Los promotores piden prorrogar la moratoria contable que alivia sus cuentas porque el ajuste no ha concluido

El presidente de la asociación de promotores constructores de España (apce), josé Manuel galindo, ha pedido al gobierno que prorrogue por enésima vez una moratoria contable que permite a las inmobiliarias no tener que reforzar su capital pese a las pérdidas sufridas por el deterioro del valor de sus activos. El ejecutivo prolongó esta excepción contable en febrero aunque advirtió también de que esta terapia asistencial podría estar cerca de acabar

Galindo señala en declaraciones al diario cinco días que el proceso de ajuste de los precios de los activos “no ha concluido y puesto que esa fue la razón por la que se prorrogó la iniciativa este año, consideramos que debe ampliarse al menos un año más”

El responsable de apce recuerda que la decisión de no seguir aplicando esta disposición tendrá, a su vez, efectos negativos sobre los bancos, principales acreedores de las inmobiliarias, ya que si caen estas empresas, “se dificulta la normalización del sector financiero”

La última moratoria

Tal y como recogió idealista news, el gobierno aprobó en febrero del real decreto-ley 10/2008, de 12 diciembre,  por el que se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. Esta medida, aunque afecta a todo tipo de empresas, es de vital importancia para el sector inmobiliario

La norma fue aprobada inicialmente por el gobierno de josé Luis Rodríguez zapatero allá por el año 2008 y consistía en la concesión de una moratoria contable durante dos años a las inmobiliarias al eximirles de la obligación de contabilizar las pérdidas “que se derivan del deterioro del inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias y las existencias”. Es decir, que las firmas del ladrillo no tenían que asumir la depreciación de valor que han sufrido sus activos (suelos o edificios)

El hecho de que una inmobiliaria no compute a nivel de patrimonio las pérdidas derivadas de la caída del valor de sus activos evita que tenga que activar procesos de emergencia recogidos en las normativas contables. Si esas pérdidas se contabilizasen, tal y como debería hacerse si no existiese la moratoria, muchas firmas del negocio entrarían en causa de disolución

En la terminología contable, una compañía entra en causa de disolución cuando su patrimonio neto se sitúa por debajo de la mitad de su capital social. En otra palabras, cuando la diferencia entre el valor de los activos y las deudas de una empresa es inferior a la mitad del dinero aportado por sus socios. Si esto ocurre, la compañía debe en principio disolverse, tal y como recoge el artículo 363 de la ley de sociedades de capital, o buscar alternativas para equilibrar sus cuentas

Así, desde el año 2008 esta moratoria se ha ido prorrogando hasta en tres ocasiones. Dos de ellas, con el partido socialista en el poder y otra, ya con el partido popular. En concreto, el gobierno de Rajoy concedió a principios del año pasado 12 meses más de gracia a las inmobiliarias con el decreto-ley 2/2012 de saneamiento del sector financiero. La fecha de caducidad de esta norma era el 4 de febrero de 2013 y por este motivo, se prorrogó de nuevo en febrero de este año

Podría acabar el 2014

No obstante, en ese mismo texto el gobierno advertía de que ésta podría ser la última moratoria. En concreto, señalaba que “dado que el proceso de consolidación bancaria va a suponer una nueva caída significativa del valor de mercado de los bienes inmuebles, se hace necesario la aprobación de una nueva prórroga de esta medida, al menos, durante este año, que es el tiempo mínimo para negociar la reestructuración de los pasivos del sector”. “Se prevé”, continuaba, “que esta será la última prórroga que haga falta ya que los ajustes en el activo de las entidades en los últimos años van a suponer un correlativo ajuste en el pasivo”

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