límite alquiler

La Agencia Negociadora del Alquiler resume en un estudio el impacto que podría tener la intervención de las rentas en España. Al igual que ha sucedido en otros países, alerta de una caída de la oferta, de la desaparición de inversores, de la creación de guetos, de un aumento de la economía sumergida y del deterioro de las viviendas. Para evitarlo, pide incentivos en el IRPF y el IBI para los propietarios, más seguridad jurídica y mayores exigencias a la hora de conceder nuevas licencias turísticas.

Crisis de Gobierno en Suecia con motivo de las políticas de vivienda. La intención del primer primer ministro socialdemócrata Stefan Löfven de liberalizar los precios de los alquileres en las viviendas de nueva construcción le ha costado el liderazgo del país. El mercado de alquiler en Suecia es prácticamente un tema tabú que ningún político se atreve a tocar, pero la realidad es que el acceso a la vivienda está siendo uno de los principales problemas de la sociedad sueca.

El Consejo de Ministros del 15 de junio ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de vivienda catalana, que establece límites al alquiler, ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales. Además, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avisado de que incorporará una regulación del alquiler en la futura ley estatal de vivienda.

La convocatoria de protesta organizada por el sindicato de inquilinos contra el Gobierno tras conocerse su intención de recurrir al TC la ley catalana del control del precio del alquiler tuvo un discreto éxito, a tenor de las fotografías que idealista/news tomó en Madrid y Barcelona. En concreto, en Barcelona la convocatoria reunió a un número aproximado de 80 personas mientras que Madrid fueron algo menos, en torno a 50.

El ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno va a presentar ante el Tribunal Constitucional contra la Ley catalana de alquiler se va a basar en los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias del parlamento catalán, que no avaló en julio pasado algunos artículos de esta norma porque incumplen la Constitución y el propio Estatut. Ábalos también adelantó que el Ejecutivo no va a pedir la suspensión cautelar de la ley que limita los alquileres en 60 municipios catalanes al TC.

A la ley catalana de alquileres podrían quedarle pocos días. Tal y como han confirmado desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a idealista/news, el Gobierno quiere aprobar en el próximo Consejo de Ministros la impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC) de dicha ley. Además, pedirá la suspensión de esta norma que limita los alquileres desde el pasado mes de septiembre.

El acceso a la vivienda de alquiler asequible mediante la construcción de vivienda social se ha convertido en tema de Estado para muchos países en Europa. Eso es lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han recomendado a España, y otros, en sendos informes. Ambos organismos internacionales piden potenciar esta medida por encima de otras como el control de los alquileres o distintas ayudas sociales.

Las inmobiliarias plantan cara a Ada Colau. Este viernes, Barcelona pel Canvi llevará a pleno la suspensión de las sanciones a inmobiliarias hasta conocer el veredicto del Constitucional, tal y como ha podido saber idealista/news. En los últimos meses, el consistorio ha impuesto una treintena de multas por la ley autonómica de control de los alquileres, que está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC).

La famosa norma que congelaba el precio del alquiler durante cinco años en Berlín y que había sacado adelante la coalición de izquierdas que gobierna la capital ha sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional alemán. Tras dejar sin efectos esta ley, se empiezan a ver las consecuencias, como una reducción de la oferta o un aumento de las reclamaciones de los propietarios.

La consultora Savills Aguirre Newman recopila las principales medidas que están tomando algunas de las principales capitales europeas para proteger a los inquilinos, aunque alerta de que pueden disuadir la producción de nuevas viviendas que permite equilibrar la oferta. Berlín, París, Dublín, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo y Helsinki son algunas de las ciudades que están regulando el mercado del arrendamiento. Repasamos las principales actuaciones que están llevando a cabo las autoridades en términos de renta y revisión de los contratos.

La compañía participada por el Banco Santander con casi un 25% y que realiza la mayor parte de su actividad en Cataluña ha cargado contra la Ley catalana que busca limitar el precio del alquiler en la región. “Es de dudosa constitucionalidad y le auguramos un corto recorrido”, afirma la compañía en sus cuentas anuales.

“En los últimos 5 años, los alquileres en Madrid han subido un 57%”. Con este dato, el candidato a la Comunidad de Madrid por Podemos, Pablo Iglesias, ha resumido en un acto de su campaña sobre vivienda la situación del alquiler en la Comunidad de Madrid.

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, propone que la futura Ley de Vivienda contemple un porcentaje mínimo del 50% del suelo sujeto a algún régimen de protección pública para la vivienda protegida en alquiler, con el objetivo de impulsar este mercado. Además, Ábalos ha planteado mejoras en los procedimientos de desahucio en situaciones de vulnerabilidad y una modulación del recargo del IBI a viviendas vacías durante más de dos años.

