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Las subidas de impuestos que propone el Gobierno hasta 2050 y otras medidas para cambiar la economía

La Moncloa
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Autor: Redacción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado el bautizado ‘Plan 2050’, una estrategia que quiere mejorar la situación económica y social en España durante las próximas tres décadas.

Para ello, el Ejecutivo ha plasmado en el documento más de 200 propuestas que se deberían llevar a cabo hasta 2050, y muchas de ellas están relacionadas con impuestos como el IRPF, Sociedades, Patrimonio, Sucesiones, los tributos especiales (alcohol, tabaco, combustibles…) y de la actual fiscalidad ambiental.

Según explica el texto oficial, el Gobierno quiere “aprovechar todo el potencial recaudatorio y redistributivo de nuestro sistema fiscal”, ya que “nuestro sistema fiscal recauda menos y redistribuye la renta y la riqueza peor que el de otros países europeos. Este problema mejoró mucho durante los años 90 y principios del 2000, pero volvió a agravarse a partir de 2008, cuando la proporción de renta después de pagar impuestos que se quedaba en manos del 10% más rico volvió a crecer, al tiempo que se redujo la del 50% más pobre. Esto indica que los impuestos y las transferencias sociales no ejercieron suficiente acción correctora ni durante la Gran Recesión de 2008, ni durante la posterior etapa de recuperación”.

Cambios fiscales

Bajo las premisas anteriores, el ‘Plan 2050’ establece estas propuestas:

Cambios fiscales hasta 2030

A lo largo de esta década, el Gobierno ve necesario:

Ampliar las bases de los impuestos, principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal. Esto requerirá de un mayor escrutinio de los beneficios fiscales, Menos desiguales España 2050, manteniendo únicamente aquellos que sigan principios de efectividad, eficiencia y equidad. Desde un criterio de equidad horizontal, los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen. La digitalización de la gestión tributaria puede contribuir a este objetivo.

 – Racionalizar la fiscalidad corporativa e impulsar su armonización a escala internacional. La reforma debe reducir todo lo posible las distorsiones provocadas por los beneficios fiscales del Impuesto sobre Sociedades (IS) que acaban sesgando su carga hacia empresas pequeñas y sectores tradicionales y menos móviles. En el ámbito internacional, se debe trabajar para lograr una atribución equitativa de la recaudación entre países. Si finalmente no se alcanza un acuerdo en la OCDE (Marco Inclusivo BEPS), España debería impulsar en la UE la implantación del sistema de Base Imponible Común Consolidada del IS, además de una solución multilateral para gravar a las grandes empresas de servicios digitales y la implantación de un tipo efectivo mínimo en Sociedades.

 – Llevar a cabo una reforma integral de los impuestos sobre la Renta, el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones para eliminar los incentivos fiscales a favor de la inversión en activos relacionados con el patrimonio inmobiliario, elevando la tributación efectiva del capital hasta situarla en línea con los países de la UE y reforzando su contribución a la progresividad del sistema. Asimismo, debe replantearse el papel del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las haciendas autonómicas para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en nuestro país.

– Modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE; y creando un marco de incentivos e instrumentos fiscales que promueva la transición ecológica, eficiente y socialmente justa, a través de instrumentos como la renta climática.

– Reducir el fraude fiscal y el peso de la economía sumergida hasta situarlo, al menos, en línea con el de los países más avanzados de la UE. El reforzamiento continuo de los instrumentos en la lucha contra la economía sumergida, la elusión y la evasión fiscal, y la creciente utilización de paraísos fiscales debe ser una línea de acción prioritaria. Esta estrategia es exigible no solo por motivos de suficiencia recaudatoria, sino también por razones de equidad, eficiencia y competitividad, y de moralidad pública. Para reducir el fraude y fomentar el cumplimiento voluntario es indispensable aumentar los recursos de las administraciones tributarias y mejorar su eficiencia y coordinación entre ellas. Asimismo, deben potenciarse los intercambios de información, tanto entre Administraciones públicas como entre países, y prohibirse por ley las amnistías fiscales.

