Ley alquiler vivienda

Dos informes jurídicos independientes a los que ha tenido acceso idealista/news han puesto en cuestión la nueva Ley catalana 11/2025 de vivienda y urbanismo, abriendo un debate de gran calado sobre su encaje constitucional. El primero, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona Joan Manuel Trayter a petición de la asociación Som Habitatge, analiza el régimen de inspección y sanciones. El segundo, firmado por los profesores Sergio Nasarre, Héctor Simón y Gemma Caballé, se centra en la regulación de los arrendamientos de temporada y por habitaciones. Ambos coinciden en señalar posibles vulneraciones de derechos fundamentales e invasión de competencias estatales.

El anuncio oficial del Anteproyecto de Ley de Vivienda de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, abre el proceso de tramitación parlamentaria que se espera concluya tras el verano de 2022.

El líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado (PP), ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Vivienda y ha confirmado que su partido no la aplicará en las comunidades autónomas donde gobierna. esta intervención en el mercado del alquiler lanza un "mensaje de inseguridad jurídica" y ha señalado que un Gobierno no puede "interferir" en la libertad y en la propiedad privada.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado que confía en anunciar en breve el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 en el seno del Ejecutivo, así como con otras fuerzas políticas. Sobre los escollos entre los socios de Gobierno respecto a la aplicación de un tipo fijo del 15% a las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades y por el control de los precios de alquiler, la ministra ha desvinculado el apoyo de Unidas Podemos a los PGE un acuerdo definitivo sobre la Ley de Vivienda, aún en negociaciones pese a los retrasos que lleva acumulando.

PSOE y Unidas Podemos intentan desatascar la Ley de Vivienda, que lleva varios meses paralizada entre peticiones de unos y otros.

La negociación de la primera Ley estatal por el Derecho a la Vivienda entre PSOE y Podemos sigue enquistada en si aplicar una regulación al mercado del alquiler o en ofrecer beneficios fiscales. Parece que hay consenso en medidas como un recargo a las viviendas vacías o la de incrementar el parque público en alquiler. Para evitar que en un futuro pueda privatizarse, se está concretando la fórmula legal para prohibir su venta a inversores privados.

La formación morada, todavía encabezada por Pablo Iglesias, responde a las medidas fiscales planteadas por el PSOE para contener los precios del alquiler y aumentar la oferta en el mercado con la creación de un Registro de Contratos de Alquiler (RCA), donde habrá que apuntarse para poder recibir ayudas o bonificaciones. Además, quiere limitar las rentas en zonas tensionadas referenciadas al Índice Oficial de Precios, y que solo puedan superarlo los pisos en buen estado, cuyo precio podrá subir en un máximo del 2,5%.

La última propuesta del PSOE sobre la Ley de Vivienda no contempla la opción de limitar el precio del alquiler, sino que ofrecen deducciones importantes en el IRPF a los arrendadores que motu proprio decidan bajar la renta un 10%. Esta decisión no ha sentado nada bien entre los socios del Gobierno, Unidas Podemos y ERC, que ya han avisado de que, si no se controlan los alquileres, el PSOE “tendrá que cambiar de socios”.

En el marco de las negociaciones entre PSOE y Podemos para sacar adelante la futura Ley de Vivienda, el Mitma plantea crear nuevos incentivos fiscales para que los propietarios saquen sus viviendas al mercado de alquiler y se reduzcan las rentas a los actuales inquilinos. La más destacada es una deducción de hasta el 90% en el IRPF si el propietario abarata en un 10% el actual arrendamiento y el inmueble, además, se encuentra en una zona declarada tensionada.

La inclusión de medidas para rebajar los precios del alquiler en zonas tensionadas sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto entre los socios de Gobierno en la negociación de la Ley estatal de Vivienda. El PSOE plantea que la actual deducción del 60% en el IRPF por los rendimientos del alquiler se aplique solo a aquellas rentas que apliquen como máximo el precio del arrendamiento que estable el Índice Oficial de precios del alquiler.

Las obras de conservación de un edificio o una vivienda son necesarias y convenientes, e incluso obligatorias desde algunas administraciones, con el paso de los años. En el caso de que la reforma se produzca en un inmueble con un alquiler de renta antigua, el Tribunal Supremo ha clarificado que el arrendador pueda repercutir al inquilino los gastos asociados al buen mantenimiento de la propiedad.

El último real decreto ley sobre alquileres que entró en vigor el pasado mes de marzo limita las garantías adicionales que pueden exigir los propietarios a los inquilinos: un mes de fianza más dos meses en concepto de garantía adicional. Sin embargo, la Agencia Negociadora del Alquiler ha observado un vacío legal que permite a los caseros aumentar sin límite dichas garantías si firman contratos por más de cinco años (o siete si el arrendador es una empresa).

El Ministerio de Fomento ha lanzado una web donde, además de aportar toda la información estatal que en materia de alquiler puede interesar al ciudadano, da a conocer las principales novedades del la nueva ley que entró en vigor en marzo. Sin embargo, los expertos alertan de que su contenido podría dar lugar a errores de interpretación tanto por parte del arrendador como del arrendatario.

Los últimos decretos aprobados por el Gobierno en materia de alquileres de viviendas han penalizado de forma excesiva a los arrendadores de viviendas cuando son personas jurídicas, pensando que éstos estaban compuestos solamente por grandes corporaciones inmobiliarias y fondos buitres tenedores

El pasado 6 de marzo entró en vigor la nueva ley del mercado del alquiler para proteger a los inquilinos y atacar la subida de los precios del alquiler en zonas como Madrid o Barcelona. Sin embargo, la nueva regulación también es aplicable en Euskadi y de hecho los propietarios vascos están entre los principales afectados. Durante los últimos años han alquilado sus viviendas a precios mucho más moderados que en el resto de grandes mercados, sobre todo por la abundancia de vivienda pública de alquiler. Pero con la nueva regulación los propietarios vascos también están obligados a firmar contratos de alquiler que pueden llegar a durar 10 años.

El precio de las rentas en las principales ciudades ha empujado a que se plantee si se debe regular el mercado del alquiler en España. La propuesta, planteada por la PAH, y abrazada por Unidos Podemos, Compromís, ERC, PdeCat y Bildu, ha llegado al Congreso para crear una ley que ponga topes a los alquileres a escala nacional, además de impedir más desahucios o blindar el acceso a suministros básicos. Pero primero deberá debatirse si es aplicable legalmente o generará mayor frustración.

La secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda del PSOE y exministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha planteado medidas como la recuperación de la Renta Básica de Emancipación (RBE) y modificar la ley de arrendamientos urbanos (LAU) para atender a la dificultad de los

La consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de Cataluña, Meritxell Borràs, ha anunciado en un desayuno-coloquio del Fórum Europa Tribuna Catalunya que presentará en las próximas semanas el índice de referencia de precios del alquiler para las cuatro capitales catalanas y