La juez que hasta ahora instruye la presunta estafa cometida por comercializadora peninsular de viviendas (cpv) por la venta de 1.200 pisos "fantasma" en los nuevos barrios de Madrid aceptó ayer una de las medidas cautelares que los abogados de los afectados le habían pedido con mayor urgencia: paralizar el pago de las mensualidades en concepto de entrada por los pisos que aún seguían abonando algunos perjudicados, pese a que la directiva de la empresa está en prisión provisional por el supuesto alzamiento de bienes por su parte, Europa cauzioni, la financiera italiana que actuó de avalista de cpv, ha anunciado que no asumirá el aval de 30 millones de euros que firmó en julio de 2001 con cpv porque la promotora es "insolvente" y no ha abonado "las primas correspondientes". Esto supone un revés para los afectados por supuesta estafa de cpv, ya que impide que ejecuten los avales con los que la promotora les garantizó la devolución del dinero que anticiparon en 1998 a cambio de sus futuras casas otro juzgado de Madrid, distinto al que investiga el sumario por supuesta estafa y apropiación indebida, ha decidido tramitar la quiebra de cpv. Esto significa que la viabilidad económica de cpv como empresa carece de todo crédito y que la única solución factible para que sus acreedores puedan recuperar al menos una parte del dinero perdido es liquidarla y repartir sus activos. Esta solicitud pone en entredicho las declaraciones del director general de cpv, quien, antes de entrar en prisión señaló que su empresa poseía suficientes activos para devolver el dinero que adeudaba a sus clientes
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