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El Ministerio de Trabajo y Economía Social estudia implantar una ley que permita al Ejecutivo Central regularizar el teletrabajo en España. Está fórmula ha aumentado durante el confinamiento provocado por el covid-19 y el Gobierno pretende con esta ley que los trabajadores no sufran un descenso salarial ni una merma de sus derechos laborales.

David Lucas Parrón, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, ha afirmado en una webinar que el Gobierno ya trabaja en una ley que aportará seguridad jurídica en la gestión urbanística y que simplificará los procesos para reducir el tiempo de tramitación del planeamiento urbanística.

Ya ha entrado en vigor esta prestación que tiene como potenciales beneficiarios a más de 850.000 hogares y que tiene un carácter estructural, lo que significa que se mantendrá más allá de la crisis del coronavirus. Repasamos cómo solicitar el ingreso mínimo vital y cómo puede una familia acreditar su situación de vulnerabilidad.

El último Consejo de Ministros del mes ha aprobado el ingreso mínimo vital, una prestación dirigida a los hogares más desfavorecidos y que, según los cálculos oficiales, podría beneficiar a unas 850.000 familias. Se trata de una renta de entre 462 y 1.015 euros mensuales y que supondrá un gasto público cercano a los 3.000 millones de euros anuales. Estará sujeta a unos requisitos y tendrá carácter estructural, como el cobro de las pensiones o del paro.

Las socimis piden al Ejecutivo que tome medidas que limiten los efectos del covid-19 y mejoren el negocio inmobiliario de cara a la futura recuperación. Proponen algunas coyunturales, como aplazar el pago de dividendos a final de año o ampliar el plazo para empezar a cotizar, y otras reivindicaciones históricas, como reforzar la seguridad jurídica y modificar el régimen actual. Aseguran que son indispensables para ser competitivas y atractivas para los inversores y mantener la oferta de alquiler de todo tipo de inmuebles.

La compañía sueca decidió complementar la totalidad del sueldo de sus trabajadores a pesar de acogerse a un ERTE por la crisis del covid-19. Los sindicatos denuncian que estas condiciones sólo estuvieron vigentes durante el primer periodo del estado de alarma y la siguiente prórroga. Ahora, Ikea sólo complementa el 20% de los salarios, según fuentes sindicales. La compañía niega estas acusaciones.

Muchos inquilinos e hipotecados que han solicitado una moratoria ante las dificultades económicas derivadas del coronavirus se están encontrando con un rechazo a su solicitud por parte de bancos y grandes tenedores. Los expertos aseguran que es complicado cumplir todos los requisitos que ha establecido el Gobierno y que más de uno tiene letra pequeña. El límite de la renta, no estar empadronado en la vivienda o ser propietario de un inmueble están entre los frenos para acceder a las ayudas.

La patronal inmobiliaria FADEI va a remitir al Gobierno un catálogo de medidas para ayudar a este colectivo que, en su opinión, ha quedado desprotegido. Para garantizar la supervivencia de las empresas del sector, pide una exención del pago de las rentas con cargo a fondos públicos, una reducción del ITP, ampliar los ERTE, suspender las cotizaciones a la Seguridad Social y las cuotas de los autónomos y la posibilidad de aplazar las obligaciones tributarias.

El Gobierno anunció a principios de abril unas ayudas al alquiler para los afectados por la crisis del covid-19 que se canalizarán a través de las autonomías, pero todavía no están en marcha. Las regiones se quejan de que el Estado ha transferido tarde los fondos y de que los trámites administrativos para activar las solicitudes son largos y complejos. Alertan de que pocas familias obtendrán las ayudas porque las cuantías son insuficientes y de que tardarán semanas en pagar a los beneficiarios.

El Ejecutivo calcula que las ayudas aprobadas para ayudar a los inquilinos que tengan problemas para pagar la renta como consecuencia de la crisis del coronavirus tendrán un impacto en las arcas públicas de unos 100 millones de euros. Los microcréditos correrán a cargo de la partida presupuestaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agilidad Urbana. Las ayudas directas para los inquilinos vulnerables que no puedan pagar el alquiler o los suministros después de la crisis supondrán otros 700 millones.

