Generalitat Catalunya

La Generalitat de Catalunya busca prevenir incendios como el que tuvo lugar en un edificio residencial de Valencia a finales de febrero. Para ello, el Departament de Territori del gobierno catalán ha impulsado un grupo de trabajo para identificar si hay edificios en Cataluña con revestimientos de fachadas construidos con materiales inflamables. Para estudiarlos se ha reunido a una serie de expertos en la materia y tiene por objetivo desarrollar los trabajos necesarios para la prevención de las posibles problemáticas con las fachadas ventiladas antes de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, CTE, en 2006.

El gobierno catalán ha mostrado su rechazo al sistema de índices de referencia de alquiler propuesto por el Gobierno, que ha optado por crear un índice homogéneo a todo el Estado español. Ambas administraciones acordaron el pasado mes de enero la aplicación de la ley de contención de rentas en los 140 municipios de Cataluña calificados como áreas tensionadas, quedando pendiente de aprobación los índices que se aplicarían en estos municipios.

El Gobierno catalán ha impuesto 246 sanciones a 79 grandes tenedores por un importe global de más de 6 millones de euros. La sanción se debe a que estos grupos no han ofrecido estas viviendas para alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión residencial. Entre las empresas castigadas están Altamira, de Santander, Cedifimo o Coral Homes.

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han firmado un convenio de colaboración para la promoción y construcción de un mínimo de 1.700 viviendas sociales en Barcelona. Con este pacto, el consistorio cederá al Institut Català del Sòl (Incasòl) los derechos de varios solares municipales por un plazo de 75 años y el Incasòl invertirá 221 millones de euros en la construcción de las viviendas.

La Generalitat de Cataluña busca dar nuevo uso a su suelo para crear, entre otras, nueva vivienda. La Comisión territorial de urbanismo del Ámbito Metropolitano de Barcelona ha aprobado la actualización de la regulación de usos de los equipamientos públicos de todos los municipios del área metropolitana de Barcelona. De esta forma, se facilita que los suelos para equipamientos se destinen a usos que no se contemplaban cuando se redactó el Plan General Metropolitano, en 1976, y que han ido apareciendo a lo largo de los años.

Cataluña suma nueva vivienda asequible a su cartera. La Generalitat ha anunciado que sacará a licitación este mes las primeras tres parcelas propiedad del Incasòl para que los operadores privados puedan construir vivienda de protección oficial (VPO) de alquiler, según ha explicado la consellera de Territori, Ester Capella, en Esplugues (Baix Llobregat), donde visitó los primeros terrenos que se cederán con derecho de superficie a promotores privados, con un potencial para 341 pisos.

Cataluña abre el plazo para solicitar ayudas para adaptar las viviendas de las personas mayores de 65 años y favorecer su accesibilidad. El periodo para demandar estas subvenciones se alargará hasta el 30 de junio. La cuantía máxima a la que se puede optar es de 4.000 euros, pero el presupuesto total con el que contará el gobierno catalán para este proyecto es de 1,6 millones de euros

Cataluña estrena las ayudas europeas a la rehabilitación. Tras la firma de dos acuerdos acuerdo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) , la Consejería de Territorio de la Generalidad de Cataluña y el Consorcio Metropolitano de Vivienda ( CMH ), Cataluña ya ha puesto en marcha la maquinaria para empezar a rehabilitar. El primero será un inmueble de 104 viviendas situado en el barrio de Sant Ildefons, en Cornellà de Llobregat.

Cataluña aprueba sus presupuestos y deja su partida para vivienda algo desamparada. El gobierno catalán ha aprobado los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2023, que ascienden a 41.025 millones de euros. De estos, solo 661 millones de euros irán a vivienda, un 44% menos. En la presentación de las cuentas el gobierno ha destacado, sin embargo, que éstas prevén una inyección de casi 300 millones durante el año para proyectos concretos.

La Generalitat de Cataluña estrena el año con una nueva inversión en vivienda, tanto pública como rehabilitaciones. Por un lado, la comunidad autónoma invertirá 1,3 millones de euros en una nueva promoción de pisos de alquiler asequible con protección oficial en Sitges, mientras que en Sabadell, el gobierno catalán destinará 1,7 millones de euros en rehabilitar 170 viviendas en el barrio de Arraona.

La Generalitat catalana quiere sumar más vivienda a su parque siguiendo las fórmulas del Ayuntamiento de Barcelona.

La Generalitat, a través de la Agencia Catalana del Consum, (ACC) ha impuesto 57 sanciones a grandes propietarios por no ofrecer un alquiler social a personas vulnerables que iban a ser desahuciadas, tal y como contempla la ley de vivienda de Cataluña. El importe de las sanciones es de 30.000 euros, aunque la ley catalana prevé un máximo de 100.000 euros. En total, el conjunto de sanciones asciende a 1,7 millones de euros.

