Normativa alquiler turístico

El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde a las nuevas reglas comunes para armonizar el negocio de los alojamientos turísticos de corta duración. Con el nuevo marco, cada país de la UE deberá crear un único canal digital donde recibirá datos de plataformas como Airbnb respecto a las noches alquiladas o el número de huéspedes, lo que permitirá reforzar la transparencia del sector, combatir la actividad ilegal y la puesta en marcha de potenciales políticas específicas. La reforma todavía necesita el visto bueno formal de los Veintisiete para ser ley.

Si a la hora poner tu piso en alquiler, estás pensando en la mejor opción en cuanto a rentabilidad, el último estudio de Alquiler Seguro afirma que el arrendamiento de la vivienda habitual es la opción más rentable frente al alquiler de temporada o el turístico en las principales ciudades españolas. “Esta modalidad es la más estable y la que menos riesgo supone para el propietario, con mayores ventajas fiscales, y frente a las oscilaciones y gastos imprevistos del mercado turístico y el temporal”, concreta Jesús Martí, responsable del área de Economía e Inversión de la compañía.

Hace unos días el Tribunal Supremo avalaba el veto a los pisos turísticos en las comunidades de vecinos que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica. El tribunal considera al respecto que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica. Sin embargo, prohibir en unos estatutos de una finca el alquiler de viviendas de temporada sería nulo porque sería un límite al derecho de propiedad privada, independientemente de que el arrendador sea una persona física o jurídica.

La Comisión Europea ha lanzado una propuesta para que los Estados miembros puedan regular los alquileres de corta estancia. El nuevo reglamento, que podría aprobarse en lo que queda de año, en el marco de la presidencia de España de la UE, permitirá monitorizar los datos de la actividad turística y supondrá, según la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, "un antes y un después" en la persecución de la oferta ilegal de alquiler vacacional. Empresas del sector como Airbnb y GuestReady defienden la llegada de una norma común que permita regular el turismo de manera justa y eficiente.

El Gobierno autonómico ha aprobado un Decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, cuyo objetivo es aumentar la oferta de inmuebles a precios asequibles, facilitar su acceso, regular nuevas fórmulas como el 'coliving' o el 'cohousing' y luchar contra el alquiler turístico ilegal. Entre las claves está la creación de una nueva figura, bautizada como vivienda de precio limitado (HPL), que se aplicará tanto a la venta como al alquiler. También se favorece el cambio de uso de los locales y alojamientos turísticos obsoletos en viviendas y la cesión de terrenos públicos al sector privado para nuevos desarrollos.

La Consejería de Turismo y Empleo regional liderará en los próximos meses la redacción y aprobación de una ley que regulará el uso turístico de la vivienda en Canarias y dará una base jurídica al alquiler vacacional. Según el INE, las islas cuentan con más de 42.000 inmuebles de alquiler vacacional y 179.000 camas, el cuarto dato más destacado de España. El objetivo del Gobierno autonómico es adaptarse a las demandas de la sociedad y desarrollar una ley de carácter transversal.

El alquiler de viviendas turísticas se disparó en muchas ciudades con la llegada de Airbnb hace más de una década. Así, ha llegado un punto en el que regular el sector parece una tarea difícil y ninguna ciudad ha conseguido dar con la "fórmula" adecuada. Barcelona, Londres, Berlín o Copenhague ya han puesto en marcha normativas para evitar situaciones de caos en los barrios y zonas más populares, pero lo cierto es que muchos propietarios intentan burlar las normas, lo que convierte su cumplimiento en un gran reto.

El alquiler turístico también se ha convertido en ‘culpable’ de los males de la vivienda en Portugal. El gobierno luso ha aprobado medidas para atajar el incremento de arrendamientos de corta estancia frente al alquiler tradicional con la prohibición de abrir nuevos apartamentos turísticos en Lisboa, Oporto y gran parte del litoral portugués, además de añadir un recargo del 15% en las tasas que pagan habitualmente.

Javier Casbas es CEO de The Charming Concept, una compañía que se dedica a la gestión y explotación de todo tipo de apartamentos (desde alquileres de corta estancia a turísticos) en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga. Casbas defiende el sector de las viviendas vacacionales ante la elevada demanda de este tipo de alojamientos y la actividad económica que generan para barrios y ciudades, e insiste en el gran problema de este negocio es la falta de regulación. En este sentido, destaca que “nadie ha tenido el valor de enfrentarse a la realidad de los pisos turísticos” e insiste en que “regular no es prohibir”, sino crear un marco de actuación adecuado y que evite problemas con los vecinos.

La patronal del sector turístico pide que la Ley de Vivienda incorpore una regulación para la ordenación y el cumplimiento de la normativa autonómica a las viviendas de uso turístico (VUT) para que no se acabe produciendo un "trasvase" de viviendas de alquiler residenciales a turísticas. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, señala que es "imprescindible" su tramitación para no pervertir el uso de la ley.

