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El Parlamento Europeo no pide regular el precio del alquiler

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Autor: Redacción

Ni limitar ni regular el precio del alquiler. La resolución aprobada por el Parlamento Europeo de la semana pasada que incluye una batería de recomendaciones dirigidas a los Estados en materia de vivienda no hace mención alguna que vaya en esa dirección. 

A pesar de que en los últimos días algunos partidos políticos y medios de comunicación se han hecho eco de tal afirmación, es falso que el organismo comunitario esté a favor de tomar medidas relacionadas con la regulación de las rentas. De hecho, la mayoría de los eurodiputados han rechazado esta propuesta, que no aparece en el documento oficial que se hizo público el pasado 21 de enero. 

¿De dónde sale entonces la confusión? La respuesta es que ha habido una modificación en el texto aprobado respecto a la propuesta de resolución del pasado mes de diciembre, texto previo a la votación. En concreto, en dicha versión inicial sí aparecía una mención a los precios, dentro del punto 40, donde el Parlamento pedía "a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que garanticen la seguridad de la tenencia, favoreciendo los contratos de arrendamiento a largo plazo como opción por defecto, junto con la transparencia de los alquileres y las medidas de control de los alquileres, corrijan el alquiler cuando sea necesario para facilitar una vivienda asequible para todos, presten apoyo a organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas y establezcan procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo”.

Sin embargo, la mención al control de precios fue eliminada por el voto en contra de 358 eurodiputados (frente a los 316 votos a favor y las 13 abstenciones). La nueva redacción del punto 40 en la versión que ha sido aprobada ha quedado de la siguiente manera: “pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que garanticen la transparencia de los alquileres y presten apoyo a organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas y establezcan procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo”. Y esta es la versión que ha validado finalmente la Eurocámara con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones.

Según ha explicado en las redes sociales Luis Garicano, economista y eurodiputado por el partido Ciudadanos, se trata de un ejemplo de "cómo se generan y articulan las 'fake news' desde nuestro Gobierno", principalmente desde el partido Podemos.

Volviendo a la resolución aprobada, que no tiene carácter vinculante, las  únicas menciones sobre los precios de la vivienda están relacionadas con su evolución reciente. Por ejemplo, el documento destaca que los precios “han crecido de manera constante cada año y a un ritmo superior al de la renta disponible; considerando que la vivienda representa actualmente el mayor gasto de los ciudadanos europeos”, así como que “los costes de alquiler en la Unión han aumentado en la última década y que los precios de la vivienda también aumentaron en 22 Estados miembros entre 2007 y 2019”.

También detalla que “la crisis de la vivienda afecta más gravemente a las zonas urbanas de muchos Estados miembros, donde se ha hecho difícil encontrar viviendas asequibles a precios de mercado, también para los hogares de renta media” y que “en 2018 los precios de la vivienda eran más altos que en 2015 en casi todos los países de la Unión; considerando que en los últimos tres años los precios de la vivienda en la Unión han aumentado un 5% por término medio”.

Otra de las afirmaciones en términos de precios que aparece en el documento es que “las adquisiciones especulativas de viviendas y terrenos desempeñan un papel destacado en la continua escalada de los precios de la vivienda; considerando que puede observarse un importante y continuo aumento de los precios de la vivienda y de las rentas del mercado, en particular en las ciudades y en las zonas urbanas o suburbanas”.

Así mismo, habla de la “necesidad de perfeccionar el indicador del índice de precios de la vivienda” y recomienda “garantizar la seguridad de la tenencia y unos mercados de vivienda inclusivos”, así como “invertir en viviendas sociales, públicas, asequibles y eficientes”. También pide que toda la UE tenga un “enfoque integrado en materia de vivienda social, pública y asequible”, además de lograr que la vivienda sea “adecuada, eficiente desde el punto de vista energético y salubre”.

En líneas generales, las recomendaciones aprobadas por los eurodiputados están alineadas con las expuestas en los últimos meses por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Resumimos algunas de las más destacadas:

Recomendaciones en materia de vivienda social, pública y asequible

Entre las recomendaciones más destacadas del documento finalmente aprobado que están relacionadas con la accesibilidad al mercado de la vivienda, la necesidad de impulsar un parque residencial de carácter social y los precios, que se encuentran bajo los apartados un enfoque integrado en materia de vivienda social, pública y asequible a escala de la Unión’ y ‘garantizar la seguridad de la tenencia y unos mercados de vivienda inclusivos’. 

