Ministerio de Consumo

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con Pablo Bustinduy al frente, ha identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid, por lo que ha pedido al Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida que inste a eliminar los anuncios en plataformas online de viviendas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios. Entre las posibles ilegalidades, la Dirección General de Consumo señala que esta empresas estarían ofreciendo los alojamientos turísticos como particulares, y que se arriesgan a recibir infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros.

La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitan sin licencia. Según la normativa, las prácticas que se están investigando al respecto pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La Dirección General de Consumo examinará a las empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas CCAA y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, explica el Ministerio.

La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto una investigación a empresas de gestión del alquiler de viviendas que operan en todo el territorio español por obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento o por firmar contratos temporales sin que dicha temporalidad estuviera justificada. El Ejecutivo recuerda que estas comisiones están prohibidas por los cambios en la LAU realizados por la Ley de vivienda, y suponen un abuso, según la Ley de Defensa de los Consumidores, con sanciones que podrían ir de los 100.000 euros hasta un millón de euros.