Ley de Vivienda

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica este 23 de abril la orden del Consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, por la que se declara al municipio guipuzcoano de Irún y al vizcaíno de Baracaldo como zonas de mercado residencial tensionado. Estas declaraciones serán definitivas después de que sea publicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las dos localidades se sumarán a San Sebastián, cuyo proceso se encuentra en marcha, así como a Rentería y a los 270 municipios de Cataluña donde los topes del alquiler ya están vigentes.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) avanza en su cruzada para defender el éxito cosechado por la Ley de Vivienda para dar estabilidad al mercado del alquiler. El último argumento es que en 2023, coincidiendo que la normativa llegó al mercado, se produjo un aumento de la oferta de viviendas alquiladas del 4,9%, basándose en los rendimientos que declaran los arrendadores particulares en su renta. Pero lo que no menciona es que el número de alquileres declarados lleva creciendo de forma ininterrumpida desde hace años, coincidiendo con las campañas de la Agencia Tributaria para aflorar alquileres sumergidos Desde 2015, el volumen de declaraciones se ha incrementado en un millón en el conjunto de España.

El rápido incremento de los precios de las casas en España no representa riesgos para la estabilidad financiera, aunque en combinación con el encarecimiento de los alquileres y unos costes de endeudamiento aún elevados erosiona la asequibilidad, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo recomienda impulsar la oferta, así como abandonar los controles de alquileres si se detecta que reducen el stock de vivienda en alquiler.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su formación presentará una proposición de ley para reformar la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o "fondos buitre" puedan comprar casas en España. Según el diputado de Compromís, desde 2008 hasta la actualidad las empresas han comprado la mitad de las viviendas del país por lo que exige desmercantilizar el mercado. Además, afirma que ve una mayoría "desde la extrema derecha a la izquierda parlamentaria" defendiendo poner freno a la especulación que hacen las empresas y los fondos de inversión con la vivienda.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro, que opera en todo el territorio nacional, por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, y sigue investigando a otras compañías del sector por cobrar comisiones ilegales y obligar a contratar servicios no solicitados. De ser consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de hasta 100.000 euros, y de hasta un millón de euros si son muy graves, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El que fuera alcalde de Barcelona entre 1997 y 2006 y ministro durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Joan Clos, ha destacado durante una entrevista en el diario El Correo, que la crisis habitacional en la que nos encontramos “sí tiene solución”, pero es necesario un “acuerdo político” y establecer un “marco financiero que garantice el acceso a la vivienda”. También aboga por una mayor coordinación entre las tres instituciones (Gobierno central, comunidades y ayuntamientos) y por un incremento en la densidad de los suelos ya urbanizados, y pone de manifiesto la escasa oferta en Cataluña desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.

El pasado viernes, el Ministerio de Vivienda, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona hicieron el primer balance oficial del impacto que ha tenido en el mercado catalán la aplicación de los topes a los alquileres y se congratularon de los buenos resultados que ha cosechado la Ley de Vivienda, con bajadas de precios y aumento de los contratos firmados. Sin embargo, los datos del Incasòl no reflejan esa misma lectura en los 15 municipios más poblados de la región. En apenas nueve meses, las firmas se han desplomado un 21%, mientras que las rentas muestran una tendencia dispar. Si comparamos 2024 con años anteriores, descubrimos que los contratos están en mínimos de 2009 y los precios de los alquileres, en niveles récord.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado a todas las Administraciones Públicas, como las comunidades autónomas, que apliquen la Ley de Vivienda, "porque está funcionando, y lo que no funciona es cruzarse de brazos a la hora de afrontar el problema del acceso a la vivienda que tienen muchos ciudadanos en el país". Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención en la entrega de llaves de una promoción de 218 viviendas públicas de alquiler asequible en la Hacienda El Rosario (Sevilla), en un acto donde también han intervenido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP).