Los ministros de Competencia e Industria de la Unión Europea (UE) han acordado la creación de un registro comunitario de alojamientos turísticos, que ofrecen plataformas como Airbnb, que funcionará como ventanilla única para la transmisión de datos entre los portales de alquiler a corto plazo y las administraciones públicas. Toda casa o piso (y también habitaciones) turístico tendrá un número de registro y obligará a las plataformas a mantenerlo actualizado, lo que permitirá a las autoridades regular esta actividad en sus zonas de influencia.

El Consistorio de la capital castellanomanchega ha tramitado una modificación de su PGOU para hacer frente al aumento de las viviendas turísticas en el casco viejo, ya que no cuenta con competencias en turismo (son de la CCAA), pero sí en urbanismo. La nueva ordenanza prohibirá más de un 20% de pisos turísticos sobre la capacidad máxima del centro histórico. Además, solo se darán nuevas licencias a pisos en primeras plantas o bajos fuera de la zona comercial.

El país vecino ha decidido suspender durante dos años la concesión de licencias para las viviendas turísticas con el objetivo de buscar una solución a la problemática de la falta de vivienda de alquiler que existe en el Principat. Andorra, además, elaborará un plan que fije un máximo de alojamientos de este tipo que puede absorber cada parroquia.

Tras el varapalo sufrido con la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el modelo establecido para controlar los ingresos de los alquileres turísticos, el Ministerio de Hacienda ultima un nuevo sistema. Pretende introducir una nueva declaración informativa obligatoria para todas las personas, entidades y plataformas colaborativas como Airbnb relacionadas como el alquiler turístico, a través del decreto de la Tasa Tobin.

El TJUE ha dictaminado a favor de la Ley que se aplica en Francia que exige la autorización previa de los ayuntamientos para poner una vivienda en alquiler turístico. El tribunal considera que la normativa gala es conforme al Derecho de la Unión ya que “la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al alquiler de larga duración constituye una razón imperiosa de interés general”.

La Agencia Tributaria exigió a miles de contribuyentes una declaración complementaria en 2017 al detectar que no habían declarado los ingresos de los inmuebles que destinan al alquiler, muchos de ellos al vacacional.

La Agencia de Actividades (ADA) del Ayuntamiento de la capital ha inspeccionado en casi año y medio cerca de 7.000 viviendas para regular los alojamientos turísticos, sobre todo, en el centro de Madrid. Ya se han iniciado 710 expedientes de cese y clausura y se han firmado 338 órdenes de cese en pisos que no cuentan con las condiciones para seguir en alquiler vacacional.

Importantes grupos hoteleros como Marriott, IHG o Accor han iniciado su andadura en el negocio de los apartamentos turísticos ante su imparable aumento a nivel mundial. En ciudades como Londres, París o Roma ya cuentan con inmuebles bajo algunas de sus marcas. En España, ante la incertidumbre en la regulación por parte de las distintas administraciones, aún no ha llegado a los grandes del sector.

El alcalde de Nueva York ha anunciado serias medidas contra el alquiler turístico en la ciudad más grande de EEUU. La nueva norma obliga a las plataformas como Airbnb a enviar a las autoridades un listado con las operaciones realizadas por cada propietario de una vivienda de alquiler a corto plazo. Las operadoras se enfrentan a multas de 1.500 dólares por listado al mes si no informa correctamente.

La normativa para regular las viviendas para uso turístico vuelve a ser un punto de conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

El sector del alquiler de pisos turísticos celebra las palabras de la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena sobre la regulación de la actividad. No obstante, recuerdan que aún no hay un texto concreto aprobado y que la propuesta del equipo municipal suscita dudas al negocio. Desde Rentalia, la plataforma de alquiler vacacional del grupo idealista, afirman que "queda que el Ayuntamiento aclare como se va articular la concesión de licencias. De nuevo nos enfrentamos a limitaciones de mercado desproporcionadas".

La Comunidad de Madrid ha anunciado que va a modificar la ley que regula los pisos turísticos. Entre las medidas que pondrá en marcha está dar luz verde a las comunidades de propietarios para que prohíban el alquiler vacacional en el edificio.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció que el Gobierno regional inicia los trámites para modificar el Decreto de Viviendas de Uso Turístico.

Desde la modificación del Gobierno de la Ley de Arrendamientos Urbanos en junio de 2013, que dejó fuera a las viviendas dedicadas al alquiler vacacional, las Comunidades Autónomas tratan de establecer nuevas normativas para legislar un mercado incipiente que busca salir de la alegalidad.

En un demoledor informe de 34 páginas, la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), organismo autónomo pero dependiente del ejecutivo vasco, pide al Gobierno de Urkullu que cambie buen parte de la futura ley que regulará los pisos turísticos en el País Vasco porque considera que “crea barreras para l