La asociación de promotores y constructores de España (apce) está estudiando recurrir ante la comisión europea el último incremento aplicado por cinco comunidades autónomas (Madrid, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y La Rioja) sobre el tipo impositivo del impuesto de actos jurídicos documentados que pasa del 0,5% al 1% los promotores recuerdan que este tributo (del que están exentos los pisos de segunda mano y las viviendas protegidas) grava varias operaciones imprescindibles en el proceso urbanizador, como la compra de suelo, la agrupación de fincas, la declaración de obra nueva, la división de propiedad horizontal y la constitución del préstamo hipotecario en el acto de escritura pública de la operación de compra. Según la apce, una vivienda tipo que cueste 173.000 euros se encarecerá con este impuesto un 1,52%
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