El paradisíaco lugar “Isla de Valdecañas”, que cuenta con un total de 133 hectáreas en torno al Pantano de Valdecañas (Cáceres), se ha convertido en una pesadilla para sus gestores: Beltrán Gómez-Acebo (Primo de Felipe VI) y Jaime López-Ibor Alcocer (sobrino del empresario Alberto Alcocer). Organizaciones ecológicas piden al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que ejecute la sentencia que declara ilegal esta macrourbanización de lujo: el coste de la demolición ascendería a 34 millones de euros, según el gobierno extremeño
La cuestión de la demolición se ha librado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Las partes implicadas, por un lado el Gobierno de Extremadura, que defiende el proyecto, y por otro, los ecologistas, que persiguen su demolición, han presentado sus respectivos informes sobre la sentencia del TSJEx que confirma la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado original (sentencia ratificada por el Tribunal Supremo del pasado 29 de enero de 2014). El Tribunal Supremo ratifica dicha sentencia
La Junta considera que “no es posible cumplir con el fallo”. Calcula que el coste de la demolición ascendería a 34 millones de euros, después de que la promotora Marina Isla de Valdecañas, en concurso de acreedores, hubiera invertido ya 130 millones de euros de los 200 inicialmente previstos
Las parcelas están integradas en la Red Natura 200, es decir, en suelo protegido. La historia arranca en 2007, cuando el entonces gobierno de Juan Carlos Rodríguez Ibarra impulsa el proyecto recalificando terrenos protegidos para convertirlos en urbanizables. La idea era construir un espectacular resort de 133 hectáreas con 300 villas de lujo de entre 275 y 560 m2, edificadas en parcelas de hasta 800 m; campos de golf, un hotel de cuatro estrellas; playa artificial; club social con piscina; 76 estanques, y hasta un complejo deportivo dirigido por Fran Murcia
Pero dos asociaciones ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción, recurrieron esa declaración de “interés regional” y la primera sentencia del 9 de marzo de 2011 les dio la razón al declarar el TSJEx la nulidad del proyecto por haberse construido en terreno ilegal. Tres semanas después, el Parlamento extremeño modificó la Ley del Suelo para evitar este revés judicial.
Ahora los ecologistas buscan que la sentencia se ejecute y eso significa su demolición. Como las posturas están enfrentadas tendrá que ser el Tribunal el que resuelva la situación mediante un perito de oficio que cuantifique los costes de una posible demolición, así como el pago de responsabilidades patrimoniales
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5 Comentarios:
Pues que su demolición la paguen "gobierno de Juan Carlos Rodríguez ibarra" y los gestores de la promotora.
Pues que su demolición la paguen "el gobierno de Juan Carlos Rodríguez ibarra" y los gestores de la promotora.
¿Y si los ricos de esa macrourbanización hicieran una consulta para declarse independientes? No volveríamos a ver sus impuestos, así que si los catalanes pueden, ¿Ellos por qué no?
Al final acabaremos pagandolo los catalanes, como siempre.
Los catalanes sois los que mayor retorno per capita del IRPF recibís de toda España. Informaos antes de hablar y meter la pata
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