Cada vez más ciudadanos de la Comunidad Valenciana están viendo cómo una empresa promotora propone al ayuntamiento de turno un plan urbanístico sobre sus propiedades y, sin apenas posibilidades de oponerse al mismo, son expropiados con indemnizaciones irrisorias o se les obliga a pagar los costes de urbanización al precio que marca el promotor. Todo ello de acuerdo con la ley reguladora de la actividad urbanística (lrau), aprobada por el gobierno socialista de Joan lerma a finales de 1994 y que entró en vigor con el ejecutivo de Eduardo zaplana
Los ecos de las protestas han llegado al gobierno británico cuyo ministro de asuntos exteriores, jack straw, transmitió a su colega española, Ana palacio, "la preocupación por el efecto que tiene la ley valenciana sobre los residentes británicos". Además de la británica, otros 16 embajadas en Madrid (12 de la unión europea más Polonia, Suiza, canadá y Noruega) escribieron una carta conjunta al presidente valenciano. Según los expertos, el problema no es tanto la ley como su aplicación. La ley se promulgó contra los especuladores que retienen suelo para que suba el precio y en este sentido ha sido efectiva, pero cada vez más promotores la están utilizando para eliminar cualquier obstáculo en sus planes urbanísticos
Desde que una promotora presenta un plan y publica un anuncio en el periódico, los propietarios tienen 20 días para presentar un plan alternativo. Lo sorprendente es que algunos propietarios se unen y lo consiguen, pero luego se encuentran con que el ayuntamiento elige el plan de quien no es el propietario, que además es más costoso. La generalitat reconoció en 1999 que se estaban cometiendo excesos y prometió reformar la ley, pero no dió tiempo a hacerlo durante la legislatura y la ley sigue vigente
Los ecos de las protestas han llegado al gobierno británico cuyo ministro de asuntos exteriores, jack straw, transmitió a su colega española, Ana palacio, "la preocupación por el efecto que tiene la ley valenciana sobre los residentes británicos". Además de la británica, otros 16 embajadas en Madrid (12 de la unión europea más Polonia, Suiza, canadá y Noruega) escribieron una carta conjunta al presidente valenciano. Según los expertos, el problema no es tanto la ley como su aplicación. La ley se promulgó contra los especuladores que retienen suelo para que suba el precio y en este sentido ha sido efectiva, pero cada vez más promotores la están utilizando para eliminar cualquier obstáculo en sus planes urbanísticos
Desde que una promotora presenta un plan y publica un anuncio en el periódico, los propietarios tienen 20 días para presentar un plan alternativo. Lo sorprendente es que algunos propietarios se unen y lo consiguen, pero luego se encuentran con que el ayuntamiento elige el plan de quien no es el propietario, que además es más costoso. La generalitat reconoció en 1999 que se estaban cometiendo excesos y prometió reformar la ley, pero no dió tiempo a hacerlo durante la legislatura y la ley sigue vigente
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