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El alquiler social y la rehabilitación recibirán 7.320 millones de los fondos europeos

El sector de la construcción es uno de los beneficiados de los fondos Next GenerationEU

Gtres
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El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del MITMA, Pedro Saura, ha presentado los Fondos de Recuperación Europeo, más conocidos como los fondos Next GenerationEU que España dedicará al sector de la construcción y rehabilitación de viviendas durante el Foro Efimad 2021, organizado por CaixaBank y Asprima, la Asocicación de Promotores y Constructores de Madrid.

El 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española' movilizará los primeros 72.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos en los próximos tres años. De ellos, 7.320 millones de euros estarán dedicados a la implementación de la Agenda Urbana española y la modernización de las administraciones públicas.

El desglose de estos 7.320 millones de euros será de 5.320 millones para el plan de rehabilitación y regeneración urbana que pretende la renovación de barrios enteros y la actualización de 500.000 viviendas en los próximos tres años. Otros 1.000 millones de euros estarán íntegramente dedicados a la renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado.

Mientras que se dotará de otros 1.000 millones de euros para el Plan de vivienda para el alquiler asequible, en el que el Gobierno pretende levantar con colaboración-privada entre todas las administraciones públicas unas 24.000 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles en el medio plazo. A este impulso del parque de alquiler asequible se unirán las medidas presentada en el Plan de Vivienda de los Presupuestos Generales del Estado.

“Va a haber un sector antes y después de los fondos Next Generation. Los fondos europeos significarán una inyección directa en el entorno del 10% del PIB de la construcción. Creemos que con estos 7.320 millones de euros en tres o cuatro años darán un enorme impulso a la mejora de la vivienda en España. (…) Es un reto ambicioso y emocionante, y no nos podemos permitir un nuevo fracaso de la economía español”, afirmó durante su intervención el secretario de Estado.

El representante del Gobierno puso en valor el crecimiento de la economía y el empleo en el sector que darán estos fondos, pero también la agenda y la transformación digital que traerán para “hacer a España más resiliente y competitiva para cuando haya que empezar a devolver estas ayudas a Europa”.

El sector parte de un estancamiento de la rehabilitación residencial de un parque de viviendas en general antiguo y deficiente, donde apenas se llegan a las 30.000 unidades anuales. El objetivo es alcanzar a gran escala un aumento de la rehabilitación de 300.000 casas al año en 2030.

El programa pretende avanzar en la transformación del sector en cuanto a industrialización y digitalización para aumentar el número de empleados con una mejor formación profesional. Además, es el momento de modernizar el parque público ya que está obsoleto y provoca un alto consumo energético. “Unos de los objetivos del fondo es reducir los gases de efecto invernadero en el inmobiliario en un 30%, pero queremos ir más allá”.

Reconducir los fallos del mercado en materia de vivienda social

Otro de los ejes a los que pretende dar impulso el plan de recuperación con la financiación de los fondos europeos es a aumentar el insuficiente parque de vivienda de alquiler social o asequible, ya que según el Ejecutivo hay un fallo del mercado ya que, pese a que hay una demanda de vivienda social, el mercado no la provee.

Para hacer frente a esos desajustes del mercado del alquiler, sobre todo en zonas tensionadas de precios, los fondos van a financiar tres tipos de actuaciones en colaboraciones con todas las administraciones públicas, desde ayuntamientos a comunidades autónomas:

Viviendas para el alquiler asequible dentro del Plan Estatal de Vivienda, aumentar la oferta de vivienda en alquiler asequible en aquellas zonas con el mercado de arrendamiento más tensionadas y el desarrollo de viviendas en suelos de titularidad pública en colaboración con la Sociedad Estatal de Suelos (SEPES). Aquí entraría la colaboración público-privada tan esperada a través del llamado derecho de superficie. El Estado cedería este derecho durante 75 años para que el promotor privado levantará las viviendas, las pudiera alquilar a precios razonables durante ese periodo, tras el cual volvería al parque público.

El sector valora la resiliencia del inmobiliario en la crisis del coronavirus

El presidente de la Asociación de promotores inmobiliarios de Madrid (Asprima), Juan Antonio Gómez-Pintado ha valorado también la llegada de los fondos europeos, en el que el sector tiene por delante “un gran reto, al ser uno de los más contaminantes y que más impacto tienen en la huella de carbono".

Para 2021, avanza Gómez-Pintado el sector quiere abaratar los costes de producción para que sean mucho más sostenibles y dar capacidad de acceso a la vivienda a un gran núcleo poblacional, ya sea a través del alquiler o la compraventa.

“El sector ha demostrado ser sólido en 2020, con una subida del 7% en el precio de la vivienda nueva y de hasta el 0,8 % de la vivienda usada, pese a la caída lógica, por otra parte, de los visados de obra nueva del 20 %”, ha destacado Gómez-Pintado.

Una de las mayores preocupaciones del Asprima y del resto de intervinientes en el foro Efimed ha sido la colaboración público-privada y la mayor o menor intervención del Estado en el mercado de la vivienda. “Afrontamos un ejercicio donde a nivel legislativo hay varias leyes que van a afectar de lleno al sector, como la futura Ley de Vivienda, la Ley de seguridad jurídica en el urbanismo o la Ley de arquitectura”, ha recordado su presidente.