Los promotores han lanzado un mensaje al Gobierno: hace falta más seguridad jurídica para reducir la actual crisis habitacional que arrastra España.
Según han argumentado los primeros espadas de las principales patronales del sector y algunas de las mayores promotoras del país, durante el Real Estate Financing Forum celebrado en Madrid, el fondo soberano 'España Crece' que ha anunciado el Ejecutivo no conseguirá movilizar inversión privada si no se cumple ese requisito tan básico y fundamental.
Este fondo soberano, que se pondrá en marcha en el segundo trimestre de este año, recogerá el testigo de los fondos de recuperación europeos 'Next Generation EU' y tiene el objetivo de movilizar 23.000 millones de euros para desarrollar 15.000 viviendas al año, que procederán tanto del sector público como del privado. Además de vivienda, el fondo contempla inversiones en otros campos como la energía, la digitalización, la inteligencia artificial o la seguridad.
Según afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación oficial de este nuevo mecanismo, el fondo extenderá al inversor privado una "alfombra roja". Sin embargo, los promotores creen que eso no es lo que busca el capital internacional.
"El inversor no te va a pedir una alfombra roja, te va a pedir seguridad jurídica. No pedimos un marco totalmente favorable, sino saber cuáles son las reglas de juego, porque eso se extiende a lo largo de toda la cadena de valor del sector", ha afirmado Alfredo Díaz-Araque, director gerente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). En su opinión, "la seguridad jurídica es lo que hará que la máquina empiece a rodar de forma muchísimo más engrasada".
El número dos de la patronal de los promotores a nivel nacional no es el único que ha mencionado la seguridad jurídica como un requisito fundamental para atraer capital y acelerar la producción residencial.
Francisco Martín, director de financiación y resorería de la promotora Neinor Homes, también lo ha comentado durante su exposición. "El principal reto del sector es aumentar la oferta de vivienda. España actualmente es una buruja en Europa, un país que crece por encima de la media y que tiene una demanda de vivienda muy elevada, pero necesitamos la materia prima que es el suelo y una regulación que nos dé estabilidad y seguridad jurídica".
Otra de las voces que ha incidido en la necesidad de reforzar el marco jurídico es Carolina Roca, presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), quien ha insistido en que lo que necesita el sector es "seguridad jurídica y rentabilidad para los inversores", ya que actualmente España tiene que competir con otros países para captar capital.
Rosa Gallego, CEO de la promotora Q-Living, ha seguido la estela de Roca y ha recalcado que "necesitamos estabilidad para atraer capital internacional, porque el capital nacional no es suficiente" para atajar el actual problema de la falta de vivienda. "Si tuviéramos un discurso más sólido, limpio y claro, atraeríamos mucho más capital", ha argumentado Gallego. Y ha añadido que el inversor lo que realmente demanda es una "rentabilidad sostenida y segura", mientras que ha criticado que el debate sobre la situación de la vivienda cada vez esté más ideologizado.
Quien también se ha pronunciado al respecto es Manel Rodríguez, consejero delegado de ALAS Vivienda Asequible, una compañía pionera en España que busca incrementar la oferta de alquileres asequibles bajo una fórmula de lucro limitado, para quien es necesario un "régimen fiscal y jurídico estable". En su opinión, no hay inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario, pero sí una inestabilidad que actúa como lastre.
Rifirrafe entre promotores y el ICO
En el encuentro inmobiliario, también ha estado presente Antonio Bandrés, director de financiación corporativa internacional del Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo que se encargará de gestionar más de 10.000 millones de euros de 'España Crece' que proceden del Plan de Recuperación.
Aprovechando su participación, los promotores han pedido un mayor esfuerzo a la Administración Pública para financiar suelos en desarrollo, ya que la banca tradicional se muestra reacia a entrar en etapas tan iniciales del ciclo. "La Administración no tiene clara la magnitud del problema en el que estamos inmersos. Si no tenemos materia prima, no vamos a poder construir vivienda. Aquí se necesita financiación pública", ha recalcado Carolina Roca.
Según la presidenta de Asprima, la financiación actualmente "no es muy boyante" en vivienda de alquiler asequible y cree que se debería aprovechar el nuevo modelo para intentar contener este lastre al que se enfrentan los promotores. Ello supondría un cambio respecto a la estrategia que ha seguido el ICO hasta ahora, centrada únicamente en la vivienda pública.
"La idea de combinar el ICO con los fondos Next Generation, combinando financiación con 'equity', la acogimos de muy buen grado. Nos pareció que era la idea que necesitábamos para impulsar la promoción y construcción de ese parque profesionalizado de vivienda en alquiler que este país necesita. Lo que ocurre es que el planteamiento se ha teñido excesivamente de ideología y que tanto el 'equity' como la financiación ha sido solo para la promoción y construcción de vivienda pública, cuando el 85% de la vivienda protegida se ha hecho siempre desde la iniciativa privada y es el sector privado el que tiene la escala necesaria para incrementar el parque de alquiler asequible. Limitarlo exclusivamente a vivienda pública ha provocado que no se haya implementado en toda en toda su magnitud", ha explicado Roca. De hecho, las líneas ICO que están activas actualmente para promover viviendas sociales y asequibles han sido recortadas ante la imposibilidad de poder ejecutarlo en su totalidad.
Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler (ASVAL) y moderadora de una de las mesas redondas del foro, se ha unido a esa reivindicación de que el ICO impulse proyectos residenciales más allá del ámbito público. "Si nos ceñimos solamente a lo público, nos estamos limitando demasiado", ha señalado.
Por alusiones, el director de financiación corporativa internacional del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha defendido que la prioridad del organismo público actualmente es la vivienda y que desde 2022 ha participado en el desarrollo de 6.500 viviendas públicas.
Además, ha insistido en que su apuesta por esta tipología de viviendas viene derivada del "gap que tenemos con la Unión Europea". Nosotros estamos en un 2% de viviendas públicas, frente al 9% de la Unión Europea y hay países con un 14-15%. Hay una distorsión y en los estratos de población con salarios medios-bajos todavía tiene más impacto. Ahí es donde nos podemos centrar", ha defendido Bandrés.
Respecto al guante que han lazando los promotores para mirar más allá de la vivienda pública, su respuesta ha sido directa: "Nuestros recursos son limitados", ha concluido el directivo del ICO.
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