El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy

El TSJM respalda a Consumo e insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre el recurso presentado por Airbnb contra las resoluciones del Ministerio de Consumo que imponen a la plataforma de pisos turísticos el bloqueo de casi 66.000 anuncios que no cumplen con las normativas autonómicas en esta materia. El tribunal avala las actuaciones de Consumo e insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata que se encuentran repartidos por Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o País Vasco.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy

Consumo abre expediente sancionador a Alquiler Seguro por prácticas abusivas e investiga a otras

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a la agencia inmobiliaria Alquiler Seguro, que opera en todo el territorio nacional, por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, y sigue investigando a otras compañías del sector por cobrar comisiones ilegales y obligar a contratar servicios no solicitados. De ser consideradas infracciones graves, las multas podrían ser de hasta 100.000 euros, y de hasta un millón de euros si son muy graves, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
El ministro de Derecho Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la sede del Ministerio, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España).

Consumo abre expedientes a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios. Entre las posibles ilegalidades, la Dirección General de Consumo señala que esta empresas estarían ofreciendo los alojamientos turísticos como particulares, y que se arriesgan a recibir infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros.
Consumo abre expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos por publicidad ilícita

Consumo abre expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos por publicidad ilícita

La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos por no retirar anuncios de alojamientos que se publicitan sin licencia. Según la normativa, las prácticas que se están investigando al respecto pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Consumo investiga a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas

Consumo investiga a grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La Dirección General de Consumo examinará a las empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas CCAA y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, explica el Ministerio.
Viviendas

Consumo investiga a inmobiliarias por imponer comisiones a los inquilinos

La Dirección General de Consumo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha abierto una investigación a empresas de gestión del alquiler de viviendas que operan en todo el territorio español por obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento o por firmar contratos temporales sin que dicha temporalidad estuviera justificada. El Ejecutivo recuerda que estas comisiones están prohibidas por los cambios en la LAU realizados por la Ley de vivienda, y suponen un abuso, según la Ley de Defensa de los Consumidores, con sanciones que podrían ir de los 100.000 euros hasta un millón de euros.