El Gobierno avisa a las inmobiliarias: la multa por cobrar comisión a inquilinos puede superar los 100.000 euros

La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha notificado a diferentes mercantiles inmobiliarias dedicadas a la gestión de alquiler de viviendas que no pueden cobrar una comisión por sus servicios a los inquilinos.

Así, han indicado que este tipo de acciones pueden llegar a sancionarse con una multa pecuniaria entre 10.001 y 100.000 euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Este anuncio ha sido realizado por Consumo tras tener conocimiento de que ciertas empresas habrían obligado a las personas interesadas en arrendar una vivienda a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento de la vivienda.

Este pago se trataría de una comisión equivalente a un mes de alquiler de la vivienda más un 21% de IVA, una práctica que está fuera de la ley, concretamente del artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en la que se determina explícitamente que "los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador", tras los cambios realizados en la Ley de Vivienda.

Así, Consumo ha informado a estas mercantiles inmobiliarias de que este tipo de cláusulas contractuales o la imposición al arrendatario de cualquier otro cargo de análoga naturaleza podría, caso de constatarse, ser considerado como abusivo según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Qué es lo que dice la LAU respecto a los gastos de gestión inmobiliaria en el alquiler

La disposición final primera de la Ley de Vivienda modificó varios apartados de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Y uno de ellos es la modificación del apartado 1 del artículo 20:

"Las partes podrán pactar que los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, sean a cargo del arrendatario.

(...)

Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador".

Los gastos de gestión son los gastos que cobran las agencias de forma previa, por buscar, mediar, ofrecer y enseñar propiedades en alquiler a los inquilinos interesados, mientras que los de formalización están vinculados a la redacción del contrato de alquiler.

Hasta la entrada en vigor de la Ley de Vivienda había algunas comunidades donde los gastos de gestión se repartían entre propietario e inquilino, mientras que en otras CCAA lo hacía directamente el arrendatario.

Desde el Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios de Madrid (COAPIMADRID – AIM) subrayan que al quedar encuadrado dicho artículo en el Título II “De los arrendamientos de vivienda”, dicha disposición solo será aplicable cuando se trate de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, quedando excluidos, por tanto, los contratos de temporada, de viviendas suntuarias, de uso turístico, y de uso distinto del de vivienda (locales, oficinas y despachos), en cuyos casos serán las partes las que libremente acuerden sobre quien recaen los honorarios, arrendador o arrendatario.

No obstante, hay gastos que las inmobiliarias sí pueden cobrar a los inquilinos, y están relacionados con servicios adicionales a los descritos, como podrían ser la contratación de seguros o el cambio de titularidad de los gastos generales del inmueble, según la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Para Montserrat Junyent, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) y responsable jurídica de los COAPIs de España, las inmobiliarias pueden repercutir otros gastos de gestión diferente a los de LAU siempre acordes al encargo que se les ha pedido. “No es lo mismo cobrar por formalizar el contrato y la gestión inmobiliaria que el cambio de titular de los gastos generales de la vivienda u otras gestiones”.

Según explicaron profesionales y asociaciones a idealista/news, la normativa está provocando una caída de la facturación de las empresas del sector, despidos de personal y un giro del negocio hacia el segmento de la compraventa, ante las dificultades para cerrar operaciones vinculadas a los alquileres, que ya no es rentable para muchas agencias. A corto plazo, descartan que el escenario mejore, lo que deja a muchas empresas del sector en una situación económica crítica.

Un estudio de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) afirma que las operaciones de gestión de alquiler en las agencias inmobiliarias se han reducido casi un 30% y que la mitad de las agencias encuestadas ha sufrido una caída en la cartera de inventario del alquiler, lo que ha llevado a muchas a renunciar al negocio del alquiler.