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El IEE insiste en el peligro de que el Gobierno suba los impuestos y pide seguir el ejemplo de Madrid

La subida de impuestos tendría efecto a largo plazo en el empleo y la actividad económica

Pixabay
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"El punto de partida del Gobierno para subir los impuestos es equivocado. Se basa en decir que España está seis puntos por debajo de la media de la UE en presión fiscal, pero esta variable, que mide el peso de los ingresos tributarios sobre el PIB, es muy simplista. La peor receta en una situación tan delicada como la actual es subir impuestos. Es necesaria justo la política contraria".

Así de contunente se ha mostrado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y ex secretario general del Tesoro Público, durante la presentación de un informe sobre la competitividad fiscal de las comunidades autónomas en España, en el que también han participado el Consejo General de Economistas de España y la consultora PwC.

Como viene alertando el IEE en los útimos tiempos, una subida de impuestos en un momento con tanta incertidumbre económica es un error, ya que supondría un riesgo para el crecimiento económico y el empleo muy superior a la potencial mejora recaudatoria. Según el IEE, "si se produce una subida fiscal para que España esté en línea en presión fiscal con la UE, a largo plazo se pueden perder dos millones de empleos y un 10% del PIB".

En su opinión, la clave está en basar la reforma fiscal en diferentes indicadores, como por ejemplo la presión fiscal normativa, que mide la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, al margen de la recaudación que obtenga.

"Por desgracia, las propuestas que se vislumbran por parte de quienes tienen el ejercicio de la política económica parecen ir en la dirección equivocada, promoviendo, en general, un incremento de los impuestos y una armonización fiscal al alza entre los distintos territorios. Por todo ello es fundamental complementar los indicadores de presión fiscal, con otros como el Esfuerzo Fiscal, la Presión Fiscal Efectiva y la Presión Fiscal Normativa. Ya que, de lo contrario, nos encontramos con la paradoja de querer armonizar la presión fiscal normativa a base de impuestos sin homogeneizar previamente indicadores como nivel de renta, desempleo o economía sumergida", señala el informe. 

Madrid, el ejemplo a seguir

El IEE también ha criticado la intención del Ejecutivo de llevar a cabo la conocida 'armonización fiscal' y que se basa en equiparar los diferentes impuestos entre las autonomías para evitar que haya regiones más atractivas que otras y se produzca un 'dumping fiscal'.

Sin embargo, el instituto alaba el caso de Madrid, del que afirma que es "un caso paradigmático". Y es que, a pesar de que tiene la presión fiscal normativa más baja de España, registra la mayor recaudación por habitante. El motivo, según Fernández de Mesa, es que "esta competitividad fiscal hace que sea un polo de atracción de las inversiones y de la actividad económica y que se reduzca la economía sumergida". 

Madrid registra, de hecho, uno de los mejores resultados de competitividad fiscal de toda la OCDE, según el informe del IEE, PwC y el Consejo General de Economistas de España, que han sumado los resultados de la Tax Foundation (que miden la competitividad por países) a los del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2020, elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad.

Y el resultado es que solo Madrid y las provincias vascas presentan mejores resultados que el promedio de la UE, mientras que Cataluña registra los peores datos. 

Con estas cifras sobre la mesa, el informe recalca que "la mayor parte de las comunidades autónomas españolas presentan una presión fiscal normativa sensiblemente peor a la de la media de la UE; es decir, más elevada. En algunos casos, como Aragón o Asturias, en niveles muy cercanos a los de países que se sitúan en las peores posiciones del ranking, y en el caso de Cataluña con una presión fiscal normativa aún más elevada que la de países como Chile o Italia, que cierran la clasificación". 

