Pocos derechos son tan insustituibles en una sociedad democrática como el derecho a la propiedad privada que consagra el Artículo 33 de la Constitución Española. Por obvio que resulte no hemos de dejar de repetirlo, ya que asistimos a una oleada regulatoria donde muchas de las medidas planteadas y aprobadas atacan directamente a este principio esencial de nuestro Estado de Derecho.
Las Administraciones Públicas -y no el sector privado- tienen el deber de dotar de una solución habitacional a las personas vulnerables. Y cuando esto no sea posible por falta de vivienda pública disponible, se deberán establecer los medios económicos necesarios para esa vivienda en el sector privado, pero siempre con unas reglas claras y respetando la voluntariedad del propietario privado y su derecho a una compensación justa y acode con la situación del mercado.
Lamentablemente, en los últimos tiempos en España caminamos en la dirección contraria. Como resaltaba recientemente el Instituto de Estudios Económicos (IEE), uno de los principales centros de pensamiento de nuestro país, el derecho a la propiedad privada ha sufrido un deterioro sin precedentes en España, en gran parte por muchas de las medidas en materia de vivienda: el control de precios “una medida de dudosa inconstitucionalidad, que no solo no es eficiente […], sino contraproducente”, señala el informe; la “legitimación “ de la ocupación ilegal y el “efecto llamada” que provocan el Real Decreto-Ley 37/2020 aprobado el pasado diciembre, y los cambios introducidos después en el Real Decreto-Ley del 1/2021; así como las expropiaciones temporales de vivienda anunciadas en marzo por el Gobierno de las Islas Baleares.
Tarde o temprano todas estas vulneraciones e intromisiones contra un derecho fundamental como el de la propiedad privada tendrán su contestación en los tribunales, tanto nacionales como internacionales. En este sentido, el pasado mes de febrero el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales y anulaba varios artículos del decreto-ley de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes para el acceso a la vivienda, aprobado a finales de 2019, como la obligación de los ‘grandes propietarios’ de proponer un alquiler social a colectivos vulnerables.
En dicha sentencia, el Alto Tribunal también señalaba que el índice de precios del alquiler no puede prevalecer sobre la libertad de las partes para fijar la renta. ¿Un avance de lo que está por venir cuando se pronuncie sobre el recurso del PP en este asunto? Muchos pensamos que sí.
El problema de fondo de todas estas medidas intervencionistas es que el daño ya está hecho. Estos varapalos no pasan inadvertidos para nuestros colegas europeos, y mucho menos para los inversores internacionales, ya que dañan nuestra imagen exterior como país y generan incertidumbre. Algo que se ve reflejado en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP), un ranking publicado por la Property Rights Alliance (PRA), que ubica a España en el puesto 26 de 37 países analizados.
Los ataques a la propiedad privada tienen una víctima directa: el mercado de la vivienda, y más en concreto del alquiler. Producen efectos perniciosos en su desarrollo, ya que generan una gran inseguridad jurídica en los propietarios, contribuyendo a que se retire oferta del mercado, y espanta a los inversores que, pese a que se sienten atraídos por el potencial de crecimiento del alquiler en España, desisten de entrar en él al no ver seguridad para sus inversiones.
Pero con ese debilitamiento de la propiedad privada también atacamos a nuestro desarrollo económico y social, algo crucial en estos momentos de crisis económica. Numerosos estudios muestran que cuanto mayor es el grado de certidumbre sobre el marco regulatorio y la protección de la propiedad privada, mayor es el desarrollo económico, ya que se genera más inversión y más competitividad.
Sin seguridad jurídica y confianza no podremos desarrollar el parque de vivienda en alquiler, sobre todo social y asequible, que España necesita, y así facilitar así el acceso de las familias más vulnerables a la vivienda - a las que dicen defender precisamente quienes atacan a la propiedad privada-. Es por esto por lo que debemos apostar por reforzar el derecho a la propiedad privada y no debilitarlo. Esto nos ayudará a aumentar la oferta de vivienda en alquiler, pero también, nos permitirá ser una sociedad con un mayor desarrollo social y económico.
Beatriz Toribio es directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL). Apasionada del mundo inmobiliario. Convencida de que el alquiler tiene que tener un mayor peso en nuestra economía y en nuestra sociedad.
IEE: "Las últimas medidas en vivienda están deteriorando el derecho a la propiedad privada"
El Instituto de Estudios Económicos afirma que en España existe un problema estructural de insuficiente garantía y protección de del derecho a la propiedad, al situarse por debajo de la media de los países desarrollados y de los vecinos europeos. Y cree que las medidas que han activado Gobierno y CCAA en materia de vivienda, como paralización de los desahucios, la permisividad con los okupas, la expropiación de viviendas vacías o el posible control de los precios solo agravan el problema
El Tribunal Constitucional tumba el decreto catalán de vivienda
El Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad nulos varios artículos del decreto-Ley de la Generalitat catalana en materia de vivienda de finales de 2019, entre los que se obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a los inquilinos morosos o a los okupas vulnerables. La sentencia considera que se vulnera el derecho a la propiedad y avala el pacto entre las partes para fijar el precio del alquiler, aunque aprueba el índice de precios como instrumento informativo.
Prohibición de los desahucios, paralización del alquiler
Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), alerta del impacto que tendrá el decreto aprobado por el Gobierno que prohíbe los desalojos de inquilinos por impago hasta que termine el estado de alarma. Cree que la medida atenta contra la propiedad privada, alienta la okupación y desprotege a los propietarios particulares y profesionales, y recuerda que solo tendremos un mercado de alquiler equilibrado con medidas equilibradas entre las p
El control de precios, el fin del partido
Las intervenciones regulatorias en la vivienda, como el control de los alquileres que está operativo en Cataluña y llegará a todo el país el año que viene, no son la solución del problema. Según Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, la clave estará en aumentar la oferta de inmuebles y no en tomar medidas populistas que, si bien pueden generar mucho ruido, no surten efecto. En su opinión, lo único que logran es trasladar al sector privado la responsabilidad de la Administración
2 Comentarios:
Muy cierto; pero el gran error fue que, al redactar la Constitución, no se incluyera el derecho a la propiedad privada y a la herencia como derecho fundamental y no como principio rector de la política económica. Así como que ningún partido político haya establecido con claridad cuándo debe reputarse un impuesto como confiscatorio.
Hay otro ataque más sutil y desapercibido a la propiedad privada por parte de Aytos. como el de Madrid, que ocasiona la pérdida de plusvalías de pisos residenciales, malvendidos por sus propietarios, ante la entrada en la finca de pisos turísticos o de hospedaje. Interviene en esa entrada la Agencia de Actividades agilizando excesivamente la concesión de licencias y el no control de obras de transformación de pisos y locales de uso residencial en uso de hospedaje o turístico. Atestiguo que eso está sucediendo ahora en Juan Alvarez Mendizábal, 15 . La tragicomedia culmina cuando a la S.L. infractora, que no había cumplido ni las apariencias, la Agencia, tras un simulacro de inspección. le cerró un expediente abierto por Disciplina Urbana
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