La Generalitat de Cataluña ha aprobado destinar más de 31 millones de euros del remanente de tesorería a financiar subvenciones para el pago del alquiler y la cesión de viviendas en 2024. Con esta medida, se pretende aliviar la carga económica de las personas y familias con más dificultades para acceder a una vivienda, en un contexto de creciente demanda y aumento de los precios del alquiler.
La cifra exacta asciende a 31.341.895,39 euros, un remanente no afectado que ha sido autorizado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, tras contar con el respaldo del informe de la Intervención General de junio de 2024. Estos fondos, previstos en la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2023 y prorrogados para el próximo año, se destinarán a subvenciones otorgadas mediante un régimen de concurrencia pública competitiva. De este modo, se priorizará a aquellas personas y familias que más lo necesiten.
La Agencia de la Vivienda de Cataluña, adscrita a la Secretaría de Vivienda del Departamento de Territorio, es el organismo encargado de gestionar las políticas públicas de vivienda de la Generalitat. Gracias a esta inyección de recursos, la Agencia podrá reforzar sus programas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, ayudando a garantizar el acceso y mantenimiento de una vivienda en condiciones dignas. Este refuerzo se considera esencial en un momento en el que muchas familias enfrentan dificultades para cubrir los costes del alquiler.
El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales, y esta medida es un paso clave en la estrategia del Govern para aliviar la presión que supone el pago de la vivienda, especialmente en las áreas urbanas con mayores niveles de demanda. La medida se alinea con otras políticas de la Generalitat que buscan reducir las desigualdades en el acceso a la vivienda y garantizar una mejor distribución territorial de las ayudas.
El Gobierno catalán reafirma con esta decisión su compromiso para enfrentar el desafío del acceso a la vivienda, una de las prioridades de la legislatura. La situación de la vivienda en Cataluña, marcada por la escasez de oferta asequible y el aumento de los precios del alquiler, ha provocado que muchas familias necesiten recurrir a ayudas públicas para poder mantener su hogar.
Con la movilización de este remanente de tesorería, el Govern espera no solo cubrir las necesidades más urgentes de las familias vulnerables, sino también avanzar hacia una política de vivienda social más equitativa y accesible para toda la ciudadanía. Asimismo, este esfuerzo se inscribe en un contexto de amplio debate sobre la necesidad de impulsar una mayor construcción de vivienda social y aumentar las ayudas para que el acceso a la vivienda no siga siendo un obstáculo para tantas personas en Cataluña.
El acceso a una vivienda digna y asequible es, según destacan desde el Ejecutivo catalán, uno de los retos estructurales más urgentes de la comunidad.
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