CNC critica la mayor parte de la Ley de Vivienda: es intervencionista y aumenta la inseguridad jurídica

La patronal de la construcción ha presentado sus aportaciones al Anteproyecto de Ley de Vivienda del Gobierno. La CNC aboga por adoptar más medidas fiscales que permitan el acceso a la vivienda a los jóvenes y a personas vulnerables, pero critica la inseguridad jurídica en muchos términos de la normativa. Además, pide que se elimine el control de los precios del alquiler, evitar nuevas cargas administrativas y duplicidades de competencias.

"La normativa está muy verde", ha afirma Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal de la construcción CNC, que ha aprovechado para tender la mano al Gobierno, a todos los ministerios implicados y a las comunidades para “consensuar una ley que permita armonizar las distintas regulaciones existentes a nivel autonómico para garantizar el derecho a una vivienda digna a un precio asequible, ya sea en propiedad o en alquiler”.

Pero para ello, ha dejado claro que no está de acuerdo con algunas de las principales medidas que el Gobierno ha presentado en este a Anteproyecto de Ley. La patronal de los constructores sí aboga por “adoptar medidas fiscales que permitan el pago inicial para la adquisición de una vivienda y el acceso al alquiler para los colectivos más vulnerables o los jóvenes que no pueden emanciparse”.

“El actual documento es una ley farragosa, con definiciones imprecisas que llevan al texto a la inseguridad jurídica para los inversores, y que introduce cuestiones de intervencionismo que chirrían en el sector”, afirma su presidente. Estos son los principales puntos de fricción que ha advertido la CNC del Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda

Inseguridad jurídica

La declaración de zonas de mercado tensionado y el control de precios interfieren en el derecho sobre la propiedad privada y sobre la población ahorradora, afirman desde la CNC. El derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, que aparece en el artículo 47 de la Constitución debe coexistir junto a la necesaria protección del derecho constitucional a la propiedad privada, que se incluye en el artículo 33. “En vez de apostar por una norma que imponga un tope a las rentas, convendría fomentar el diálogo entre todos los actores del sector”, agrega su presidente Pedro Fernández Alén. 

En contra del control de los precios de alquiler

“Como evidencian los casos existentes en Europa, y también en Cataluña, las medidas tendentes a congelar o reducir los precios de los arrendamientos terminan provocando efectos indeseados como la contracción de la oferta del alquiler”, han destacado desde la CNC, que tampoco ve clara la definición de gran tenedor de viviendas. La solución que proyecta la patronal es incentivar la oferta.

Da amparo al fenómeno de la okupación

“La redacción de la ley puede dar cobertura a fenómenos indeseados como la ocupación”, destaca el presidente de la patronal de los constructores, “prácticamente enfrenta al propietario y al inquilino. Y, sin embargo, según denuncian y han presentado al Gobierno “no hay una redacción que promueva la adopción de medidas efectivas para proteger el derecho de la propiedad”.

Crea nuevas cargas administrativas y duplicidades

Otro de los problemas que más han destacado desde la patronal es lasduplicidad entre la próxima normativa estatal que se está preparando, y las actuales leyes autónomicas, que son las que tienen derivadas las competencias en vivienda. “Ya existe un registro de fianzas y se prevé crear un registro de alquileres, por poner un ejemplo. Es innecesario crear duplicidades que impliquen más complejidad y burocracia".

Eliminar la referencia a que el esfuerzo no debe superar el 30% de los ingresos + gastos de vivienda

Uno de los puntos que pedirá eliminar del texto definitivo será el de la definición de “vivienda asequible” como aquella en la que el esfuerzo económico de sus habitantes sea “con carácter general el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia”, donde se tendrá en cuenta la cuota de la hipoteca o la renta del alquiler, y donde también se incluyen los gastos y suministros básicos, como los servicios de telecomunicación fija y móvil.

Para la patronal “es un parámetro excesivo para valorar el esfuerzo económico de la ciudadanía, teniendo en cuenta que, en la actualidad, las entidades financieras están concediendo préstamos hipotecarios con un esfuerzo del 40%, sin tener en cuenta los gastos y suministros básicos”, ha aclarado Pedro Fernández Alén.

El plazo de calificación de vivienda protegida se debe rebajar del umbral mínimo de 30 años

Debe fijarse un plazo acorde con las ayudas que haya recibido cada una de las modalidades de vivienda, bien sea social, de precio limitado, etc. El Régimen de Protección no puede generalizarse en las viviendas en venta y sin ayudas.

Reservas de suelo para vivienda protegida

El Anteproyecto de Ley establece que las autoridades urbanísticas competentes podrán reservar un porcentaje importante de suelo para vivienda con algún grado de protección en suelos urbanizados y en nuevas promociones. “Esa reserva debería de realizarse en suelos cuyo titular sea alguna administración”.

Para la patronal, la nueva Ley de Vivienda que el Gobierno pretende llevar a comienzos de 2022, invade las competencias de otras normas como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.