La Generalitat de Cataluña intenta poner solución a la crisis habitacional que se vive en su territorio. El Consell Executiu de Cataluña ha aprobado el Decreto del Plan Territorial Sectorial de Vivienda, un marco estratégico que busca dar respuesta a las necesidades residenciales de la región. Este plan se alinea con la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007, que establece la creación de un instrumento fundamental para la planificación y programación de políticas de vivienda en toda la comunidad autónoma. La nueva regulación definirá las áreas de alta demanda residencial y establecerá objetivos específicos para los próximos cinco años.
Áreas de alta demanda y solidaridad urbana
Una de las principales medidas del plan es la identificación de los municipios que se encuentran en áreas de demanda residencial fuerte y acreditada. Estos municipios tendrán que cumplir con objetivos de “solidaridad urbana”, lo cual implica destinar al menos un 15% de su parque de viviendas principales a políticas sociales en un plazo de 20 años. Además, se fija el objetivo de incrementar el número de viviendas de alquiler asequible hasta alcanzar el 9% del parque total en Cataluña.
El denominado “Plan 50.000”, recientemente presentado por la Generalitat, detalla la aportación económica y las acciones necesarias para cumplir con estos objetivos en el próximo quinquenio.
Estándares para la reserva de suelo y flexibilidad en las normativas
El nuevo plan también aborda la reserva de suelo para viviendas de protección pública en áreas de alta demanda. Los municipios afectados deberán reservar el 50% del suelo destinado a nuevos desarrollos residenciales en áreas urbanizables delimitadas y el 40% en suelo urbano no consolidado. Esta cifra se podrá reducir hasta el 30% en caso de ser necesario para garantizar la viabilidad económica de las actuaciones. La mitad de estas reservas deberá destinarse específicamente al régimen de arrendamiento.
El plan establece un plazo de dos años para que los municipios adapten sus planes locales de vivienda al nuevo marco territorial, asegurando así una coherencia con los objetivos establecidos.
Integración de diferentes tipos de viviendas sociales
El plan prevé la incorporación de diversas tipologías de viviendas al parque destinado a políticas sociales. Entre ellas se incluyen:
- Viviendas con protección oficial.
- Viviendas promovidas por operadores públicos con precios intermedios.
- Viviendas públicas o privadas gestionadas por administraciones.
- Alojamientos dotacionales.
- Viviendas privadas de alquiler gestionadas por redes de mediación social.
- Viviendas de inserción y acogida para colectivos vulnerables, como personas inmigradas o solicitantes de asilo.
- Viviendas cedidas en régimen de masovería urbana (una forma de vivienda alternativa, que ya se practicaba en masías catalanas y que ofrece vivienda a cambio de trabajar sus tierras, por ejemplo) y otras destinadas a trabajadores.
Control del parque de viviendas y fondo de solidaridad urbana
Los municipios deberán crear un censo de viviendas destinadas a políticas sociales en el plazo de un año tras la entrada en vigor del Plan Territorial Sectorial de Vivienda. Además, se establece la posibilidad de que las áreas con demanda residencial fuerte se mancomunen para gestionar estas políticas de manera más eficiente. La Generalitat será la encargada de gestionar un fondo de solidaridad urbana y se encargará de coordinar programas de inspección para detectar viviendas desocupadas, con la finalidad de elaborar censos de propiedades que puedan ser afectadas por las medidas.
Plazos y entrada en vigor
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. No obstante, los objetivos específicos de solidaridad urbana, alquiler social y protección oficial se pondrán en marcha a partir del 1 de enero de 2025, momento en que los municipios deberán cumplir con las exigencias marcadas por el nuevo marco regulador.
Con esta nueva iniciativa, el gobierno catalán busca consolidar un sistema de vivienda más inclusivo y asequible, al tiempo que promueve un desarrollo urbano equilibrado y sostenible.
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