- Pide a la Comisión y a los Estados miembros que conviertan la vivienda en una de las piedras angulares del plan de acción y que se desarrolle urgentemente una estrategia integrada a escala de la Unión de vivienda social, pública, no segregada y asequible, creando un marco que propicie que las autoridades nacionales, regionales y locales garanticen una vivienda de calidad para todos que sea segura, saludable, accesible y asequible.

-   Insta a los Estados miembros a que apliquen las recomendaciones específicas por país en materia de asequibilidad de la vivienda; declara que los planes nacionales de vivienda asequible deben incluirse en los programas nacionales de reforma, y exige que la Comisión y los Estados miembros establezcan estrategias específicas para abordar los obstáculos al derecho a la vivienda, como la discriminación, la especulación, los préstamos abusivos, el acaparamiento de tierras, los conflictos, los desahucios forzosos, la degradación medioambiental y la vulnerabilidad frente a catástrofes.

-  Habla de la necesidad de perfeccionar el indicador del índice de precios de la vivienda. Y subraya la necesidad de desarrollar una definición exhaustiva de asequibilidad de la vivienda a escala de la Unión, teniendo en cuenta una amplia gama de indicadores como las tasas de desahucio y pobreza. En este sentido, señala que el actual umbral de referencia para la tasa de sobrecoste de la vivienda del 40% de la renta disponible de un hogar no representa suficientemente el número de hogares para los que los costes de la vivienda suponen una carga excesiva; pide que se reevalúe el umbral de referencia, y pide a Eurostat que elabore un conjunto más amplio de datos sobre los gastos en vivienda de los hogares, del 25% al 40% de la renta disponible, a intervalos del 5%.

-  Insta a la Comisión a que facilite unos datos más precisos, de calidad y comparables sobre los mercados de la vivienda y que supervise la asequibilidad de la vivienda en los distintos países de la Unión, también a escala local y regional, a través de las estadísticas de Eurostat, y del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética, teniendo en cuenta la fragmentación de los mercados de vivienda nacionales y las diferencias entre Estados miembros.

-  Pide al Consejo y a los Estados miembros que reanuden las reuniones informales de los ministros de Vivienda, que asocien también al Parlamento en ellas, que las abran a las partes interesadas y que presenten un formato revisado de los centros de referencia para la vivienda, a fin de garantizar un mecanismo para el intercambio de información entre los Estados miembros, y que proporcionen una plataforma para el intercambio de mejores prácticas en la lucha contra el problema de las personas sin hogar y la oferta de viviendas dignas y asequibles.

-   Anima a los Estados miembros a colaborar en la financiación de inversiones sociales destinadas a resolver problemas de vivienda con los interlocutores sociales, la sociedad civil y el sector privado, muchos de los cuales desempeñan y pueden desempeñar un papel esencial en el desarrollo y el mantenimiento de soluciones de vivienda adecuadas para quienes se encuentran en situaciones vulnerables.

-  Pide a los Estados miembros que inviertan más en residencias de mayores accesibles, con servicios de atención de calidad, accesibles para una gama más amplia de la población mayor;

-   Señala que el 25,1% de los arrendatarios europeos que pagan alquileres a precios de mercado gastan más del 40% de sus ingresos en alquileres y que, por término medio, los alquileres aumentan constantemente; pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que establezcan disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras, que protejan los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas, que fomenten la seguridad tanto para los propietarios como para los inquilinos y eviten los desahucios, también después de medidas de renovación, y que incluyan a quienes viven en una vivienda enajenada al Estado en el marco de un proceso de restitución; pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que garanticen la transparencia de los alquileres y presten apoyo a organizaciones que trabajan en la protección de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas y establezcan procedimientos de resolución de litigios legales de umbral bajo;

-   Pide a los Estados miembros que apliquen unas políticas de vivienda basadas en el principio de neutralidad entre la vivienda en propiedad, el alojamiento alquilado privado y la vivienda social alquilada. Considera que el derecho a la vivienda no debe definirse como acceso a una vivienda social, sino en un sentido más amplio, como derecho a vivir en un hogar en paz, con seguridad y dignidad, ccon independencia de su condición, género, religión o etnia.

