La generalitat subirá el próximo año por segundo ejercicio consecutivo el impuesto de actos jurídicos documentados para todas las operaciones inmobiliarias. Este gravamen lo soportan quienes escrituran un piso o una hipoteca, además de los promotores inmobiliarios. La intención de la conselleria de economía es que el gravamen mínimo del 0,5% que se aplica a los primeros 60.000 euros de cualquier operación se aplique el año que viene sólo a los primeros 30.000 euros. El 0,75% que ahora grava el tramo entre 60.000 y 100.000 euros pasará a gravar el importe que va de 30.000 a 60.000 euros, cifra a partir de la cual se tributará un 1%. Es decir, si se aprueba el proyecto de ley, el impuesto de actos jurídicos documentados por escriturar la compraventa de una vivienda valorada en 150.000 euros será el año que viene un 70% más caro que en el 2001 el efecto aumenta en el caso de los promotores inmobiliarios que han de pagar este impuesto cuando adquieren el terreno con iva, cuando hacen la declaración de obra nueva, cuando realizan la división de la propiedad horizontal o agrupaciones para realizar varias viviendas, cuando constituyen hipoteca y cuando transmiten el inmueble. Los promotores y constructores de edificios han advertido de que los mayores costes fiscales de su actividad acabarán repercutiéndose en el precio final de las viviendas
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