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En muchas ocasiones, cuando un ciudadano va a comprar una vivienda protegida, el promotor le pide hasta miles de euros de dinero negro para venderle el piso. Si el comprador se niega a pagar, no obtiene la vivienda. El problema es que incluso pagando ese dinero de más, la vivienda sigue siendo mucho más barata que una vivienda en el mercado libre. Una de las novedades principales del borrador de la nueva ley es que el mero hecho de pedir sobreprecio estará sancionado con multas de entre 1.500 y 6.000 euros una de las razones por las que algunos promotores piden ese sobreprecio es que no les salen las cuentas. En teoría, el suelo debe costar como máximo un 15% del precio final de la vivienda, pero los propietarios, cuando se trata de promociones de vivienda de protección oficial que no se hacen a través de consorcios, especulan con el suelo y lo venden a precios desorbitados. Para rentabilizar la inversión, el promotor repercute ese sobreprecio en los compradores. Para luchar contra la especulación, la ley establecerá una sanción para el vendedor del suelo igual al sobreprecio percibido más un 20% la ley también establece sanciones para los que falsean sus condiciones económicas y familiares para acceder a una vivienda protegida, hacen obras que aumenten la superficie de la vivienda, o destinan la vivienda protegida a segunda residencia. Para los constructores será sancionable no respetar las calidades de materiales previstas en el proyecto inicial, pedir más dinero del pactado en el contrato y entregar las viviendas con retraso
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