El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha publicado la orden del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, por la que se inicia el procedimiento de declaración de San Sebastián como zona de mercado residencial tensionado, como ya se hizo previamente con Rentería. Para su confirmación oficial, debe remitirse la información al Ministerio de Vivienda (MIVAU) para que dé el visto bueno y se publique en el BOE. Entre otras medidas, se podrán aplicar límites a las subidas de los precios de los nuevos contratos de arrendamiento en la ciudad, tanto para grandes tenedores como para pequeños propietarios, aunque se podrán beneficiar de exenciones en el IRPF entre el 50% y el 90%.

Las Cortes de Aragón han admitido a trámite el proyecto de Ley de Vivienda de la región presentado por el Gobierno aragonés (PP), que actualmente gobierna en minoría, por lo que ha tenido que contar con el apoyo del Partido Aragonés (PAR) y de Vox para seguir adelante, con el rechazo de toda la oposición. El objetivo principal de la normativa es construir entre 12.000 y 14.000 viviendas en la próxima década, además de favorecer eso uso de suelos públicos para la edificación de viviendas.

El Parlament ha aprobado el decreto ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de contención de rentas, que establece un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de la contención de las rentas de alquiler, con el apoyo de PSC, ERC, Comuns y CUP y los votos en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC), y no se tramitará como proyecto de ley. La normativa contempla multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves por incumplir el tope de rentas en zonas tensionadas o fraude en alquiler de temporada.

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha exigido este miércoles al Gobierno medidas "más efectivas y más tangibles" en la crisis de vivienda, y el presidente Pedro Sánchez, ha replicado recordando que las comunidades autónomas gobernadas por el PP están en un "boicot" a la

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite un recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid contra la Comunidad de Madrid por su negativa a aplicar la Ley por el Derecho a la Vivienda. La localidad remitió el 11 de diciembre un requerimiento formal al Ejecutivo autonómico para que pusiera en marcha el procedimiento para declararlo como zona tensionada, aunque no recibió respuesta. Ahora, los magistrados conceden al equipo de Isabel Díaz Ayuso un plazo de 20 días para remitir el expediente que resuelve la solicitud de Rivas de ser declarada como mercado residencial tensionado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la Ley de Vivienda funciona y ha rechazado el boicot que hacen algunas administraciones tras una visita a una promoción de 40 viviendas sociales en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa. "Hago un nuevo llamamiento a todos los gobiernos regionales para que apliquen la Ley de Vivienda de una vez por todas", ha enfatizado. Asimismo, ha dicho que Cataluña es el mejor ejemplo de que la Ley de Vivienda funciona, ya que según afirma se están conteniendo los precios de los alquileres en las poblaciones que se han declarado como zona tensionada.

La semana pasada, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, presentó en Madrid las leyes impulsadas por el actual Ejecutivo de las islas y las próximas medidas que aprobarán para favorecer la inversión en vivienda en el archipiélago, apostando por la construcción de VPO de régimen privado. idealista/news entrevistó al consejero para hablar sobre estas políticas, la Ley de Vivienda, la Ley del Suelo, las zonas tensionadas y la regulación de los alquileres de temporada y turísticos.

El municipio guipuzcoano de Rentería ha entrado oficialmente en el listado de municipios declarados como zona de mercado residencial tensionado, tal y como recoge la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023. La localidad vasca, con una oferta realmente escasa de viviendas de alquiler en la actualidad, se une a los 271 municipios catalanes en los que ya se limitan las subidas de los precios de la vivienda desde mediados de 2024. Otras localidades, como Zumaia, Galdakao y Lasarte-Oria podrían sumarse en breve, mientras pasan los trámites oportunos, al igual que las tres capitales vascas.

El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad promovido por el PP contra determinados preceptos de la Ley de Vivienda por razones competenciales. En la sentencia se han anulado dos preceptos en los que se fijan requisitos de admisión a trámite de las demandas para recuperar la vivienda o para el inicio de la vía de apremio para la subasta. Sin embargo, el alto tribunal respalda el límite a los alquileres en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado, ya que "aprecia una relación razonable o equilibrio justo entre los medios empleados y la finalidad pretendida".