"La competitividad de los países no se fundamenta solo en el buen hacer de sus empresas y la calidad de sus productos, o en la capacitación de sus trabajadores, sino que también es de gran relevancia el entorno económico y regulatorio, dentro del cual el marco fiscal de los diferentes territorios tiene un papel destacado. Por ello, es fundamental que no solo España, sino también las comunidades autónomas, tengan como referencia, a la hora de configurar su marco fiscal, los sistemas tributarios más eficientes, neutrales y competitivos en el ámbito internacional", recalca el estudio.

Patrimonio y Sucesiones, dos impuestos desfasados

En el marco de esa estrategia de armonizar los impuestos entre los territorios, el IEE afirma que "no tiene sentido tratar de armonizar poniendo énfasis en dos impuestos que están desfasados, como son Patrimonio y Sucesiones". 

Actualmente España es el único país del entorno en el que existe el Impuesto sobre el Patrimonio, que afecta a los contribuyentes con patrimonios elevados, y el que aplica los tipos más altos en el Impuesto de Sucesiones, que grava las herencias (en términos medios, ya que algunas regiones lo tienen bonificado).

El Instituto IFO de Alemania, por ejemplo, ha estimado que la vuelta del impuesto sobre el Patrimonio apenas suponía un aumento de la recaudación del 1% a corto plazo, mientras que podía restar hasta cinco puntos al PIB a medio y largo plazo. Y Francia, que ha sido el último país europeo que ha dejado de aplicar esta figura, ha llegado a la conclusión de que la pérdida global neta de recaudación podría ser del doble de los ingresos obtenidos, como consecuencia de la contracción de la actividad generada. 

En el caso del Impuesto de Sucesiones, existe en 12 de los 27 países de la UE y su tipo medio está en torno al 15%, mientras que el promedio en España supera el 30% y en algunas regiones alcanza el 80%. 

Las claves del aumento de la recaudación

El estudio del IEE, el Consejo General de Economías y PwC insiste en que el aumento de la redaucación siempre debe ser una consecuencia del aumento de la recuperación económica, de la mejora de la eficiencia del gasto y de la lucha contra el fraude fiscal, por lo que estos deberían ser los ejes centrales de la actuación de la necesaria reforma fiscal.

"La capacidad de los países y las distintas regiones para atraer inversiones exteriores y capital está muy relacionada con la legislación y la fiscalidad vigente en los mismos. Las decisiones de inversión de las empresas consideran, entre otros factores, los sistemas impositivos de los países en los que valoran poder establecerse, analizando las expectativas de rentabilidad después de impuestos que ofrecen los proyectos de inversión que estén planeando desarrollar", explica el informe. Y añade que "una fiscalidad más atractiva favorece el asentamiento de las empresas y la mayor inversión por parte de estas, así como la atracción del talento humano, mientras que tipos impositivos demasiado elevados desincentivan dichas inversiones e incluso pueden contribuir a que estas se deslocalicen a otros destinos junto con las personas físicas con una renta más elevada".

Así, continúa, "las implicaciones de estas decisiones inciden, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, sobre el crecimiento de la economía y la creación de empleo de los países. Un sistema tributario competitivo promueve unos niveles más altos de crecimiento económico e inversión. Esto aumenta los ingresos públicos a largo plazo, puesto que una expansión sostenida de la actividad privada favorece una mayor creación de riqueza que, a su vez, permite financiar el gasto público con un menor esfuerzo. Por ello, ante cualquier reforma, es necesario evaluar a los países y las regiones de nuestro entorno, ya que, también en el ámbito fiscal, la economía está globalizada y cualquier decisión que se aparte de la línea que siguen aquellas jurisdicciones con la que la nuestra, al final, compite, puede provocar efectos como la deslocalización de inversiones, la fuga de contribuyentes y situar en desventaja competitiva a nuestros residentes".

En este sentido, prosigue, "el incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el incremento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico que es la verdadera palanca del empleo y, por lo tanto, de una redistribución sostenible en el tiempo, y en la lucha contra el fraude fiscal, más que en incrementar la presión sobre unos contribuyentes que ya soportan una carga tributaria comparable, o superior, a la de los países de nuestro entorno".