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Ayuntamiento y Comunidad de Madrid chocan en la regulación del alquiler vacacional

Autor: Redacción

La normativa para regular las viviendas para uso turístico vuelve a ser un punto de conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio de Carmena ha presentado alegaciones al Proyecto de Ley por el alquiler por habitaciones o la capacidad de alojamiento y pide que los alquileres de menos de tres meses se consideren economía colaborativa.

La regulación del decreto sobre viviendas turísticas que quiere aprobar la Comunidad de Madrid vuelve a generar discrepancias con el Ayuntamiento de Madrid. Ambas administraciones se han erigido como guardianes del alquiler vacacional. El Gobierno de Cifuentes como regulador de la normativa turística y el Consistorio de Carmena como responsable del área urbanística de la capital.

Tras presentar su Plan de Regulación de las viviendas de uso turístico, el Ayuntamiento de Madrid presenta ahora alegaciones al proyecto de Decreto que debe regular las viviendas de uso turístico que pretende sustituir al que el Gobierno de Cristina Cifuentes presentó en 2014.

A las medidas que presentó la Comunidad de Madrid el pasado verano y que publicó en el Portal de la Transparencia a finales de 2017, el Ayuntamiento, a través del Área de Desarrollo Urbano Sostenible responde con su postura:

Alquiler por habitaciones

Mientras el borrador se adapta a la normativa europea y permite el alquiler por habitaciones, cuando lo prohibía en 2014, el Consistorio considera que la inclusión del alquiler de viviendas por habitaciones tendría una incidencia muy negativa en la calidad del servicio de alojamiento turístico.

Además, alega que va a resultar incompatible desde el punto de vista urbanístico atribuir parte de una vivienda como permanente y otra parte como una actividad económica, según define la Ley de Propiedad Horizontal.

“El Ayuntamiento de Madrid propone mantener la comercialización de los pisos, estudios, apartamentos o casas en su totalidad y no por habitaciones a terceros”, afirmó el consistorio en un comunicado.

Número de viviendas turísticas por edificio

Según el Proyecto de Decreto, el número de viviendas de uso turístico implantadas en un edificio no podrá superar el 75% de la totalidad existentes. Dicho porcentaje se reducirá al 50% en aquellos inmuebles que pertenezcan a un único propietario.

Aquí, el Ayuntamiento alega que esa no es competencia del gobierno regional sino de una normativa urbanística propia de las administraciones locales, tal y como indica la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Capacidad máxima por alojamiento

El borrador autonómico establece una capacidad de hasta dos personas para viviendas inferiores a 25 m2 útiles, cuatro personas entre 25 m2 y 40 m2, y dos personas más por cada 15 m2 útiles adicionales.

El Gobierno de Carmena alega que “para una vivienda de 70 m2 se puedan alojar 8 personas, en una de 85 m2 hasta 10, y en una de 100 m2 pueda alcanzar hasta 12 alojados, lo que supone entre el doble y el triple del número de usuarios en viviendas de tipo residencial”.

“Esto supone un inconveniente claro por la mayor presión sobre las viviendas de uso residencial, problemas de convivencia con vecinos, mayor inseguridad en casos de emergencias, etc. Se propone como máximo aceptable una proporción de 2 personas por cada 25 m2 útiles, lo que supondría que un piso de 100 m2 podría alojar a un máximo de 8 personas”.

¿A partir de cuándo se debe considerar como vivienda de uso turístico?

De nuevo, la Comunidad de Madrid elimina la especificación del concepto ‘habitualidad’ y el plazo mínimo de tres meses que hasta ahora se exigía para el ejercicio de la actividad turística a instancias de la normativa europea sobre libertad de empresa, a lo que el Ayuntamiento ofrece su criterio:

“Para que una Vivienda de Uso Turístico (VUT) sea considerada como tal, debe desarrollar esta actividad comercial de forma habitual. El decreto debe estipular que las VUT sean aquellas que se dediquen al alojamiento turístico más de tres meses al año”.

El Ayuntamiento recalca que pese a que el nuevo decreto no contempla un tiempo mínimo a partir del cual se consideraría actividad económica, se está prohibiendo el alquiler de forma ocasional de la vivienda habitual a los ciudadanos residentes, lo que imposibilitaría el desarrollo de la economía colaborativa en este sector. Una de los principales pilares del plan presentado por Carmena.