Información sobre vivienda y economía

IEE: "Las últimas medidas en vivienda están deteriorando el derecho a la propiedad privada"

España se encuentra por debajo de la media de la OCDE en el último Índice Internacional de Derechos de Propiedad

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha repasado la situación actual del derecho a la propiedad en España y cómo están impactando las medidas del Gobierno y algunas autonomías en materia de vivienda. Y su conclusión es clara y contundente: este derecho constitucional está en crisis y corre el riesfo de seguir deteriorándose. 

En el estudio, el organismo resume el último Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) elaborado por Property Rights Alliance, en el que España registra una posición que cataloga como “decepcionante”. En concreto, nuestro país se encuentra en el puesto 26 de un total de 37 países, por debajo del promedio de la OCDE (8,3 puntos) y también de la media de los países europeos que forman parte de la organización de los países desarrollados (6,8 puntos).

Comparado con Finlandia, el país con mejor resultado en el IIDP, el resultado de nuestro país es 28,5 puntos porcentuales inferior. Por delante de España no solo se encuentran EEUU, Canadá, Alemania, Francia, Australia, Japón y los países nórdicos, también otros países como Islandia, Estonia, Israel, República Checa, Portugal, Chile o Corea del Sur. 

“El derecho a la propiedad es uno de los grandes pilares de la sociedad, de la actividad económica y de la actividad empresarial. Existe una correlación directa entre la garantía de este derecho y el nivel de inversión o emprendimiento de un país, así como del nivel de bienestar social. Y España tiene un problema estructural de insuficiente garantía y protección de los derechos de propiedad. Es una de las reformas pendientes”, explica Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos.

Sin embargo, el IEE sostiene que las medidas que han tomado el Gobierno central y algunas autonomías en materia de vivienda en los últimos tiempos, como la paralización de los desahucios, la permisividad con la okupación, la expropiación temporal de viviendas vacías, la penalización a los grandes tenedores o la insistencia de Podemos de aplicar un control de los precios del alquiler para evitar subidas abusivas, no más que agravar el problema y deteriorar aún más la propiedad privada.

El organismo habla sin tapujos de que todas estas políticas son “un quebranto a la seguridad jurídica” y que son “una barrera de entrada para las nuevas inversiones”. Además, alerta de que “son un obstáculo para la profesionalización” del mercado del arrendamiento y una “barrera para el ahorro y el esfuerzo individual”. “Su mera existencia crea incertidumbre y riesgo”, añade Izquierdo, que ha repasado una por una las medidas que se han puesto en marcha.

El peligro de controlar las rentas del alquiler

En plenas negociaciones en el Gobierno de coalición sobre cómo controlar los precios del alquiler en las zonas tensionadas en la futura Ley de Vivienda, el director general del IEE afirma que el tope de las rentas que defiende Podemos es “una política equivocada, contraproducente y que acaba reduciendo la oferta de pisos en arrendamiento, tanto porque se paralizan los proyectos de obra nueva como porque retrotrae la oferta de pisos existentes”, y provoca que los propietarios dejen de invertir en mejoras en los inmuebles.

“La experiencia empírica no solo refleja distorsiones en las zonas tensionadas, sino que el efecto se acaba trasladando al resto de la ciudad donde se aplique, ya que la demanda se va moviendo a otras zonas. Además, provoca la inmovilidad geográfica, cuando sabemos que la movilidad ahora mismo es esencial para la empleabilidad de los jóvenes”, ha advertido Izquierdo. Y también ha recordado que organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de España también se han mostrado en contra de establecer topes a los precios en el mercado libre del alquiler.

En cambio, se inclina por establecer incentivos fiscales a los arrendadores (tanto particulares como profesionales) que permitan mantener una rentabilidad atractiva. Una alternativa que está en línea con la propuesta que ha realizado recientemente el PSOE a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y que contempla varias bonificaciones; entre ellas, una deducción de hasta el 90% en el IRPF para los propietarios que bajen el alquiler un 10% en las zonas tensionadas.

A pesar de que la iniciativa ha sido bien recibida por el mercado inmobiliario, Unidas Podemos y ERC han lanzado un mensaje al Ejecutivo para intentar que el límite de precios salga adelante en la normativa, alertando de que, si finalmente no se topan las rentas, deberá buscar otros socios de Gobierno.

Moratorias de los desahucios y amparo a la okupación

Según el director general del IEE, la paralización de los desahucios hasta el final del estado de alarma y la permisividad con la okupación ilegal de viviendas suponen un “quebranto a la seguridad jurídica” y provocan un “aumento de los riesgos y los costes que deben asumir los propietarios, lo que se acaba traduciendo en menos oferta y unos alquileres más altos”. “Estamos incentivando la cultura del incumplimiento, que es nefasta cuando se generaliza”, insiste Izquierdo.

El estudio también añade que “la gravedad de esta medida reside en que supone avanzar hacia una cierta legitimación o tolerancia social y jurídica de las ocupaciones de viviendas, un problema que vulnera la seguridad jurídica y la propiedad privada, y genera un ‘efecto llamada’ y un incremento de los impagos en un contexto de ya elevada morosidad, así como la proliferación de las mafias delictivas Además, una de las consecuencias más directas será la restricción de la oferta de alquiler, sobre todo para los colectivos más vulnerables, ya que tanto los propietarios como las entidades financieras exigirán garantías adicionales incapaces de ser aportadas por parte de estos colectivos, y priorizarán individuos solventes ante los eventos de riesgo que amparan estas medidas”.

Expropiación de viviendas vacías a grandes tenedores

Otra de las medidas que critica el organismo es la decisión del Gobierno de Baleares de expropiar de forma temporal pisos vacíos a los grandes tenedores de viviendas. Sobre esta decisión, el IEE también cree que quebranta la seguridad jurídica y añade que “aunque sean anecdóticas, son un freno importante para las nuevas inversiones y una pérdida de confianza en el mercado inmobiliario”.

El informe la define como “una medida muy desafortunada, más efectista que efectiva, porque es ineficaz, poco ágil y vulnera los derechos de propiedad, además de que introduce distorsiones en el mercado de la vivienda que contribuyen a perpetuar los problemas existentes”. “La naturaleza del derecho de propiedad es incompatible con disociar de forma coactiva el uso y disfrute de un bien respecto a los deseos y voluntades de su legítimo propietario”, insiste.

Por último, el IEE también se opone a las penalizaciones a los grandes tenedores de vivienda, ya que suponen un obstáculo a un mercado de alquiler profesionalizado y podrían ser inconstitucionales, al igual que el Impuesto sobre el Patrimonio, una figura tributaria que solo existe en España.

Liberalizar los contratos de alquiler

Además de pedir más certidumbre y seguridad jurídica, un refuerzo del derecho a la propiedad privada y más incentivos para aumentar la oferta de pisos de alquiler para solucionar el problema del arrendamiento en España, el instituto también aboga por liberalizar los plazos del alquiler. La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2019 amplió los plazos de los contratos, hasta dejarlos en cinco años en el caso de propietarios particulares y siete años en el de profesionales.

Sin embargo, el IEE cree que se trata de plazos muy largos que pueden frenar la salida de más inmuebles al mercado, ya que muchos propietarios no saben si podrán disponer del mismo en un periodo tan prolongado y deciden no alquilarlo. Por eso, aboga por un libre acuerdo entre las partes para fijar el periodo del contrato.