Opinión

Ganar la batalla contra el valor de referencia de Catastro no siempre significa haber ganado la guerra contra Hacienda. Y es que cada vez es más frecuente que, después de conseguir que se declare la inexistencia de valor de referencia para un determinado inmueble, la Administración vuelva a la carga e inicie una comprobación de valores para exigir al contribuyente que tribute por un valor distinto —y superior— al precio declarado en la escritura de adquisición. El fiscalista José María Salcedo recuerda que Hacienda puede hacerlo, pero no lo tendrá fácil porque tendrá que justificar que el valor declarado por el contribuyente no se corresponde con su valor de mercado.

Los daños o desperfectos que afecten a la habitabilidad, la seguridad o la salubridad de las viviendas arrendadas, así como aquellas reparaciones necesarias para su conservación, adquieren un tratamiento jurídico diferente con la aprobación del Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre. El abogado José Ramón Zurdo señala que esta reforma puede convertirse en una nueva fuente de controversias entre arrendadores y arrendatarios y generar un incremento de la litigiosidad judicial, dada la frecuencia con la que se producen este tipo de incidencias en las viviendas alquiladas. La principal novedad se encuentra en el procedimiento para ejecutar las reparaciones y recuperar su coste: ahora se habilita un mecanismo de autoreparación a iniciativa del inquilino.

La clase media trabajadora es la que más aporta a la economía, a pesar de que no es el colectivo más numeroso. España apenas cuenta con 4,8 millones de contribuyentes que ganan entre 30.000 y 60.000 euros al año y el hecho de que estén sometidos a una elevada presión fiscal explica buena parte de la actual crisis de vivienda. Según Jorge Ginés, director general de Asprima, "si los salarios pierden poder adquisitivo, los impuestos absorben una parte creciente de los ingresos y el empleo es inestable, acceder a una vivienda se vuelve cada vez más difícil". En su opinión, para resolver el problema "no basta con intervenir los precios o aprobar ayudas", sino que "es necesario fortalecer a quienes trabajan y producen", con un gasto público más contenido y menos burocracia.

Hacienda puede notificar defectuosamente una liquidación tributaria y, tras anularse en los tribunales la providencia de apremio dictada para cobrarla, volver a notificar esa misma liquidación años después como si el tiempo no hubiera transcurrido. El Tribunal Supremo es claro: ni la liquidación mal notificada ni el posterior apremio interrumpen la prescripción. Si han transcurrido más de cuatro años desde el inicio del plazo, la deuda puede estar prescrita y los contribuyentes tienen argumentos sólidos para oponerse e impugnarla.

España sabe construir vivienda. Ya lo hizo en el pasado y el sector privado conserva capacidad para volver a hacerlo. El problema es que hoy esa capacidad choca con la falta de suelo disponible, la burocracia, la inseguridad jurídica, la fiscalidad, las dificultades de financiación y la escasez de trabajadores. Por eso no basta con aprobar medidas concretas para cada situación, si una promoción necesita años de trámites, informes contradictorios y decisiones de varias administraciones que no se coordinan, el problema no es solamente urbanístico, es también institucional. Todo ello se aborda en el primer capítulo del serial 'La vivienda sí tiene solución'.

Cada vez son más las familias que dependen económicamente del Estado. El economista Miguel Córdoba analiza la evolución de la renta disponible real de los españoles entre 2007 y 2025 y concluye que mientras los empleados públicos y los perceptores del SMI han visto crecer sus rentas en términos reales, los asalariados del sector privado -la mayor parte de la población ocupada- han perdido un 3,4% de capacidad adquisitiva en 18 años. Según sus cálculos, tras descontar impuestos y los gastos en vivienda y suministros, una familia media solo dispone del 36% de su salario, lo que se traduce en unos 759 euros al mes, mientras que la cifra no llega a 400 euros para el 70% de trabajadores y pensionistas con rentas más bajas.

¿Puede Hacienda comprobar un ejercicio que ya ha prescrito? La respuesta, que a muchos puede sorprender, es que sí. Así lo confirma el Tribunal Supremo en una sentencia referida a los saldos de IVA pendientes de compensar. Se trata de un pronunciamiento de especial interés porque la posibilidad de comprobar ejercicios prescritos no se limita al IVA y puede permitir a Hacienda utilizar la información obtenida para regularizar ejercicios posteriores que todavía no hayan prescrito.

¿Es posible recibir una sanción de la Agencia Tributaria de más de 130.000 euros por vulnerar el límite de pagos en efectivo, cuando el importe total excedido apenas supera los 5 euros? La respuesta es que sí. Este caso ha sido enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias que ha dado la razón al contribuyente y ha anulado la sanción por desproporcionada. El abogado fiscalista José María Salcedo recuerda que un pago de 1.000 euros ya supera el límite, aunque sea por un céntimo de euro. Y es que dicho límite de pagos en efectivo es de 999,99 euros.

