Control de alquileres

La primera Ley de Vivienda estatal será aprobada en el próximo Consejo de Ministros, en la que se introducirán medidas para que los ayuntamientos pueden declarar zonas tensionadas en el mercado del alquiler para limitar los precios de las rentas a grandes tenedores, además de ofrecer rebajas fiscales a pequeños propietarios si congelan los alquileres o un recargo mínimo del 50% en el IBI por casas vacías sin causa justificada. También ofrecerá incentivos para favorecer alquileres asequibles y la imposibilidad de vender en un futuro la vivienda pública.

El avance de la nueva Ley de Vivienda del Gobierno ha provocado una considerable alarma en el sector inmobiliario. Mikel Echavarren, presidente de Colliers, recalca la importancia del papel de los fondos de inversión en la construcción de vivienda nueva en alquiler. La rentabilidad que obtienen, antes de impuestos, no supera el 4%, y asumen riesgos como la posible ocupación, la variación de los costes de los materiales de construcción o los cambios en las reglas del juego del gobierno de turno. Echavarren critica que esta nueva ley no hará más que ahuyentar al inversor que es quien puede levantar viviendas en alquiler más rápida y eficientemente.

El anuncio del Gobierno de poner en marcha la Ley de Vivienda con un control de precios al alquiler, gravar más la vivienda vacía o imponer tasas de VPO en la obra nueva ha levantado polémica en el sector y en las autonomías gobernadas por el PP. idealista/news entrevista a Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, en la que critica las medidas que se pretenden poner en marcha, sin contar con las autonomías. Además, adelanta que con lo que sabe, el gobierno de la Región no aplicará la Ley de Vivienda por ser un modelo que interviene el mercado y atenta contra la propiedad privada.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha adelantado que el Gobierno tiene intención de llevar la Ley de Vivienda al Consejo de Ministros del próximo 26 de octubre, en una entrevista concedida a TVE.

Durante la crisis europea por el covid, se perdieron millones de puestos de trabajo, se destruyeron ingresos y medios de vida y muchos temieron por su futuro financiero. La vivienda tomó un camino diferente. El auge de los precios de las viviendas ha ampliado el abismo entre los que tienen un inmueble en propiedad y los que no tienen, ha alimentado la ira por la desigualdad en la vivienda y las acusaciones de que los mercados inmobiliarios están rotos, son disfuncionales e injustos. Mientras que algunos se han beneficiado de la subida de los precios, muchos se enfrentan a alquileres elevados, casas de baja calidad o precios disparados que mantienen la propiedad de la vivienda fuera de su alcance.

Una de las medidas contenidas en la previsible Ley de Vivienda será la de limitar los precios de las rentas de grandes propietarios de pisos en zonas que se declaren tensionadas en el mercado de alquiler. Según los cálculos del Gobierno, unos 150.000 pisos podrían entrar en esta regulación. El anuncio del PP de que sus autonomías no van a poner en marcha las medidas reduciría aún mas esa cifra. Resumimos los datos oficiales de Catastro sobre grandes titulares de inmuebles, que incluyen las viviendas que podrían ser reguladas por ley, y otros activos como garajes u oficinas.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, cifra en unos 150.000 los pisos que podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva Ley de Vivienda, al ser los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas. El número representa cerca del 6% del parque total de viviendas de alquiler, al que habría que restar las que se encuentran en autonomías como Madrid, Andalucía o Galicia, ya que el PP no la aplicará.

El líder del principal partido de la oposición, Pablo Casado (PP), ha anunciado que su formación llevará al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Vivienda y ha confirmado que su partido no la aplicará en las comunidades autónomas donde gobierna. esta intervención en el mercado del alquiler lanza un "mensaje de inseguridad jurídica" y ha señalado que un Gobierno no puede "interferir" en la libertad y en la propiedad privada.

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno para llevar adelante el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. El acuerdo ha llegado tras impulsar un pacto sobre la Ley de vivienda, tras meses de retraso, donde se pretende incluir incentivos fiscales a pequeños propietarios de hasta el 90% en el IRPF para que mantengan los precios de los alquileres, límites a las rentas de grandes tenedores, un recargo en el IBI a las viviendas vacías durante un tiempo prolongado o que el 30% de las promociones de obra nueva se destine a VPO.

El actual Gobierno en funciones de Países Bajos encuentra dificultades para sacar adelante los presupuestos generales del país. El primer ministro Mark Rutte (partido liberal) ganó las elecciones del pasado marzo, pero las negociaciones para formar un ejecutivo de coalición siguen encalladas.