-Pide a los Estados miembros que faciliten el acceso a la vivienda y fomenten los barrios diversos mejorando el acceso a los créditos y los alquileres con opción de compra para los jóvenes, las familias de renta baja y media, y las personas pertenecientes a grupos desfavorecidos desde el punto de vista social y económico. Y les anima a que colaboren con el sector bancario con el fin de conceder préstamos asequibles garantizados por el Estado para estos grupos, evitando al mismo tiempo las burbujas y el sobreendeudamiento;

- Pide a los Estados miembros que se muestren más activos a la hora de corregir los desequilibrios en los mercados de la vivienda facilitando, entre otras cosas, información exhaustiva sobre el funcionamiento de los mercados, sobre el número y la distribución geográfica de las operaciones, sobre la formación de los precios de los distintos segmentos del mercado y sobre el potencial de desarrollo de cada mercado en particular. 

- Hace hincapié en que unas políticas y medidas adecuadas que apoyen una oferta adecuada de vivienda son esenciales para equilibrar y mejorar el desarrollo económico de la vivienda en beneficio de toda la sociedad y para garantizar un entorno de vida asequible y próspero para todos. También considera que los Estados miembros deben asignar recursos suficientes y dar prioridad a las necesidades de las personas o grupos desfavorecidos y marginados que viven en condiciones de vivienda precarias; pide, por tanto, a los Estados miembros que, con el apoyo de la Comisión, garanticen la oferta de viviendas sociales suficientes, adecuadas y asequibles para cubrir las necesidades de vivienda de estas personas y grupos;

Desarrollar políticas de construcción de viviendas, lo que tendrá efectos positivos sobre el crecimiento económico en el contexto de la pandemia del covid-19. 

- Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales que establezcan medidas adecuadas para contrarrestar las inversiones especulativas, que adopten políticas que favorezcan inversiones a largo plazo en el mercado de la vivienda y que desarrollen unas políticas de planificación urbana y rural que favorezcan la vivienda asequible, la diversidad social y la cohesión social.

- Para evitar la especulación, pide a los Estados miembros cuenten con información accesible al público sobre la titularidad efectiva final de la propiedad rústica e inmobiliaria. Subraya que la transparencia en relación con la propiedad inmobiliaria y las transacciones inmobiliarias es esencial “para evitar distorsiones en el mercado de la vivienda y prevenir el blanqueo de capitales en este sector”, y recuerda la “obligación establecida en la Directiva contra el blanqueo de capitales de que la Comisión informe a más tardar el 31 de diciembre de 2020 sobre la necesidad de armonizar la información relativa a la propiedad inmobiliaria y a la interconexión de estos registros nacionales, con miras a evitar la especulación”.

- Proteger mejor a los deudores hipotecarios contra los desahucios. También subraya que las personas desalojadas víctimas de desahucio deben poder hacer valer sus derechos ante un tribunal y pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las actuales normas de conducta vinculantes para los acreedores, los proveedores de servicios de crédito y los compradores de crédito para evitar prácticas engañosas, acoso y violación de los derechos del consumidor, al menos en lo que respecta a los préstamos hipotecarios”.

-  Señala que el crecimiento expansivo del alquiler de vacaciones a corto plazo está retirando viviendas del mercado y propiciando un aumento de los precios, y puede tener un impacto negativo en la habitabilidad de centros urbanos y turísticos. Por eso, pide a la Comisión que conceda discrecionalidad a las autoridades nacionales y locales para definir normas proporcionadas para los servicios de hostelería, incluido el registro obligatorio, la limitación de licencias y políticas de zonificación específicas, la limitación de la duración, el abandono de los centros urbanos y la disminución de la calidad de vida en ellos, en detrimento de sus residentes. También insta a crear una propuesta relativa a los requisitos obligatorios de intercambio de información para las plataformas en el mercado del alquiler de alojamientos a corto plazo.

-  Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que no regular el mercado inmobiliario y a los agentes financieros que operan en ese mercado a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada para todos significaría el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda.