El covid-19, el límite del alquiler y las medidas vinculadas a la crisis sanitaria no han ayudado al mercado del alquiler en Cataluña. Según un informe de la Generalitat de Cataluña, estas herramientas han hecho que se reduzca la oferta de pisos en alquiler, se dispare el precio y que haya un escenario de “inseguridad jurídica” que complica la evolución de este sector.

Más espacio para la logística en Cataluña con un movimiento histórico. En Vilarodona (Tarragona), en la comarca del Alt Camp, su parque logístico ganará 3.400 hectáreas brutas, mientras que también se pondrá en marcha un polígono de este tipo en Lleida, en la zona de Torreblanca.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados del PP contra 11 artículos de la Ley catalana de alquiler. El TC aclara que varios de estos preceptos son inconstitucionales por la invasión de competencias del Estado, referida a la fijación en un mercado único de las bases para regular los contratos. Desde la publicación de la sentencia no se podrán firmar alquileres con límites de rentas, aunque sí los mantendrán los contratos de arrendamiento de vivienda celebrados con anterioridad.

Airbnb ha celebrado este miércoles que el Tribunal Supremo (TS) haya anulado una orden de la Generalitat, de enero de 2015, que les obligaba a dejar de anunciar en su portal los pisos que no consten de número de inscripción en el Registro de Cataluña, lo que acredita su legalidad como vivienda turística. El Tribunal Supremo ha dictaminado que Airbnb es un prestador de servicios de la sociedad de la información y no de servicios turísticos o inmobiliarios.

La conselleria de Drets Socials de la Generalitat ha anunciado una subvención dedicada a la construcción de 688 viviendas asequibles en la comunidad. De las cerca de 700 viviendas, según ha comunicado el departamento, 101 serán viviendas dotacionales . La construcción se repartirá en 20 promociones, que suponen una inversión total de 17,9 millones de euros.

La gestora de inversiones de Deutsche Bank (DWS) ha puesto a la venta un edificio de oficinas localizado en el número 2 de la avenida de Josep Tarradellas, en Barcelona. El inmueble está ocupado actualmente por un departamento de la Generalitat y el precio de salida es de 110 millones de euros. El grupo quiere aprovechar con esta operación el interés inversor por Barcelona.

El Gobierno Central ha confirmado el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de alquiler de viviendas promulgado por la Generalitat, que habilita a los Ayuntamientos a poner límites a los precios de los arrendamientos, por sobrepasar sus competencias, aunque no ha solicitado la suspensión cautelar de la medida. También solicita amparo al Tribunal Constitucional por varios artículos de otro decreto catalán sobre la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia del covid-19.

La aseguradora francesa ha puesto en venta cinco edificios de oficinas en la capital catalana arrendados a largo plazo por la Generalitat catalana por un importe de 250 millones de euros. Se prevé que la operación se cierre durante el verano. La cartera de Axa se conoce bajo el nombre de Pentagon. La aseguradora inició el proceso de venta hace unas semanas y varios candidatos han superado el importe exigido.

El fondo de inversión Franklin Templeton ha adquirido un complejo de oficinas de 9.900 m2 ubicado en el distrito 22 @ de Barcelona. Este activo está alquilado actualmente a la Agencia de Empleo de Cataluña, que asumirá la ocupación total del inmueble a partir de octubre de 2021 a largo plazo.

El Constitucional ha declarado por unanimidad inconstitucionales y nulos varios artículos del decreto-Ley de la Generalitat catalana en materia de vivienda de finales de 2019, entre los que se obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos morosos o a los okupas vulnerables. El tribunal ha considerado que esta regulación debe hacerse por una Ley, y no por decreto. El TC también ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la norma catalana aprobada el pasado septiembre para limitar el precio del alquiler en Cataluña.

Que la Cataluña rural sea una opción a tener en cuenta para instalar tu primera residencia es uno de los nuevos objetivos de la Generalitat. Por este motivo, el gobierno catalán ha puesto en marcha una prueba piloto con 20 municipios para el Programa de promoción de la vivienda en el mundo rural. Se invertirán 2 millones de euros y el objetivo es repoblar algunas de las zonas más rurales de la comunidad.

El gobierno catalán ha aprovechado los doce meses más convulsos que se recuerdan en años para sacudir el mercado de la vivienda. Con todo el sector inmobiliario en contra de la mayoría de sus movimientos, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona han aprobado leyes como el control de precio del alquiler, la “legalización” de la okupación ilegal tras seis meses o la intervención del mercado residencial en Barcelona.

Los continuos cambios en las reglas del juego del inmobiliario en Cataluña obligan a que las plataformas inmobiliarias deban adaptarse a la variada y constantemente cambiada legislación inmobiliaria catalana.