso no es verdad, ya que las causas de la tensión no son el desarraigo, sino las políticas territoriales y la situación laboral y de servicios que se producen en determinadas zonas geográficas.

La consellera de Territori de la Generalitat catalana, Ester Capella, ha anunciado que van a presentar un requerimiento previo contra el Ministerio de Vivienda por considerar que el nuevo índice estatal de referencia de precios del alquiler incumple las normativas en materia de vivienda y alquiler. El requerimiento es el paso previo a un recurso contencioso-administrativo. Cataluña lleva negociando con el Gobierno central desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda que se aplique la metodología de su índice de precios y no solo el creado por el MIVAU para las 140 zonas tensionadas de la autonomía.

La entrada en vigor del índice de precios de vivienda supone un cambio en la composición de los arrendamientos en España, que nos retrotrae a medidas como la conocida “renta antigua” y que destruyó el mercado de alquiler en los siguientes 50 años. Este índice medirá cuánto se podría pedir de renta en las zonas donde se aplique. Es, por ello, imprescindible que su metodología sea transparente y que aporte seguridad y confianza a la ciudadanía. Tras un análisis pormenorizado de las reglas en que se basa el nuevo índice y del sistema elegido para su cálculo, la metodología genera algunas dudas, según Daniel del Pozo, 'managing director' de idealista/data.