-  Pide que se incluya al sector de la vivienda como un servicio social de interés general, y no solo la vivienda social, ya que esto es fundamental para garantizar el derecho a una vivienda asequible y digna para todos.

Invertir en vivienda social, pública y asequible

Otro de los puntos que incluye es el documento es el que engloba varias recomendaciones relacionadas con ‘invertir en viviendas sociales, públicas, asequibles y eficientes desde el punto de vista energético’, en el que aparecen las siguientes afirmaciones:

- El déficit de inversión en viviendas asequibles asciende a 57.000 millones de euros. Por eso, pide a la Comisión y a los Estados miembros que colmen el déficit de inversiones en viviendas asequibles con carácter prioritario.

-  Asegura que la definición de vivienda social, limitándola únicamente a «vivienda para ciudadanos desfavorecidos o grupos socialmente menos favorecidos, que debido a las limitaciones de solvencia no pueden obtener vivienda en las condiciones del mercado» es restrictiva y obstaculiza la capacidad de los Estados. En su opinión, las autoridades nacionales, regionales o locales tienen la competencia para identificar y abordar las necesidades de vivienda y las condiciones de vida de los diferentes grupos. Por eso, insta a la Comisión a definir el grupo objetivo de las viviendas sociales y de financiación pública, a fin de permitir que las autoridades apoyen el acceso a la vivienda para todos los grupos cuyas necesidades de una vivienda digna y asequible no puedan satisfacerse fácilmente en las condiciones del mercado.

- Aumentar la inversión en la Unión en viviendas sociales, públicas, energéticamente eficientes, adecuadas y asequibles, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o el fondo europeo creado para limitar los efectos del coronavirus (bautizado como Next Generation EU), entre otros.

- Fomentar el uso de los programas europeos para mejorar la accesibilidad a través de la reconstrucción de viviendas.

- Garantizar que todos los futuros proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas se destinen a fomentar los edificios inteligentes, en los que el consumo de agua y energía pueda supervisarse y ser más eficiente en términos de costes, de conformidad con los objetivos climáticos de la Unión Europea.

-  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que reconozcan, apoyen y financien soluciones de vivienda impulsadas por la comunidad, que sean democráticas y colaborativas, como medios legítimos y viables para ofrecer viviendas sociales y de mercado. También pide impulsar un enfoque sostenible del uso del suelo urbano, por ejemplo, dando prioridad a la rehabilitación de viviendas abandonadas frente a la construcción de viviendas nuevas. 

Igualdad de acceso a una vivienda digna y otras recomendaciones

Otras recomendaciones que recoge el documento son:

- Asegurar que el derecho a una vivienda adecuada sea reconocido y ejecutable como un derecho humano fundamental mediante disposiciones legislativas europeas y nacionales aplicables, así como garantizar la igualdad de acceso para todos a una vivienda digna […], protegiendo los derechos humanos de los hogares desfavorecidos y apoyando a los grupos más vulnerables, a fin de proteger su salud y bienestar.

- Garantizar el suministro de energía a los hogares de los más necesitados.

- Impulsar el ahorro energético y dar prioridad a la reducción de las emisiones y a la eficiencia energética mediante la renovación de viviendas, con el fin de garantizar una transición socialmente justa hacia una economía climáticamente neutra que no deje atrás a nadie.

- Establecer un objetivo para acabar con el problema de las personas sin hogar de aquí a 2030.

- Definir y aplicar políticas contra los arrendadores abusivos y los arrendatarios extorsionados, así como a compartir buenas prácticas sobre estas políticas.

- En materia de desalojos, y para cumplir con la legislación internacional en materia de derechos humanos, deben darse una serie de criterios, que incluyen una interactuación significativa con los afectados, la exploración de todas las alternativas viables, la reubicación en una vivienda adecuada previo acuerdo de los hogares afectados, para que nadie quede sin hogar, así como el acceso a la justicia para garantizar la equidad procesal y el cumplimiento de todos los derechos humanos. También pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que, cuando no se cumplan estos criterios, los desahucios se consideren forzosos y constituyan una violación del derecho a la vivienda; exige que los desahucios forzosos definidos en la legislación internacional sobre derechos humanos estén prohibidos en todas las circunstancias.