El Govern del PSC de Salvador Illa y los Comuns han cerrado un acuerdo sobre el régimen sancionador de la Ley de Vivienda catalana de 2007, que contemplará multas de hasta 900.000 euros para infracciones muy graves. El texto se aprobará en el Consell Executiu y entrará en vigor el miércoles pero tendrá que refrendarlo el Parlament en 30 días, donde necesitan a ERC. Se considerarán infracciones muy graves poner un precio de alquiler superior al 30% de lo que marca el Índice de Precios de Referencia, no hacer constar la finalidad del contrato en los alquileres de temporada, por lo que sería fraudulento, así como cargar los gastos de gestión al inquilino.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmado que el Govern ha aceptado la propuesta de los Comuns de aplicar multas de hasta 90.000 euros en el régimen sancionador sobre vivienda. Un reglamento que pretende incidir sobre aquellos propietarios de viviendas de alquiler permanente que no apliquen las medidas de control de precios en las zonas declaradas tensionadas en Cataluña o por el uso fraudulento de los arrendamientos de temporada.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en que España necesita un nuevo modelo de política de vivienda, para lo que el Gobierno está trabajando en la nueva empresa pública de vivienda, que servirá para blindar la oferta pública de manera permanente para asegurar precios asequibles, sobre todo en alquiler. Rodríguez ha recordado que esta empresa será el resultado de fortificar y dar más funciones a Sepes, y que sus primeras viviendas serán las más de 430 unidades que se proyectan en el antiguo cuartel de ingenieros en Valencia. La ministra ha insistido en recuperar el proyecto de la reforma de la Ley del Suelo para crear seguridad jurídica en el sector.

Este 2024 que cierra en el mercado del alquiler ha estado marcado por una intensificación de las medidas para controlar los arrendamientos. Se cumple más de año y medio de la Ley de Vivienda, con la ampliación de las zonas tensionadas que limitan las subidas de rentas en Cataluña, mientras Navarra y País Vasco han anunciado que aplicarán medidas de control. El Gobierno pondrá en marcha la Ventanilla Única Digital, que supondrá el registro de alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones, mientras el Congreso ha puesto en marcha cambios en la LAU para limitar los alquileres de temporada y compartidos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este 20 de diciembre trae el nuevo índice de actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda que ha definido el INE y que sustituirá al actual tope del 3%. Según detalla el organismo de estadísticas, el índice de referencia que se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de alquiler será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y la tasa de variación anual media ajustada, y se publicará mensualmente. El primer dato oficial de 2025 se conocerá el 2 de enero y estará basado en los datos oficiales de inflación de noviembre, por lo que el alza será del 2,2%, siguiendo la metodología publicada.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado durante la sesión de control en el pleno del Parlament que Cataluña será la primera comunidad autónoma que dispondrá en 2025 de un régimen sancionador para quien incumpla la regulación del precio del alquiler, al ser actualmente la única región en limitar las rentas en España que permite la Ley de Vivienda. Illa ha afirmado que este mensaje "va para los que quieren especular", mientras que los Comunes han pedido trabajar conjuntamente con el Gevern en el decreto antes de su aprobación. También han exigido un equipo de inspectores para garantizar la aplicación.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado en el Senado que la nueva empresa pública de vivienda va a garantizar que se construyan más casas con fondos públicos a precios asequibles y que siempre serán protegidas. El PP en la Cámara Alta ha criticado al Gobierno por haber agravado la crisis de la vivienda en España y de haber enfrentado a propietarios con inquilinos con la aprobación de la Ley de Vivienda. Mientras Rodríguez achaca a los populares su escasa lucha contra el fraude de los pisos turísticos ilegales y el escaso interés por llevar adelante la reforma de la Ley del Suelo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará a lo largo de este mes de diciembre el nuevo índice que regirá la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual a partir de 2025, dando cumplimiento a la orden de la Ley por el Derecho a la Vivienda. De esta manera, se creará un nuevo mecanismo, diferente al Índice de Precios al Consumo (IPC), que servirá de referencia en la renovación de los contratos regido por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Desde 2022, esta actualización lleva limitada de manera extraordinaria, al 2% entre 2022 y 2023, y del 3% durante este 2024.