En noviembre, un informe pericial entregado a la magistrada que investiga la supuesta trama de corrupción en la cúpula de la inspección de hacienda de Cataluña descubre una deuda tributaria de las empresas del grupo inmobiliario Núñez y navarro entre los años 1988 y 1995 de más de 2.200 millones de pesetas (13,4 millones de euros). El informe pericial añade que las sociedades de Núñez han causado un "perjuicio económico" al erario público de 1.712 millones de pesetas (10,3 millones de euros) derivado de la transmisión de inmuebles y solares entre empresas del mismo grupo ésta ha sido la última pieza -hasta el momento- de una investigación que se inició en el año 2000 cuando la fiscal Teresa galvez presentó una querella contra ocho funcionarios de la agencia tributaria. Según anticorrupción, estos funcionarios ofrecieron "durante años un trato fiscal irregular al grupo Núñez y navarro a cambio de contraprestaciones". Algunos inspectores como Manuel abella compraban pisos de lujo a Núñez mientras levantaban actas de sus empresas, obteniendo presuntamente trato de favor y recomendaciones ante entidades financieras. El propio Núñez tuvo que declarar como imputado en el mes de mayo. La empresa niega haber incurrido en ningún delito y asegura que hay discrepancia en las cifras por "diferencias de criterio a la hora de tributar". Habrá que esperar al 2003 para ver en qué acaba el caso
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