El economista Miguel Córdoba asegura que con la entrada en vigor de la ley que regula las socimis lo que ha ocurrido realmente es que una buena parte del patrimonio inmobiliario español que estaba en régimen de alquiler se ha transformado, vía compra, fusión o escisión, en una socimi, con el objetivo de reducir el pago del impuesto de sociedades. En su opinión, esto no ha logrado “promover” el mercado del alquiler, sino que se han transformado societariamente las empresas para aprovechar las ventajas fiscales. Además, recalca que las principales socimis invierten en centros comerciales, oficinas, hoteles o centros de datos.

La crisis de vivienda en España ha abierto la puerta a todo tipo de soluciones aparentemente rápidas. Cada pocos meses aparece una nueva promesa: reconvertir oficinas, ocupar viviendas vacías, limitar el alquiler turístico, construir en altura, liberar suelo público, industrializar la construcción o instalar casas prefabricadas en parcelas baratas. El arquitecto Juanjo Bande señala que una casa prefabricada puede ser una magnífica vivienda. Lo que no puede ser es una forma de hacer legal lo que el planeamiento no permite.

Reintroducir medidas que ya han sido rechazadas por el Congreso a través de un nuevo decreto ley, como el Gobierno pretende hacer a la vuelta del verano con la prórroga de los alquileres, plantea serias dudas constitucionales. El artículo 86.1 CE reserva esta figura para urgencias excepcionales, no para mantener normas que no superaron el control parlamentario. Además, la sucesión de reformas urgentes agrava la inseguridad jurídica y, lejos de ampliar la oferta de alquiler, incentiva a los propietarios a abandonar ese mercado.

¿Alquilaste tu vivienda habitual durante las vacaciones? Hacienda considera que, sólo por eso, puede dejar de ser tu vivienda habitual. La consecuencia es muy grave: perder la deducción por inversión en vivienda o incluso la exención de la ganancia patrimonial obtenida por la venta de la vivienda. No obstante, una reciente sentencia del TSJ de Baleares que se refiere al caso de alquiler por temporada de habitaciones de la vivienda habitual, constituye un primer paso para combatir la interpretación de Hacienda.

Imagina que llevas años pagando religiosamente la hipoteca de tu vivienda habitual y, de pronto, un imprevisto te deja sin capacidad para seguir haciendo frente a las cuotas. El banco inicia la ejecución hipotecaria, se fija fecha de subasta y tu casa empieza a tener, literalmente, fecha de caducidad. Encuentras un comprador a tiempo, vendes el inmueble y con ese dinero cancelas la deuda justo antes de perderlo todo. Has evitado el desahucio, pero Hacienda te reclama que tributes por una ganancia patrimonial por esa venta. Sin embargo, un Tribunal lo reconoce como una dación en pago y, por tanto, puede evitar tributar en el IRPF, tal y como señala el abogado José María Salcedo.

El “doble tiro”, es decir, el odioso derecho de Hacienda a volver a notificar una nueva liquidación al contribuyente una vez que la primera liquidación ya fue anulada por los Tribunales, está más en entredicho que nunca. Por ello, si le ganaste a Hacienda y has vuelto a recibir de nuevo la misma liquidación, este artículo te interesa. El Tribunal Supremo pone por fin límites claros a Hacienda, tal y como declara el abogado fiscalista José María Salcedo. Por ejemplo, la nueva liquidación no puede empeorar la situación inicial del contribuyente y sólo cabe una segunda liquidación. Ya hay tribunales que "urgen suprimir el doble tiro".

 A los pocos meses de funcionamiento, el Registro Único de Arrendamientos acumula denegaciones, suspensiones y anuncios retirados.

En las últimas cinco legislaturas en España, los políticos han incrementado los impuestos, han emitido mucha deuda pública y han disminuido notoriamente la inversión en infraestructuras civiles y militares y en viviendas sociales, tal y como se puede ver en el informe anual de la liquidación de presupuestos del Estado. El economista Miguel Córdoba saca una conclusión clara: tanto Zapatero como Rajoy disminuyeron en un 40% (cada uno de ellos) la inversión en infraestructuras civiles durante sus legislaturas, hasta dejarlas en la tercera parte de lo que suponían en el año 2007. Con Sánchez, a partir de la crisis del COVID, la política cambió y se comenzó a destinar más dinero a las infraestructuras civiles, pero sin llegar aún a los niveles del año 2007.

Jorge Ginés, director general de Asprima, recuerda que una discusión bizantina es "un debate inútil, interminable y excesivamente sutil sobre detalles triviales o teóricos sin aplicación práctica. Se caracteriza por enredar a los participantes en argumentos estériles, ignorando problemas urgentes y reales". Y asegura que se pasa la vida escuchando discusiones bizantinas en vivienda. Pone de ejemplo conversaciones con ayuntamientos que desconocen sus propias normas o que no apuestan por levantar vivienda nueva ante la emergencia habitacional existente por riesgo a que los nuevos vecinos no les voten.