Los empresarios madrileños asociados a Madrid Foro Empresarial solicitan al Gobierno de Pedro Sánchez la formación de un consejo asesor empresarial compuesto por representantes de grandes compañías, pymes y autónomos con el objetivo de asesorar al Ejecutivo en materia económica y laboral ante la crisis del covid-19.

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas económicas para frenar el impacto del coronavirus. Además de las ayudas específicas del alquiler, el Ejecutivo ha anunciado que los autónomos que vean interrumpida su actividad o sufran una caída drástica de los ingresos podrán acogerse a la moratoria hipotecaria y ha anunciado moratoria para los préstamos al consumo de tres meses prorrogables.

El Ministerio de Economía ha activado los primeros 20.000 millones de euros en avales para garantizar la liquidez a empresas y autónomos que se vean afectados por el coronavirus. Podrán beneficiarse de la ayuda las que estuvieran al corriente de pagos a cierre de 2019 y no hayan solicitado el concurso de acreedores antes del 17 de marzo. El dinero puede ir destinado al pago de salarios o facturas, así como a cubrir necesidades de circulante o liquidez.

Las plataformas antidesahucios y la facción del Gobierno que encabeza Podemos pretenden sacar adelante una moratoria del pago del alquiler, una medida a la que se oponen el Ministerio de Economía y el sector inmobiliario si se aplica de forma generalizada. Los expertos creen que provocaría caos e incertidumbre y pondría en un aprieto a muchos caseros particulares, aunque confían en que los grandes propietarios, con capacidad para aguantar una suspensión temporal de las rentas, lancen iniciativas privadas. Repasamos qué propuestas y condiciones se barajan.

Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, cree que las medidas económicas tomadas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus son insuficientes. En este sentido reclama al Ejecutivo la suspensión de los contratos de alquiler de establecimientos comerciales y también anular las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos mientras dure el estado de alarma.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley para movilizar hasta 200.000 millones de euros entre recursos públicos y privados para luchar contra el coronavirus también a nivel económico y social. El plan incluye medidas como una moratoria en el pago de la hipoteca si el ciudadano se ha quedado sin empleo o ha visto reducidos sus ingresos y garantiza el cobro del paro a los afectados por un ERTE. También se paraliza el pago de las cuotas de los autónomos y se amplían los avales a las empresas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decreta el estado de alarma en España para frenar la crisis generado por el coronavirus. A partir de ahora, el Ejecutivo central podrá centralizar la toma de decisiones y adoptar algunas medidas como la restricción de movimientos de los ciudadanos.

Francisco David Lucas Parrón, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, ha explicado que el control de precios del alquiler en zonas tensionadas será temporal y que tanto para intervenir como para suprimirlo será una decisión que deberán tomar las comunidades autónomas y los ayuntamientos

Los ministerios implicados, el Banco de España, la Asociación Española de la Banca, la Asociación Hipotecaria Española, la Ceca, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Plataforma del Tercer sector han firmado la prórroga de este Fondo Social de Vivienda que en la actualidad cuenta con 9.8

El equipo regional liderado por Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto abiertamente a tomar medidas que limiten el precio del alquiler Madrid para evitar intervenir el mercado y se muestra decidido a levantar más vivienda asequible como alternativa. Además, recuerda que la competencia de vivienda está en manos de las autonomías y que, si el Gobierno de Pedro Sánchez plantea medidas coercitivas, recurrirá al Alto Tribunal.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha repasado en un informe cuáles deben ser las prioridades del nuevo Ejecutivo en materia económica. En su opinión, los esfuerzos deben estar en reducir la deuda pública y el déficit, aprovechando el momento de bajos tipos de interés, y ajustar el gasto público, ya que España es el tercer país de la UE en el que los ingresos públicos cubren menos gastos. También alerta del perjuicio de subir los impuestos para el crecimiento de la economía, el empleo, la inversión y la competitividad.