El fondo CVC gana la batalla judicial a Hacienda y evita una multa de 355 millones

El fondo CVC Capital Partners, asociado con Naturgy y LaLiga, ha obtenido una victoria significativa contra Hacienda en el Tribunal Supremo, en la primera de una serie de decisiones que enfrentan a ambas partes. La disputa comenzó con una inspección de la Agencia Tributaria (AEAT), que resultó en una inédita multa de 355 millones de euros, la mayor jamás impuesta al private equity en España, y en una denuncia penal contra el fondo y su director en España, Javier de Jaime, actualmente investigado por la Fiscalía, según informa Vozpópuli.

En un fallo contundente contra Hacienda, el Tribunal Supremo determinó que se violó el artículo 24 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva, al realizar interrogatorios no previstos a empleados durante una entrada y registro, invalidando así dichas actuaciones. El magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero emitió un voto particular concurrente, señalando también la infracción del artículo 18 sobre la inviolabilidad del domicilio.

Este caso representa el mayor expediente de Hacienda contra un fondo de capital riesgo, centrándose en las obligaciones fiscales del private equity entre 2016 y 2018. En 2016, De Jaime lideró la venta del grupo hospitalario Quirón a Fresenius por 5.760 millones de euros, generando plusvalías de unos 2.600 millones. Tras la inspección, Hacienda reclamó 270 millones de euros en impuestos, más intereses y sanciones que sumaban unos 355 millones. También abrió un proceso penal contra De Jaime por presunta evasión fiscal.

CVC impugnó el expediente de Hacienda, alegando irregularidades en la inspección realizada por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes entre el 19 y 20 de octubre de 2021. Aunque en instancias inferiores los tribunales respaldaron a Hacienda, el Supremo encontró errores significativos en la investigación del fondo.

El tribunal determinó que los inspectores interrogaron individualmente a directivos y empleados sobre sus actividades, una acción no contemplada en el auto judicial inicial, que solo autorizaba el examen de documentos contables y otros archivos relevantes.

El Supremo anuló la resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había considerado válidos los interrogatorios de Hacienda. El Supremo señaló que los interrogatorios realizados durante la inspección no estaban autorizados y debían haberse hecho mediante citación formal, respetando el derecho a la defensa.

CVC, representado por Garrigues, argumentó que Hacienda violó el derecho a un proceso con todas las garantías al obtener pruebas de manera irregular. La Abogacía del Estado, por su parte, defendió que la entrada en el domicilio estaba judicialmente autorizada y que los interrogatorios no requerían autorización previa.

Expertos legales como Francisco de la Torre y Alejandro Miguélez subrayan la necesidad de una regulación clara sobre la intervención de comunicaciones y consideran que el Tribunal Constitucional debería pronunciarse sobre el asunto para actualizar su doctrina.

El Tribunal Supremo concluyó que la Administración tributaria no tenía fundamento legal para interrogar sin previo aviso durante una inspección domiciliaria, anulando así las actuaciones inspectoras cuestionadas. Esto podría afectar a la validez de la multa de 355 millones de euros. Esaú Alarcón y Leopoldo Gandarias, expertos en derecho tributario, coinciden en que la sentencia es demoledora y que las pruebas obtenidas de manera irregular deberían ser excluidas, afectando las sanciones y liquidaciones derivadas.

CVC enfrenta varios frentes legales contra Hacienda, incluyendo la validez de las pruebas obtenidas mediante intervención de comunicaciones y la petición de trasladar el procedimiento penal a la sede administrativa, donde los errores de Hacienda podrían tener un mayor impacto. Esta decisión marca un precedente importante para futuras disputas entre fondos de capital riesgo y la administración tributaria en España.