El Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña ha aprobado un ambicioso plan de medidas urgentes para aumentar la oferta de vivienda protegida en la comunidad. Esta iniciativa, presentada como respuesta a la creciente crisis de acceso a la vivienda, incluye un conjunto de acciones diseñadas para facilitar la construcción de viviendas de alquiler y el acceso a las mismas por parte de colectivos vulnerables. Entre ellas se encuentra una que permitirá aplazar el pago de la entrada de la vivienda hasta un máximo de 30 años
El objetivo de esta medida es evitar que los jóvenes tengan que hacer frente simultáneamente al pago del préstamo principal de la hipoteca y a la devolución del crédito concedido para la entrada del inmueble.
El Instituto Catalán de Finanzas se encargará de gestionar este fondo, que estará dotado de 100 millones de euros anuales, mientras que la Agencia de la Vivienda de Cataluña subvencionará el aplazamiento de la entrada. Para acceder a esta ayuda, los jóvenes deberán aceptar que la vivienda se clasifique como de precio limitado de forma permanente, lo que implica que solo se podrá vender al precio de compra original ajustado al incremento del coste de vida, sin margen de especulación.
El Gobierno catalán se ha fijado como meta beneficiar a 12.000 unidades familiares en un plazo de cinco años, garantizando que los jóvenes puedan invertir en su futuro sin la presión financiera de los pagos iniciales elevados.
Reserva pública de solares y otras medidas de promoción
Otro eje central del plan es la Reserva pública de solares, que tiene como objetivo identificar y gestionar anualmente los terrenos disponibles para la construcción de vivienda protegida. Esta reserva incluirá solares con promotores públicos y privados, así como aquellos sin promotor definido, que posteriormente podrán optar a ayudas públicas. Para ello, la Generalitat destinará una línea de préstamos de 500 millones de euros anuales a través del Instituto Catalán de Finanzas, a fin de suplir la falta de financiación y promover la construcción de vivienda social.
El documento también contempla modificaciones normativas para que los municipios puedan destinar a uso habitacional solares inicialmente planificados como equipamientos y que ya no son necesarios para dicho fin. La meta es incrementar la oferta de viviendas destinadas a los colectivos con mayores dificultades de acceso.
Además, se intensificará la transformación de suelos residenciales en viviendas de protección oficial y se reforzará la promoción directa de estos proyectos. El Incasol recibirá financiación para adquirir suelo destinado al alquiler protegido y se abrirá una convocatoria anual para la compra de edificios de obra nueva, calificados como vivienda protegida, con el objetivo de destinarlos al alquiler.
Coordinación entre administraciones y sanciones para la contención de rentas
El acuerdo incluye la creación de una Mesa de trabajo entre la Generalitat y el Gobierno de España para transformar suelo y edificios de titularidad estatal en viviendas de protección oficial o alojamientos dotacionales. A nivel local, se establecerá una convocatoria anual de subvenciones para que los ayuntamientos contraten equipos técnicos externos que faciliten la promoción de vivienda protegida de alquiler.
Asimismo, se prevé un régimen sancionador para la contención de rentas, con el fin de proteger a las familias más vulnerables. La Generalitat incrementará los fondos destinados a los programas de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que alcanzarán los 500 millones de euros anuales, con el objetivo de garantizar la permanencia en sus hogares de aquellos ciudadanos que no puedan asumir la totalidad del coste del alquiler.
Licencias básicas y agilización urbanística
En la misma línea de agilización, se plantea una reforma normativa que permitirá iniciar las obras de viviendas de alquiler protegido mediante una licencia básica, siempre que se respeten los parámetros urbanísticos. Esto permitirá avanzar en la construcción mientras se tramita la licencia urbanística definitiva.
Finalmente, el plan contempla la creación de un Comité de agilización urbanística para mejorar la coordinación entre los organismos implicados, y el impulso de un decreto para habilitar entidades que faciliten la concesión de licencias urbanísticas municipales de forma más rápida.
Con estas medidas, el Govern de Cataluña pretende aliviar la presión del mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias vulnerables.
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