El efecto covid ha supuesto que en el mercado del alquiler de vivienda libre en Holanda se vayan a limitar por primera vez la subida de las rentas, hasta un 1% interanual durante los próximos tres años para aquellos alquileres que superen los 750 euros/mes. Esta medida para paliar los efectos de la crisis afecta unas 560.000 casas. El resto, que supone el 80% del mercado del alquiler, ya estaba regulado y desde el año pasado ya mantiene las rentas congeladas.

La última propuesta del PSOE sobre la Ley de Vivienda no contempla la opción de limitar el precio del alquiler, sino que ofrecen deducciones importantes en el IRPF a los arrendadores que motu proprio decidan bajar la renta un 10%. Esta decisión no ha sentado nada bien entre los socios del Gobierno, Unidas Podemos y ERC, que ya han avisado de que, si no se controlan los alquileres, el PSOE “tendrá que cambiar de socios”.

La inclusión de medidas para rebajar los precios del alquiler en zonas tensionadas sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto entre los socios de Gobierno en la negociación de la Ley estatal de Vivienda. El PSOE plantea que la actual deducción del 60% en el IRPF por los rendimientos del alquiler se aplique solo a aquellas rentas que apliquen como máximo el precio del arrendamiento que estable el Índice Oficial de precios del alquiler.

La negociación de la nueva Ley de Vivienda en España cada vez aumenta más las discrepancias entre los partidos que conforman el Gobierno. La medida para imponer un límite a los precios de los alquileres en zonas tensionadas sigue siendo el principal escollo para consensuar el texto, que además necesitará el apoyo de formaciones tan dispares como PNV, ERC o Bildu para salir adelante. El PSOE defiende los incentivos fiscales frente al tope que quiere Podemos y está dejando un cruce de declaraciones que se produce en pleno descenso de las rentas por la crisis del covid.

La futura Ley de Vivienda se encuentra atascada en las negociaciones entre PSOE y Podemos, en plena campaña electoral en Cataluña. La cartera de José Luis Ábalos y la vicepresidencia de Pablo Iglesias no llegan a un acuerdo en las exigencias de los morados de regular los precios de los alquileres en zonas tensionadas, movilizar la vivienda vacía al mercado y exigir que parte de los pisos de grandes tenedores pasen a alquiler social.

El Constitucional ha declarado por unanimidad inconstitucionales y nulos varios artículos del decreto-Ley de la Generalitat catalana en materia de vivienda de finales de 2019, entre los que se obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos morosos o a los okupas vulnerables. El tribunal ha considerado que esta regulación debe hacerse por una Ley, y no por decreto. El TC también ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la norma catalana aprobada el pasado septiembre para limitar el precio del alquiler en Cataluña.

El Parlamento Europeo publicó la semana pasada una resolución que resume las recomendaciones no vinculantes de la Eurocámara a la Comisión Europea y los países miembros en materia de vivienda. A pesar de que partidos políticos y medios de comunicación han asegurado que pedía a los países tomar medidas para controlar el precio de los alquileres, lo cierto es que esa medida fue eliminada de la propuesta de resolución de diciembre, tras el rechazo de los eurodiputados. Entre las 56 peticiones finalmente aprobadas destacan la necesidad de desarrollar más pisos sociales, establecer una normativa clara y ayudar a los colectivos vulnerables.

La pandemia ha provocado varios cambios importantes en el mercado del alquiler en menos de un año. La oferta de pisos en arrendamiento y la demanda se dispararon el año pasado cerca de un 80%, mientras que los precios registraron una caída histórica en las principales ciudades del país. De cara a este año, la clave estará en las medidas que ha tomado el Gobierno, y cuyos efectos generan inquietud entre los propietarios. Según el despacho de abogados Ático Jurídico, entre las cuestiones que más preocupan a los arrendadores está si pueden desahuciar a los inquilinos en caso de impago, cómo evitar la okupación, si deben tributar por los inmuebles vacíos y si el Ejecutivo puede limitar las rentas máximas.

Los continuos cambios en las reglas del juego del inmobiliario en Cataluña obligan a que las plataformas inmobiliarias deban adaptarse a la variada y constantemente cambiada legislación inmobiliaria catalana.

Desde que se aprobó en Cataluña la regulación de los precios del alquiler, la sombra de si esta ley funcionará o no es larga y llena de dudas. Suecia se ha convertido en un espejo en el que mirarse por ser un país donde el mercado residencial en alquiler se encuentra regulado y donde su aplicación ha sido un arma de doble filo: si bien los precios se han contenido, la falta de oferta o la exclusión social se han convertido en los peores enemigos del mercado, tal y como explica Nicolás González, Analista de corporate finance de Colliers.

Las intervenciones regulatorias en la vivienda, como el control de los alquileres que está operativo en Cataluña y llegará a todo el país el año que viene, no son la solución del problema. Según Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, la clave estará en aumentar la oferta de inmuebles y no en tomar medidas populistas que, si bien pueden generar mucho ruido, no surten efecto. En su opinión, lo único que logran es trasladar al sector privado la responsabilidad de la Administración de proveer de vivienda a aquellos que no la tienen.