La Sociedad Cooperativa Residencial Prometheus ha dado marcha atrás en su decisión de pujar por el solar de más de 14.500 m2 que el Ministerio de Defensa tiene en el número 50 de la calle Raimundo Fernández Villaverde, en el centro de Madrid. La cooperativa asegura que los pliegos de las condiciones administrativas y técnicas publicados “no dan respuesta a cuestiones de relevancia que aseguren la viabilidad del proyecto”. Otra de las cuestiones que ha influido es el alto precio de la subasta.
El Ministerio de Defensa anunció en septiembre de 2013 la subasta del solar donde se encuentran la antigua sede de TPYCEA (taller de precisión y centros electrónicos de artillería de dicho ministerio). Este proceso despertó rápidamente el interés de distintas promotoras que comenzaron a presentar proyecto para pujar en la subasta, muchas de ellas a través del régimen de cooperativas de viviendas.
Entre ellas se encuentra la cooperativa Residencial Prometheus. Esta sociedad fue constituida en enero de este año y está integrada por trabajadores del Ministerio de Defensa y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otros socios. Esta cooperativa surge de la mano de grupo Ibosa. La promotora pretendía construir en dicho solar 350 viviendas libres de entre uno y cinco dormitorios, distruidas en siete plantas.
Dudas sobre el proyecto
Sin embargo, la cooperativa formada para este proyecto ha rechazo acudir a la subasta del solar porque, en su opinión, las condiciones de ésta no garantizan la viabilidad del plan residencial proyectado en origen. Grupo Ibosa considera que lo planteado en los pliegos administrativos y técnicos adolece de la “información adicional necesaria para participar en la subasta en condiciones de responsabilidad para con sus cooperativistas”.
En este sentido, insisten en que los pliegos administrativos y técnicos no dan respuesta a cuestiones de relevancia que aseguren la viabilidad del proyecto, como la edificabilidad final de la parcela, sujeta a la tramitación de un planeamiento de desarrollo para hacerla efectiva, en el marco de un Plan General de Urbanismo en fase de revisión.
Además, han influido otras cuestiones. La firma subraya que las condiciones de la subasta determinan que la venta del solar se realizará por un precio alzado “que no se podrá modificar pese a que la superficie final fuera diferente a la consignada”. Junto a ello, el adjudicatario de la subasta deberá asumir otros posibles riesgos jurídicos, tributarios y económicos que puedan derivarse de este proceso.
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