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La propiedad privada, un derecho insustituible

Debilitar este derecho daña la imagen de España, genera incertidumbre y frena el desarrollo de viviendas asequibles

Gtres
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Pocos derechos son tan insustituibles en una sociedad democrática como el derecho a la propiedad privada que consagra el Artículo 33 de la Constitución Española. Por obvio que resulte no hemos de dejar de repetirlo, ya que asistimos a una oleada regulatoria donde muchas de las medidas planteadas y aprobadas atacan directamente a este principio esencial de nuestro Estado de Derecho.

Las Administraciones Públicas -y no el sector privado- tienen el deber de dotar de una solución habitacional a las personas vulnerables. Y cuando esto no sea posible por falta de vivienda pública disponible, se deberán establecer los medios económicos necesarios para esa vivienda en el sector privado, pero siempre con unas reglas claras y respetando la voluntariedad del propietario privado y su derecho a una compensación justa y acode con la situación del mercado.

Lamentablemente, en los últimos tiempos en España caminamos en la dirección contraria. Como resaltaba recientemente el Instituto de Estudios Económicos (IEE), uno de los principales centros de pensamiento de nuestro país, el derecho a la propiedad privada ha sufrido un deterioro sin precedentes en España, en gran parte por muchas de las medidas en materia de vivienda: el control de precios “una medida de dudosa inconstitucionalidad, que no solo no es eficiente […], sino contraproducente”, señala el informe; la “legitimación “ de la ocupación ilegal y el “efecto llamada” que provocan el Real Decreto-Ley 37/2020 aprobado el pasado diciembre, y los cambios introducidos después en el Real Decreto-Ley del 1/2021; así como las expropiaciones temporales de vivienda anunciadas en marzo por el Gobierno de las Islas Baleares.

Tarde o temprano todas estas vulneraciones e intromisiones contra un derecho fundamental como el de la propiedad privada tendrán su contestación en los tribunales, tanto nacionales como internacionales. En este sentido, el pasado mes de febrero el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucionales y anulaba varios artículos del decreto-ley de la Generalitat de Cataluña de medidas urgentes para el acceso a la vivienda, aprobado a finales de 2019, como la obligación de los ‘grandes propietarios’ de proponer un alquiler social a colectivos vulnerables.

En dicha sentencia, el Alto Tribunal también señalaba que el índice de precios del alquiler no puede prevalecer sobre la libertad de las partes para fijar la renta. ¿Un avance de lo que está por venir cuando se pronuncie sobre el recurso del PP en este asunto? Muchos pensamos que sí.

El problema de fondo de todas estas medidas intervencionistas es que el daño ya está hecho. Estos varapalos no pasan inadvertidos para nuestros colegas europeos, y mucho menos para los inversores internacionales, ya que dañan nuestra imagen exterior como país y generan incertidumbre. Algo que se ve reflejado en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP), un ranking publicado por la Property Rights Alliance (PRA), que ubica a España en el puesto 26 de 37 países analizados.

Los ataques a la propiedad privada tienen una víctima directa: el mercado de la vivienda, y más en concreto del alquiler. Producen efectos perniciosos en su desarrollo, ya que generan una gran inseguridad jurídica en los propietarios, contribuyendo a que se retire oferta del mercado, y espanta a los inversores que, pese a que se sienten atraídos por el potencial de crecimiento del alquiler en España, desisten de entrar en él al no ver seguridad para sus inversiones.

Pero con ese debilitamiento de la propiedad privada también atacamos a nuestro desarrollo económico y social, algo crucial en estos momentos de crisis económica. Numerosos estudios muestran que cuanto mayor es el grado de certidumbre sobre el marco regulatorio y la protección de la propiedad privada, mayor es el desarrollo económico, ya que se genera más inversión y más competitividad.

Sin seguridad jurídica y confianza no podremos desarrollar el parque de vivienda en alquiler, sobre todo social y asequible, que España necesita, y así facilitar así el acceso de las familias más vulnerables a la vivienda - a las que dicen defender precisamente quienes atacan a la propiedad privada-. Es por esto por lo que debemos apostar por reforzar el derecho a la propiedad privada y no debilitarlo. Esto nos ayudará a aumentar la oferta de vivienda en alquiler, pero también, nos permitirá ser una sociedad con un mayor desarrollo social y económico.

Beatriz Toribio es directora general de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL). Apasionada del mundo inmobiliario. Convencida de que el alquiler tiene que tener un mayor peso en nuestra economía y en nuestra sociedad.