Alquiler social

El Mitma ha transferido más de 354 millones de euros a las comunidades autónomas dentro de las subvenciones del Estado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. En estos cuatro últimos años, las ayudas estatales destinadas a ampliar el parque de vivienda público, a las ayudas al alquiler o a la rehabilitación han ascendido a más de 1,4 millones de euros.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha confirmado en el Congreso de los Diputados que las políticas de viviendas del Estado recibirán 2.000 millones de euros adicionales procedentes de los fondos europeos para la recuperación. Esta partida reforzará las medidas de impulso la rehabilitación de viviendas entre 2021 y 2023 y para aumentar el parque público de alquiler social y asequible.

La recuperación económica y la transformación del sector son los principales objetivos del Fondo de Recuperación Europeo para la construcción, que destinará un total de 7.320 millones de euros, la mayoría dedicados al plan de rehabilitación y regeneración urbana para su desarrollo en los próximos tres o cuatro años. Unos 1.000 millones estarán dedicados al Plan de Vivienda para alquiler asequible, donde se pretende levantar 24.000 pisos para personas vulnerables.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado el nuevo protocolo sobre alquiler social de viviendas para familias vulnerables por el que Sareb y la banca cederán 26.000 viviendas de su propiedad a corto y medio plazo. Sánchez además ha anunciado que destinará 1.000 millones de los fondos europeos a financiar el Plan de Vivienda de alquiler asequible para aumentar el parque público en 24.000 pisos más.

El Ayuntamiento de la capital catalana ha abierto el plazo para que fundaciones y cooperativas (en esta ocasión no han contado con actores privados) presenten proyectos de vivienda social que se desarrollarán en dieciocho solares y edificios municipales. Los proyectos que se presenten deberán ser para ‘coliving’ o alquiler cooperativo social.

El estudio de tendencias inmobiliarias elaborado por PwC y Urban Land Institute pone sobre la mesa el interés de los principales actores del ‘real estate’ por desarrollar en España viviendas públicas, sociales y de alquiler asequible. El mercado tiende la mano al sector público para impulsar colaboraciones de este tipo de proyectos, aunque exigen claridad en la normativa, evitar la sobrerregulación en vivienda, poner en marcha incentivos fiscales y que los precios de los terrenos permitan al sector conseguir una rentabilidad anual razonable.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha aprovechado la presentación del Boletín Especial de Vivienda Social, que analiza el estado de la vivienda protegida en España, para adelantar que desde el viernes 24 se inicia el trámite de consulta pública del proyecto de ley estatal del Derecho a la vivienda. Además, señaló importantes avances para desatascar la Operación Campamento, con 10.500 pisos en Madrid.

El Consejo de Ministros ha articulado la posibilidad del uso del derecho de superficie de suelos públicos de cualquier administración por parte de promotores privados. La concesión de ese derecho de superficie se daría hasta 80 años y la posibilidad de que no se contemple el abono de canon o precio a cambio de la construcción y gestión de viviendas dedicadas al alquiler social, es decir a precios asequibles.

El Ejecutivo Central subvencionará hasta el 60% del precio de la vivienda, con un máximo de 400 euros/m2, para la adquisición de pisos destinados a incrementar el parque público en alquiler social o cesión de uso. Los beneficiarios serán las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro.

El objetivo del Ministerio que dirige José Luis Ábalos para movilizar 20.000 viviendas en alquiler social o asequible se concentra en la construcción de obra nueva en colaboración público-privada. La colaboración entre ministerios y el resto de administraciones para la cesión de suelos públicos para residencial es primordial para el éxito de este plan, aunque ya hay reticencias por parte otras carteras del Gobierno.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que han transferido a la Entidad Pública Empresarial de Suelo 21,5 millones de euros para levantar más de 5.000 viviendas en alquiler con unas rentas inferiores a los 400 euros al mes.

La sociedad municipal de vivienda de San Sebastián, una de las capitales con las rentas más altas del país, está estudiando la posibilidad de elevar la renta máxima permitida en los alquileres sociales para conseguir que más propietarios ofrezcan sus viviendas vacías. Actualmente el límite se sitúa en 750 euros y apenas cuenta con 323 contratos en vigor.

El 22% de las casas de París son de alquiler social. En toda España, sólo suponen el 1% del parque. Además, la mitad de los franceses viven o han vivido en una vivienda social. Con 40.000 euros de ingresos anuales se puede ser candidato para vivir en una, aunque la morosidad es del 20%. Analizamos cómo está el mercado del alquiler social en la ciudad de la luz.

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha un proyecto piloto para convertir 45 bajos comerciales en desuso en viviendas de alquiler social. Situados en nueve municipios, el objetivo es revitalizar el espacio urbano y las primeras viviendas comenzarán a construirse este mismo año en Bilbao.

El Ayuntamiento de Barcelona ha revisado, de forma extraordinaria, el parque municipal de alquiler social. Han examinado 6.274 pisos de un total de 7.406 de su propiedad y han detectado que el 96,3% (6.041) se utilizan correctamente y un 3,7% (210) tienen un uso irregular. Entre las actividades anómalas, 9 pisos están teniendo un uso relacionado con la droga. Lo que es popularmente conocido como ‘narcopisos’.

A la espera de conocer el documento definitivo del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que espera aprobarse el próximo 9 de marzo, las entidades bancarias dudan de la efectividad de una de las medidas estrella: crear un amplio parque de viviendas en alquiler cedidas por la banca.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla (Emvisesa), adquirirá durante los próximos tres años unos 400 pisos vacíos para destinarlos a alquiler social.

La Agencia de Vivienda de Cataluña, órgano donde el gobierno catalán centra todos sus servicios en materia de vivienda, ha abierto la convocatoria para solicitar prestaciones al alquiler para colectivos específicos en riesgo de exclusión social.

El Gobierno analiza las propuestas presentadas por las regiones autonómicas para el borrador del nuevo Plan de Vivienda 2018-2021. Las comunidades gestionan todas las ayudas estatales para el fomento del alquiler y la rehabilitación.

La Junta de Extremadura ha aprobado el decreto para regular la oferta de pisos de alquiler social y se ha comprometido a fijar unas rentas de entre 150 y 350 euros al mes. A pesar de que el Boletín Oficial extremeño ya ha publicado el decreto, aún se desconoce cuándo entrará en vigor y en qué localidades habrá viviendas disponibles.

El Gobierno de Ahora Madrid en la capital ultima los trámites de los Presupuesto del Ayuntamiento para 2017 en la Comisión de Economía y Hacienda para su elevación y aprobación en el Pleno la próxima semana.