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Los partidos de izquierda en Países Bajos, a favor de eliminar el impuesto a los propietarios de pisos de alquiler social

Este gravamen supone unos 1.800 millones de euros al año · Socialdemócratas y ecologistas piden acabar con él para construir más pisos asequibles

Gtres
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Autor: Redacción

El actual Gobierno en funciones de Países Bajos encuentra dificultades para sacar adelante los presupuestos generales del país. El primer ministro Mark Rutte (partido liberal) ganó las elecciones del pasado marzo, pero las negociaciones para formar un ejecutivo de coalición siguen encalladas. En el debate se ha remarcado si mantener el impuesto sobre los grandes propietarios de viviendas de alquiler social, que supone unos 1.800 millones de euros al año. Socialdemócratas y ecologistas, actualmente en la oposición, piden abolir el tributo para favorecer la construcción de nuevas viviendas.

Por resumir el peculiar mercado de la vivienda en arrendamiento en Países Bajos, se puede dividir entre los alquileres sociales o regulados, que se aplican para aquellas rentas por debajo de los 750 euros mensuales, y el mercado libre para aquellas rentas que superan esa cantidad al mes. Alrededor del 80% del mercado de la vivienda en alquiler ya está regulado, lo que, según cálculos oficiales suponen unos 2,3 millones de hogares.

Desde 2013, las empresas y asociaciones de propietarios de viviendas que ofrecen alquileres sociales, es decir aquellas que actualmente cuentan con más de 50 pisos en su ‘portfolio’ (en 2013 eran 10 pisos), pagan un gravamen, con el que el Estado ha ingresado desde entonces 1.800 millones de euros al año.

La intención de los gobernantes era impulsar la construcción de viviendas y el mercado de alquiler libre, que actualmente supone unas 560.000 casas. Un parque inmobiliario que se ha demostrado insuficiente para una población que aumenta y pide alquileres más asequibles.

Desde hace unos años se ha producido un aumento de las listas de espera para acceder a los pisos de alquiler social, mientras que el aumento de la oferta en el mercado libre no ha sido suficiente para aglutinar a una demanda cada vez mayor, lo que ha disparado los precios, más aún durante la pandemia del coronavirus.

Según la Oficina Central de Estadística en Holanda, los inquilinos del mercado libre pagaron de media un 2,9% interanual más de renta en 2020, lo que suponía el mayor incremento desde 2014. Ante ello, el pasado marzo se confirmó la imposición del Gobierno de establecer un límite a las subidas de las rentas en el mercado libre de hasta un 1% interanual durante los próximos tres años.

Ahora, el partido socialdemócrata y los ecologistas piden abolir el tributo a las grandes corporaciones de alquiler social, para que dediquen ese dinero a la construcción de nuevas viviendas en alquiler asequible. A cambio, proponen aumentar el impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas.

Un estudio de la consultora Companen afirma que sin este tributo, las empresas habrían ahorrado unos 16.000 millones de euros entre 2013 y 2023. “Con dicha suma, podrían haberse levantado 93.500 casas extra y los arrendatarios habrían pagado 70 euros menos al mes”, destacan. Además, las expectativas del Gobierno pasan por levantar medio millón de viviendas en la próxima década.