Opinión

Son muchos los organismos que alertan de que las recientes medidas en materia de vivienda menoscaban el derecho a la propiedad, recogido en el artículo 33 de la Constitución. Según Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), las medidas intervencionistas no solo debilitan la propiedad privada, sino que dañan la imagen exterior de España, generan incertidumbre y atacan el desarrollo socioeconómico y de viviendas asequibles.

La deuda pública de España está en niveles récord tras rozar 1,4 billones de euros, el 125,3% del PIB, y es una variable muy peligrosa a corto plazo. Según el economista Miguel Córdoba, su crecimiento desorbitado nos hace depender de los mercados para cubrir las necesidades de financiación y provocará un problema para las generaciones venideras, sobre las que estamos cargando un Estado de Binestar ficticio. Cree que es el momento de reequilibrar las cuentas públicas para evitar una potencial intervención internacional.

El Gobierno ha decidido ampliar la prórroga de los contratos de alquiler hasta el 9 de agosto. Una medida que, según José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, es incomprensible, ya que se aplica a todos los inquilinos, no solo a los vulnerables. En su opinión, esta medida vulnera la Ley de Arrendamientos Urbanos, crea inseguridad jurídica y llegará a los tribunales

José Barta, consultor inmobiliario, señala dos condicionantes que escapan de la capacidad de gestión de cualquier Gobierno sea del color político que sea: la caída demográfica y la pérdida de poder adquisitivo que aún no se ha recuperado de la crisis del 2008. En su opinión, Madrid ha sufrido entre 2001 y 2021 una pérdida del 34,5% de personas comprendidas entre los 20 y 39 años de edad, lo que corresponde a 570.754 personas consumidoras de primeras viviendas. A esto se suma la caída del salario medio.

En las últimas semanas han salido a la luz algunos detalles sobre cómo se materializarán los fondos europeos destinados a la rehabilitación inmobiliaria y la regeneración urbana. Según explica Isabel Alonso de Armas, miembro del Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CIPPC), la clave del éxito estará en impulsar el ritmo de presentación de solicitudes y la gestión de las ayudas, de la que se encargarán las comunidades autónomas.

Primero H es la primera socimi de vivienda social de España y nace con una doble rentabilidad: la económica y la social. La iniciativa llega de la mano de la asociación Asocimi y la fundación Hogar Sí, que combate el sinhogarismo en España. Joaquín López-Chicheri, presidente de Vitruvio y miembro de la comisión ejecutiva de Asocimi, explica las claves del funcionamiento de este proyecto. Por ejemplo, que la asociación será la encargada de buscar los inmuebles y la fundación, de arrendarlos.

Los mayores de 40 años suponen el 70% de los ocupados de la construcción, mientras que los menores de 30 no suponen ni el 10%. Según explica Isabel Alonso de Armas, miembro del Consejo General del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (CIPPC), el ladrillo ha perdido atractivo entre los jóvenes, pero es necesario mantener la transmisión de conocimiento entre las generaciones de profesionales del sector. Si no, pondremos en peligro la neutralidad climática que la sociedad requiere.

El economista Miguel Córdoba afirma que la hipoteca inversa, que permite a los mayores vender la propiedad de su vivienda manteniendo el usufructo y recibiendo a cambio una renta periódica, podría utilizarse para solucionar el déficit de pisos de alquiler asequible. Para ello, el Estado debería crear una gestora público-privada que pudiera promover esta alternativa entre los jubilados y destinar sus propiedades a alquiler social tras su fallecimiento. La fórmula sería atractiva para fondos y otras empresas inmobiliarias.

Asocimi y Hogar Sí, entidad de iniciativa social que trabaja para combatir el sinhogarismo en España, se alían para lanzar la primera socimi Social en España: Primero H. El objetivo es alquilar viviendas con rentas sociales a personas vulnerables. José Barta, consultor inmobiliario, analiza la salida de esta socimi con vocación de servicio social.

El salario mínimo interprofesional se ha disparado en España en los últimos años, lo que ha provocado que España sea el segundo país europeo con la menor brecha entre el SMI y el sueldo medio, tras Francia. Según el economista Miguel Córdoba, las subidas constantes carecen de fundamento económico y apuesta por luchar porque los profesionales cualificados reciban una retribución más alta para evitar que todos los trabajadores acaben cobrando más o menos lo mismo.

La nueva Ley de Vivienda, cuyo contenido está discutiendo el Gobierno de coalición, debe impulsar una relación duradera y fructífera entre propietarios e inquilinos, y crear un marco jurídico y estable para las partes si quiere lograr el objetivo de ayudar al mercado del alquiler. José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamiento y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, critica la posición ideológica de Podemos y su persistencia en topar las rentas cuando éstas están bajando con fuerza.

Promover vivienda de alquiler a precios asequibles es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Administración. Y la colaboración público-privada se perfila como un modelo indispensable para dar respuesta a esta problemática. Jeffrey Sújar, managing partner de inversiones alternativas de Urbania, repasa las claves para crear una fórmula de éxito que logre captar el interés de inversores y promotores.

La sostenibilidad en el sector inmobiliario ha cobrado una relevancia capital en los últimos años y se está incorporando ya en las políticas de inversión de las empresas. Según explica Carlos Pérez-Baz, director de Inversiones Inmobiliarias de Mutualidad de la Abogacía, la construcción sostenible no solo tiene beneficios ambientales y sociales, sino también económicos. En concreto, permiten obtener una mayor rentabilidad, ya que los inmuebles más modernos y eficientes suelen atraer a los mejores inquilinos.

