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Los puntos clave del decreto sobre viviendas turísticas que quiere aprobar la Comunidad de Madrid

Autor: Redacción

El Gobierno presidido por Cristina Cifuentes preparó en verano el borrador de un nuevo decreto sobre las viviendas vacacionales en la región, aunque ha sido este mes cuando el texto ha salido a la luz, coincidiendo con los planes del Ayuntamiento de la capital de sacar adelante su propia regulación.

El Gobierno de la Comuniad de Madrid ha publicado en su Portal de Transparencia el borrador del decreto que debe regular las viviendas de uso turístico y que sustituirá a otro de 2014.

 

En el decreto aparecen varias medidas novedosas, entre las que destacan estas:

Las viviendas deberán mostrar el número de registro en la Comunidad de Madrid

Las viviendas se inscribirán en el en el Registro de Empresas turísticas regulado en la Ley 1/1999, de 12 de marzo de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid. En toda forma de publicidad deberá constar el número de referencia de la inscripción en el citado Registro.

Se pedirá Certificado de idoneidad

Se instaura el Certificado de idoneidad para las viviendas de uso turístico (CIVUT); un documento técnico que garantiza al usuario de la vivienda donde va a alojarse que cumple unos parámetros concretos. Estos criterios para la vivienda se enfocan desde una perspectiva turística, no urbanística.

Debe ser emitido por un técnico competente que habilite a la vivienda para que cumpla con los siguientes requisitos:

  • Disponer de calefacción, suministro de agua fría y caliente y fuentes de energía suficientes.
  • Disponer de ventilación directa al exterior o a patio no cubierto.
  • Disponer de un extintor manual.
  • Disponer de señalización básica de emergencia para indicar la puerta de salida de la vivienda.
  • Disponer de un plano de evacuación del edificio y de la vivienda en un lugar visible.

Se podrán alquilar habitaciones

El nuevo borrador elimina la prohibición de alquilar por habitaciones a instancias de la normativa europea sobre libertad de empresa.

Además, desaparece la especificación del concepto ‘habitualidad’ y el plazo mínimo de tres meses que hasta ahora se exigía para el ejercicio de la actividad turística.

La comunidad de propietarios puede prohibir por estatutos el desarrollo de esta actividad en su Comunidad

Se introduce también por primera vez, la posibilidad de prohibir la implantación de viviendas de uso turístico en aquellas Comunidades de Propietarios cuyos Estatutos así lo recojan de forma expresa.

El número de viviendas de uso turístico implantadas en un edificio no podrá superar el 75% de la totalidad de las viviendas existentes. Dicho porcentaje se reducirá al 50% en aquellos inmuebles que pertenezcan a un único propietario

Se deben remitir los datos de los viajeros a la Dirección General de la Policía

En materia de protección ciudadana, los propietarios del establecimiento turístico o sus gestores están obligados a enviar a la Policía la información relativa a la identidad de las personas que se alojan. Se trata de controlar el flujo de personas que acuden a esta modalidad de alojamiento turístico.

Disponer de un seguro de responsabilidad civil

Se convierte en obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil, tener hoja de reclamaciones, y otras disposiciones como respetar el ratio de capacidad de personas alojables en función de las dimensiones de la vivienda. Además, de disponer de información de los teléfonos y direcciones de los servicios de emergencia y sanitarios en al menos dos idiomas.

Esta es la capacidad máxima por vivienda:

  • Para viviendas inferiores a 25 m2 útiles, hasta dos personas.
  • Para viviendas entre 25 m2 y 40 m2 útiles, hasta cuatro personas.
  • Por cada 15 m2 útiles adicionales, se permitirán dos personas más.

Las plataformas se asimilan a empresas turísticas

Los canales de oferta turística pasaran a tener la misma responsabilidad jurídica que una empresa turística. A partir de ahora, las plataformas de oferta de alojamientos turísticos tendrán que cumplir las obligaciones de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo, y quedan sujetas al régimen sancionador dispuesto en la Ley para las empresas turísticas.

Aún así, el Parlamento Europeo ya ha instado a precisar el régimen de responsabilidad de las plataformas colaborativas.

Informar a viajeros de normas cívicas y de convivencia

Para evitar un uso desordenado de los usuarios, una de las “debilidades más conocidas de la práctica turística” según el borrador de la Comunidad, los propietarios deberán facilitar información sobre normas cívicas previstas en las ordenanzas municipales o las normas de la Comunidad de Propietarios. Los usuarios deberán aceptar expresamente estas condiciones antes del alojamiento. “Con ello se pretende ahondar en la concienciación de los usuarios hacia un ejercicio responsable de esta forma de alojamiento turístico”, concretan.

Regimen sancionador

En caso de incumplir las normativas, se regirá por lo dispuesto en el capítulo II, de la disciplina turística del Título IV Del Control de la calidad” de la ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, que podría suponer la imposición de sanciones de hasta 300.000 euros.