Los partidos de la coalición de Gobierno ya se encuentran en negociaciones para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2022, con medidas a acordar como la reforma fiscal. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha considerado que "no tiene sentido vincular la futura ley del Vivienda con un tema tan fundamental como los Presupuestos”, en alusión al acuerdo firmado hace un año donde se vinculó la aprobación de los PGE de 2021 con la tramitación de la Ley de Vivienda, donde se pretende incluir un límite a los precios del alquiler y que, pese a lo pactado, aún no ha entrado en vigor.

El Ejecutivo quiere aprobar antes de que acabe este año el anteproyecto de la nueva Ley de Vivienda, aunque la normativa no entrará definitivamente en vigor hasta verano de 2022; es decir, dentro de un año. Además, prevé lanzar en octubre el nuevo Plan Estatal de Vivienda (2022-2025) y prevé movilizar en las próximas semanas 5.520 millones de euros procedentes de los fondos europeos para destinarlos a la rehabilitación y la promoción de alquileres sociales.

Un año después de la entrada en vigor de la ley catalana del alquiler que limita los precios del alquiler, los datos muestran que la medida ha tenido dos consecuencias principales: 1.- un impacto casi nulo en las bajadas de precio, que se ha reducido de forma similar en los grandes mercados, pero 2.- ha provocado una relevante reducción de la oferta, de un 42% frente a hace un año, según datos de idealista.

PSOE y Unidas Podemos intentan desatascar la Ley de Vivienda, que lleva varios meses paralizada entre peticiones de unos y otros.

El Gobierno Central ha confirmado el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de alquiler de viviendas promulgado por la Generalitat, que habilita a los Ayuntamientos a poner límites a los precios de los arrendamientos, por sobrepasar sus competencias, aunque no ha solicitado la suspensión cautelar de la medida. También solicita amparo al Tribunal Constitucional por varios artículos de otro decreto catalán sobre la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia del covid-19.

El Gobierno irlandés ultima un nuevo decreto ley sobre el control de precios de los alquileres en zonas tensionadas. En diciembre de 2016, introdujo la norma de que los propietarios de pisos en alquiler en Dublín y en gran parte del país no podían aumentar las rentas en más de un 4% anual.

El último borrador del Mitma para la Ley de Vivienda recoge varios nuevos supuestos que se suman a los ya planteados por la parte del PSOE en el Gobierno de ofrecer incentivos fiscales a los propietarios para que saquen sus viviendas al mercado de alquiler. Ahora mandan al Ministerio de Ione Belarra (Podemos) la propuesta de que los nuevos contratos en zonas tensionadas no puedan subir más de un10% frente al alquiler anterior, y la prórroga forzosa de tres años, como máximos, para los contratos vigentes.

En febrero de 2020, un mes antes del estallido de la pandemia del coronavirus, Berlín promulgó una rigurosa política de control de alquileres, el llamado ‘Mietendeckel’ (tapón de los alquileres), con el objetivo de congelar las rentas que se pagaban en la capital alemana ante su rápido aumento de lo

Nueve meses después de la aprobación de la ley autonómica catalana que limita los precios del alquiler en Barcelona y otras 60 localidades, tiene visos de acabar siendo insconstitucional por el TC tras el recurso del Gobierno. Mientras tanto, parece que no está cumpliendo sus objetivos: la oferta se ha desplomado, la presión de la demanda se ha disparado y apenas caen los precios, según los datos de idealista [empresa editora de este boletín].

Crisis de Gobierno en Suecia con motivo de las políticas de vivienda. La intención del primer primer ministro socialdemócrata Stefan Löfven de liberalizar los precios de los alquileres en las viviendas de nueva construcción le ha costado el liderazgo del país. El mercado de alquiler en Suecia es prácticamente un tema tabú que ningún político se atreve a tocar, pero la realidad es que el acceso a la vivienda está siendo uno de los principales problemas de la sociedad sueca.

El Consejo de Ministros del 15 de junio ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de vivienda catalana, que establece límites al alquiler, ante el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales. Además, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha avisado de que incorporará una regulación del alquiler en la futura ley estatal de vivienda.

El ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno va a presentar ante el Tribunal Constitucional contra la Ley catalana de alquiler se va a basar en los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias del parlamento catalán, que no avaló en julio pasado algunos artículos de esta norma porque incumplen la Constitución y el propio Estatut. Ábalos también adelantó que el Ejecutivo no va a pedir la suspensión cautelar de la ley que limita los alquileres en 60 municipios catalanes al TC.