El Gobierno subvencionará a las CCAA hasta un 60% para la compra de viviendas de alquiler social

El Ejecutivo Central subvencionará hasta el 60% del precio de la vivienda, con un máximo de 400 euros/m2, para la adquisición de inmuebles residenciales destinados a incrementar el parque público en alquiler social o cesión de uso. Los beneficiarios serán las Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas y las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro.

La orden publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que incorpora las ayudas urgentes a aquellos inquilinos afectados por la crisis provocada por el coronavirus, añade modificaciones al Real Decreto del Plan Estatal de Viviendas 2018-2021 del año 2018.

Entre esos cambios, el Ejecutivo trata de dar potestad y ayudar al resto de las Administraciones Públicas, y a las entidades y organismos públicos a aumentar el parque de viviendas públicas en alquiler social o cesión de uso a la mayor celeridad ante la actual situación de vulnerabilidad de cientos de inquilinos, provocada por la actual crisis sanitaria y económica para frenar el impacto del covid-19 en España.

Para ello, todas las administraciones podrán obtener financiación para adquirir viviendas de forma individualizada o en bloque mediante una subvención proporcional a la superficie útil de cada vivienda de hasta un máximo de 400 euros por metro cuadrado de superficie útil. La cuantía máxima de esta subvención no podrá superar el 60% del precio, incluyendo los gastos inherentes a la adquisición.

La adquisición de las viviendas habrá de ser formalizada en el plazo máximo de seis meses desde el reconocimiento de la ayuda y de tres meses desde el pago condicionado de la misma.

Al aceptar estas ayudas, el precio del alquiler o de la cesión en uso de estas nuevas viviendas públicas será limitado. Las rentas las podrán establecer las comunidades autónomas y las podrán actualizar con la periodicidad que consideren, pero en todo caso en todo caso deberá ser inferior a 5,5 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda, más en su caso, un 60% de dicha cuantía por metro cuadrado de superficie útil de plaza de garaje o de cualquier otra superficie adicional anexa a la vivienda sin inclusión, en ningún caso, de superficies de elementos comunes.

A estas viviendas públicas de alquiler social podrán acceder personas cuyos ingresos, incluyendo los de todas las personas que constituyen la unidad de convivencia, no superen 3 veces el IPREM, aumentando en función de si es familia numerosa, o con personas con discapacidad al cargo.