El Gobierno catalán ha impuesto 246 sanciones a 79 grandes tenedores por un importe global de más de 6 millones de euros. La sanción se debe a que estos grupos no han ofrecido estas viviendas para alquiler social a personas y familias en riesgo de exclusión residencial. Entre las empresas castigadas están Altamira, de Santander, Cedifimo o Coral Homes.
Este es el balance del primer año del programa de refuerzo para velar por el cumplimiento de la ley de emergencia habitacional liderada por la Generalitat de Cataluña. El programa ha permitido multiplicar casi por 8 las actuaciones de control, haciendo aflorar incumplimientos persistentes.
Como resultado, se han abierto más de 1.200 expedientes, de los que se han resuelto hasta ahora 246 con sanciones graves.
Qué infracciones se han detectado
Entre las infracciones detectadas destaca no acreditar documentalmente la oferta de alquiler social a personas o familias en situación de vulnerabilidad antes de iniciar el procedimiento de desahucio.
Asimismo, la Agencia de Consumo ha detectado que dos grandes tenedores (Divarian Propiedad y Promontoria Coliseum Real Estate) acumulan más de la mitad del total de expedientes incoados. Las multas son de hasta 30.000 euros por expediente.
Medidas disuasivas adicionales
Dado que algunas empresas acumulan un número considerable de expedientes, se incorpora en todos los expedientes una sanción accesoria de publicidad que permite difundir la multa cuando ésta se convierte en firme.
La normativa establece que las personas físicas o jurídicas consideradas grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de interponer cualquier demanda de ejecución hipotecaria o desahucio (o bien antes de adquirir una vivienda fruto de acuerdo de compensación o dación en pago), cuando la gente que vive allí se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial.
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