– Mejorar la formación e información tributaria de la ciudadanía, con el objetivo de que aumenten la moral y el cumplimiento fiscal España 2050

– Establecer un plan de actuación a medio y largo plazo en material fiscal a partir de las recomendaciones del comité de expertos para la reforma del sistema tributario.

Cambios fiscales hasta 2050

De forma adicional, el Gobierno cree que durante las próximas tres décadas será necesario:

 – Reconsiderar las bases y los tipos de la imposición sobre el trabajo en el IRPF, adaptándolos según los efectos que el cambio tecnológico tenga sobre el mercado de trabajo y la desigualdad salarial en las próximas décadas.

 – Igualmente, si los cambios tecnológicos benefician relativamente a los propietarios del capital, como ha ocurrido durante las últimas décadas en muchas economías avanzadas, habrá que actualizar la imposición sobre el capital para gravar con más intensidad sus rendimientos. Por ejemplo, se podría incrementar la presión fiscal sobre las rentas no productivas asociadas al cambio tecnológico (por ejemplo, aquellas derivadas del ejercicio de poder de mercado por parte de las plataformas digitales), algo que no tendría por qué suponer una fuente de ineficiencia, dada la naturaleza no productiva de estos rendimientos.

– Fortalecer progresivamente la fiscalidad ambiental hasta conseguir que refleje la totalidad del coste social del carbono antes de mitad de siglo. En este sentido, serán especialmente importantes los impuestos sobre la energía y el transporte, dado el considerable menor peso que tienen en España estas figuras en comparación con los países europeos del entorno. Por ejemplo, mediante la introducción de la tasa de viajero frecuente del transporte aéreo o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino con el fin de reducir el impacto medioambiental. En el caso de la energía

– Promover una tasa de reducción acelerada de los derechos de emisión que se intercambian en el mercado europeo de emisiones (EU ETS), con el objetivo de garantizar una caída ambiciosa de las emisiones durante la próxima década.

– Impulsar, a nivel nacional y europeo, un esquema impositivo que garantice la descarbonización a tiempo. Asimismo, deberá apoyarse la implementación de mecanismos que incentiven la reducción de emisiones más allá de las fronteras de cada país, por ejemplo, con el establecimiento del ajuste en frontera vinculado al carbono.

– Establecer medidas compensatorias para mitigar los potenciales efectos regresivos de una mayor fiscalidad ambiental o mayores precios del carbono. Entre las opciones disponibles, podría explorarse la de la renta climática, un mecanismo diseñado para devolver a la población parte de la recaudación procedente de los impuestos verdes Dicha renta ayudaría a mitigar las asimetrías en los costes de la transición, facilitaría la aceptación de una mayor fiscalidad ambiental, y corregiría los efectos generadores de desigualdad de estos impuestos. Otra opción es la creación de un Fondo de Resiliencia para la Justicia Climática, complementario a las Fuentes de financiación para la transición justa, que sirva para proteger y ayudar a aquellas personas, comunidades y sectores que podrían verse más afectadas tanto por la transición ecológica como por los efectos directos del cambio climático.

Cambios laborales

Además del terreno fiscal, el 'Plan 2050' también incluye otros objetivos ligados al mercado laboral, como reducir la jornada laboral a 35 horas semanales o lograr que la tasa de paro en España baje hasta el 7%. Repasamos algunos de los más destacados:

Jornada laboral de 35 horas

El Ejecutivo quiere reducir el número de horas trabajadas a la semana hasta situarlas en los niveles europeos (35 horas en 2050), frente a las 40 horas actuales. De forma paralela, ya se ha puesto en marcha un proyecto piloto para analizar la semana laboral de cuatro días.

Un paro del 7% y una tasa de empleo del 80%

En tres décadas, el Gobierno quiere situar la tasa de empleo en el 80% y la de desempleo en el 7%. Según sus proyecciones, publicadas por la agencia Europa Press, la tasa de empleo podría situarse en el 68% en 2030 y en el 72% en 2040, mientras que la de desempleo bajaría al 12% en 2030 y al 10% en 2040. De esta forma, España reduciría su tasa de desempleo a los niveles de la Unión Europea (7%) antes de mediados de siglo. El documento también plantea propuestas para elevar la tasa de empleo femenina hasta equipararla a la de los hombres antes de 2050 (82%)

Aumentar la productividad un 50%

El documento señala que la economía española podría crecer a tasas promedio del 1,5% anual en las próximas tres décadas si se incrementa la productividad en un 50% de aquí a mediados de siglo y aumentan las tasas de empleo.