El cambio de ciclo que está viviendo el residencial es más profundo. Noelia Rosón, de Testa Homes, señala que el valor de un activo ya no se decide solo en la adquisición o en el desarrollo; se construye, cada vez más, en la capacidad de gestionarlo bien durante años. Mantener el edificio, reducir la rotación, cuidar la experiencia del residente, optimizar costes operativos y sostener ingresos estables ya no son cuestiones secundarias. Son parte esencial del valor. En su opinión, el futuro del residencial será menos un negocio de inversión pasiva y más un negocio de gestión. "El residencial empieza a parecerse cada vez más a una infraestructura urbana", añade.

Buenas noticias para los contribuyentes que, al ser ingresados en una residencia de ancianos, tardaron más de dos años en vender su vivienda habitual y no pudieron disfrutar de la exención de la ganancia patrimonial en el IRPF por la venta de la vivienda. El Supremo ha dicho no al intento de la Administración de que se fijara doctrina en el sentido de que el traslado a una residencia no constituye una causa justificada para vender la vivienda pasados los dos años previstos en el Reglamento del IRPF. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que lo importante de esta sentencia es que el plazo de dos años para vender la vivienda puede incumplirse si existe causa justificada y, así disfrutar igualmente de la exención.

La pregunta que se hace Luis Corral, CEO de Foro Consultores Inmobilairios, es que ya no es solo cuántas viviendas necesita España, que son muchas. La pregunta decisiva es: ¿qué parte del sistema está impidiendo construirlas a tiempo? Es un problema sistémico: suelo lento, licencias complejas, costes altos, financiación exigente, falta de mano de obra, capacidad eléctrica insuficiente, limitaciones de agua, saneamiento pendiente e infraestructuras exteriores no ejecutadas... "Edificar en España está lleno de trabas antes de poner el primer ladrillo", sentencia Corral.

Patricia Aragón, socia fundadora de Acuerdos DYA, reflexiona sobre cómo ha cambiado la gestión de la deuda hipotecaria desde la crisis de 2008. Recuerda que entonces los deudores querían afrontar su situación y volver a empezar. Hoy, en cambio, advierte que el concepto de "vulnerabilidad" se ha extendido tanto que ha perdido su sentido, convirtiéndose en una forma de aplazar lo insostenible. Las medidas actuales, según Aragón, paralizan más que solucionan, dejando al deudor en una situación que solo empeora. Su mensaje es contundente: mantener a alguien eternamente bloqueado no es protección, es abandono disfrazado de empatía.

El valor de referencia de Catastro, tras haber sido declarado constitucional el pasado mes de febrero, ha venido para quedarse. Y nos guste o no, es la forma de determinar la base imponible de impuestos tan importantes en el ámbito inmobiliario como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el de Sucesiones y Donaciones (ISyD). José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que cuando el valor resulte excesivo y desproporcionado, el contribuyente podrá atacarlo con un informe pericial hecho por un arquitecto. Ahora el Supremo tiene sobre la mesa decidir qué prueba hay que aportar en dicho informe pericial para hacer frente al valor de referencia.

El problema de la vivienda lleva tiempo instalado en el debate público. Y aunque en las últimas semanas ha vuelto a coger fuerza la tesis del rentismo, que afirma que la actual tensión de precios se debe a que unos pocos propietarios acaparan el mercado y especulan con la escasez, la realidad echa por tierra esta hipótesis. El economista Santiago Calvo explica que, si cruzamos el déficit residencial con el crecimiento anualizado del del precio de la vivienda libre, se aprecia una correlación "positiva, estadísticamente robusta y económicamente relevante", pero también apunta a otros factores, como el atractivo turístico o residencial de algunas zonas, como Baleares, Málaga o Madrid; y la presión específica que ejerce el alquiler vacacional en el residencial.

En los mercados bursátiles españoles hay más de 300 empresas cotizadas, con una capitalización que ronda 1,4 billones de euros. Su estructura de propiedad está muy diversificada. La mayoría de las acciones son capital flotante (free float) que está en manos de fondos, inversores y empresas que realizan inversiones por motivos meramente financieros y no como toma de control de las sociedades formando parte de un “núcleo duro”. En el 45% destacan firmas como Blackrock, el Estado español y otros estados soberanos, grandes patrimonios, particulares, empresas e instituciones.

Muchos padres aceptan en notaría donaciones de inmuebles en nombre de sus hijos menores sin imaginar que esa simple intervención puede acabar convirtiéndoles en responsables de las deudas tributarias del otro progenitor. Y es que Hacienda lleva años utilizando la declaración de responsabilidad de la Ley General Tributaria para dirigirse contra quienes considera causantes o colaboradores en la ocultación de bienes. Sin embargo, el Supremo acaba de aceptar a trámite un auto que pone en duda la exigencia de responsabilidad a los padres.