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El Gobierno cambia un criterio en la ley contable que pone en jaque el beneficio empresarial

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Autor: Redacción

La enmienda que ha introducido el PP en la Ley de Auditoría puede tener un impacto significativo en los beneficios de una multitud de empresas y lastrar los procesos de fusiones y adquisiciones. El cambio se basa en obligar a incluir como gasto un 10% del valor de los activos intangibles (como la marca o la cartera de clientes) para que estén amortizados en diez años. La medida podría lastrar al beneficio y a la capacidad de repartir dividendo de las pequeñas empresas no cotizadas. 

El cambio de última hora que ha introducido el Gobierno en la Ley de Auditoría podría tener una difícil digestión para muchas empresas españolas. No solo porque podría lastrar su beneficio, sino también porque probablemente frenará los procesos de fusión y adquisición, una de las claves de futuro para incentivar el crecimiento empresarial según los expertos.

El nuevo criterio que establece la ley contable y que entrará en vigor el 1 de enero de 2016 solo afecta a aquellas compañías que estén sometidas al plan general contable, por lo que no tendrá efectos en aquellas que se rijan por las normas internacionales de contabilidad. Así pues, el golpe más duro lo recibirán los negocios de pequeño y mediano tamaño.

Pero, ¿en qué consiste este cambio y por qué puede ser perjudicial? Lo que ha hecho el Gobierno es incluir una disposición final en la recién aprobada Ley de Auditoría que modifica el artículo del Código de Comercio que lo regula.

Con el cambio, el Gobierno recupera la necesidad de amortizar el fondo de comercio y establece que los inmovilizados intangibles (las marcas, la cuota de mercado, la cartera de clientes…) son activos con una vida útil, salvo prueba de lo contrario, de diez años.

Desde ahora, por lo general, se considerará que un fondo de comercio perderá el 10% de su valor cada año, lo que significa que las empresas tendrán que contabilizar esa amortización como gasto y, por tanto, lastrará el beneficio.

La modificación supone un brusco cambio respecto a la normativa actual, que exige a las empresas hacer un test anual de deterioro y amortizar solo el fondo de comercio en los casos en los que se detecte una pérdida de valor, ya que se consideraban activos con una vida útil indefinida (ahora, en cambio, tendrán que estar amortizados en el plazo de una década).

Para justificar la alteración en el criterio, el Partido Popular ha argumentado que, de esta forma, España se acerca a las directrices de otros países europeos y que, con el cambio, se evita que las pequeñas empresas se vean obligadas a afrontar el coste de medir cada año el deterioro de sus activos intangibles. Por otro lado, también ha abierto la posibilidad de poder amortizar la vida útil en un plazo superior a esos diez años siempre que se pruebe que es superior. Aun así, todos los partidos de la oposición se han mostrado en contra de la medida.

Si las empresas deben amortizar como gasto más partidas que en la actualidad, lo lógico es que se reduzcan sus beneficios y, por tanto, que lastre su capacidad para repartir dividendo entre sus accionistas.

¿Un trasvase hacia las normas internacionales?

Otra de las consecuencias que puede generar este cambio es que muchas empresas acaben aplicando a sus cuentas las normas contables internacionales para no empañar sus cuentas consolidadas.

¿La razón? Las grandes compañías no verán afectadas sus cuentas consolidadas, ya que éstas se rigen por las normas internacionales, aunque sí las individuales. En cambio, las empresas no cotizadas verán afectadas ambas. Pero como el plan contable español va a dar peores resultados que el interacional, cabe la posibilidad de un buen número de pymes cotizadas acaben aplicando las normas internacionales.