Los contribuyentes, salvo que tengan un gran abogado o asesor, suelen quedar vendidos en las manos de Hacienda. Una situación que podría cambiar si se conocieran los fallos de los diferentes juzgados y Tribunales que tumban las tesis del fisco e inclinan la balanza a favor del consumidor. Según José María Salcedo, socio del despacho de abogados Ático Jurídico, la difusión de las derrotas de la Agencia Tributaria darían motivos y esperanzas a los particulares para seguir batallando.

El experto en estrategias de mercado, José Barta, defiende el papel de las socimis como vehículo de inversión para las clases medias que no tienen capacidad para comprar inmuebles y critica a los que las definen como instrumentos al servicio del capitalismo neoliberal. En su opinión, las socimis se pueden utilizar como una herramienta al servicio de la economía social y como impulsoras de la vivienda social.

Ni las empresas pagan pocos impuestos, ni los ingresos por cotizaciones sociales son bajos, ni el IVA es más bajo que en los países del entorno. El economista Miguel Córdoba asegura que los datos oficiales que comparan la estructura de ingresos del sistema fiscal doméstico y de la Seguridad Social con el de otros países europeos rompen esos y otros falsos mitos tributarios. En su opinión, el principal problema está en los bajos salarios.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler y abogado especializado en arrendamiento, critica que las últimas medidas del Gobierno en materia de alquiler ya que, en su opinión, aumentan la inseguridad jurídica y provocarán una huida de inversores nacionales y extranjeros, a quienes no les saldrá a cuenta dedicarse al negocio del alquiler, y pide cambiar el rumbo de las políticas de vivienda para impedir que se reduzca la oferta.

Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), alerta del impacto que tendrá el decreto aprobado por el Gobierno que prohíbe los desalojos de inquilinos por impago hasta que termine el estado de alarma. Cree que la medida atenta contra la propiedad privada, alienta la okupación y desprotege a los propietarios particulares y profesionales, y recuerda que solo tendremos un mercado de alquiler equilibrado con medidas equilibradas entre las partes.

Los análisis suelen fundamentarse en el corto o incluso en el medio plazo, olvidando que en muchas ocasiones los cambios vienen del pasado. Según el economista Miguel Córdoba, un buen ejemplo de ello lo tenemos en el sector inmobiliario. A pesar de que la crisis del coronavirus ha cambiado el panorama más reciente, la revolución empezó a finales de 2007. Entonces se cerró una etapa de la historia inmobiliaria española y comenzó una nueva, de la que nos está costando mucho desprendernos.

Tras un año en el que el sector inmobiliario ha vivido todo tipo de situaciones nuevas y complicadas, como las renegociaciones de las rentas, los cierres de la actividad y las restricciones o los concursos de acreedores de los arrendatarios, los primeros meses de 2021 se esperan complicados. Desde Mutualidad de la Abogacía creen que habrá cierres de empresas, despidos y todavía más incertidumbre, pero confían en una progresiva mejora económica y del consumo una vez entrado el tercer trimestre.

El pasado 27 de Octubre, con motivo de la aprobación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, Pablo Iglesias declaró de forma literal “establecemos una tributación mínima del 15% para las socimi”. Curiosamente, esta medida no figura recogida en el Proyecto de Ley de los PGE para 2021. Mónica Sentieri, directora de la proptech elworking.com, habla sobre el "mareo" del Gobierno a las socimis y el negocio del alquiler.

Muchas personas viven de las rentas de alquilar bajos comerciales a bares, restaurantes, tiendas o sucursales bancarias. Tener en propiedad estos espacios y arrendarlos ha sido una renta segura para sus propietarios, pero el mundo está cambiando. Según el economista Miguel Córdoba, la reconversión era inevitable antes del coronavirus por el auge del comercio electrónico y es necesario que el Gobierno actúe y ponga alternativas sobre la mesa, como transformar locales vacíos en viviendas.

Los tribunales españoles hacen distinciones a la hora de defender el domicilio de los contribuyentes y las cajas de seguridad. Sin embargo, José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico, cree que se trata de espacios en los que se desarrollan, o se custodian, los aspectos más íntimos de la vida de las personas físicas o jurídicas y que deliberadamente se apartan del conocimiento de terceros. Por eso considera que debrían tener idéntica protección por parte de los jueces.

La crisis del covid-19 ha supuesto, sin duda y a nivel de nuestra historia, una de las mayores disrupciones en nuestro estilo de vida. Alexander Vaughan, socio director de Lucas Fox, habla sobre cómo a diferencia de otros segmentos, el residencial prime de nivel medio alto y alto se ha beneficiado de esta situación.

Las intervenciones regulatorias en la vivienda, como el control de los alquileres que está operativo en Cataluña y llegará a todo el país el año que viene, no son la solución del problema. Según Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, la clave estará en aumentar la oferta de inmuebles y no en tomar medidas populistas que, si bien pueden generar mucho ruido, no surten efecto. En su opinión, lo único que logran es trasladar al sector privado la responsabilidad de la Administración de proveer de vivienda a aquellos que no la tienen.