El hecho de que España parta de unos niveles de productividad y empleo más bajos y que existan tendencias favorables en marcha como la digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la equiparación educativa y laboral de la mujer, el aumento de la formación o la transición ecológica "aumentan las probabilidades de conseguirlo", según fuentes del Ejecutivo, recogidas por Europa Press. 

No obstante, en ausencia de mejoras de productividad, la contracción de la fuerza laboral podría hacer que la economía se estancase entre 2023 y 2050, con un crecimiento anual del PIB de entre el 0,3% y 1,1%; un crecimiento muy inferior al 2% que España registró entre 1996 y 2019, lo que alejaría todavía más de los países avanzados de Europa.

Duplicar la tasa de actividad de mayores de 64 años

Otra de las medidas que plantea es duplicar la tasa de actividad de los mayores de 64 años desde el 5% actual al 11% en 2050 y situar la de la población que tiene entre 55 y 65 años en el 67%, frente al 62% actual.

Para ello, el plan aboga por avanzar progresivamente hacia la simplificación y adaptación de las figuras de jubilación anticipada, parcial, flexible y activa para mejorar la compatibilización entre pensión y trabajo. Y también será necesario contener los costes financieros para la Seguridad Social.

Cambios en la vivienda 

En materia de vivienda, los principales objetivos son, entre otros, crear un marco fiscal para favorecer la oferta asequible de alquileres, impulsar las rehabilitaciones para mejorar la eficiencia energética y rebajar la tasa de esfuerzo salarial asociada al pago de la vivienda.

En concreto, propone reducir el porcentaje de población que sufre sobrecarga financiera asociada al pago de la casa con especial foco en la población que vive en alquiler, "que es la que sufre una sobrecarga más elevada", y situarlo en el 8% en 2030, en el 6,5% en 2040 y en el 4,5% en 2050.

El proyecto resalta que "será importante tener en cuenta la relación entre el precio del alquiler y la renta del hogar, así como la heterogeneidad regional y municipal del mercado de vivienda español".

También recomienda crear un marco fiscal orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de rentas más bajas, "con especial énfasis en los ámbitos territoriales sujetos a mayor tensión".

Además, quiere promover la eficiencia energética de la edificación residencial a través de la rehabilitación para que se reduzca el consumo de energía en el parque de vivienda existente en torno a un 35% de aquí a 2050.

Para garantizar de forma efectiva el acceso a una vivienda digna y adecuada, el documento también aboga por incrementar la disponibilidad de la vivienda pública y social a través de la compra de viviendas en edificios y comunidades ya consolidadas, la rehabilitación o la construcción de nuevas viviendas. "Su localización deberá evitar nuevos procesos de segregación socioespecial", añade.

También insta a fomentar el alquiler de la vivienda vacía ofreciendo garantías suficientes a la parte propietaria y ejerciendo control sobre la calidad de la vivienda ofertada. Para ello, se propone la creación o mejora, en su caso, de bolsas de intermediación pública de alquiler y marcos de colaboración público privados que contribuyan a una mejor gestión.

Asimismo, quiere establecer mecanismos de protección sobre el patrimonio público de vivienda y reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler, asegurando su mantenimiento y disponibilidad, e impidiendo que su titularidad deje de ser pública, pero también por incentivar las formas de tenencia alternativas a la propiedad absoluta y al alquiler, como la propiedad temporal y la propiedad compartida, adaptándolas a la realidad española.

También propone garantizar la correcta información que reciben los hogares tanto en la financiación como en la compra o alquiler de una vivienda, facilitando la movilidad residencial de los hogares a medida que sus necesidades cambian, e implementar programas de ayudas dirigidas a conseguir la accesibilidad universal en las viviendas, así como soluciones habitacionales alternativas.