El juzgado de instrucción número 2 del prat de llobregat (Barcelona) investiga si la inmobiliaria fincas corral vende pisos de protección oficial por encima del precio máximo establecido por la ley. La investigación judicial partió de la denuncia de una empleada que aseguró ser despedida por no avenirse a participar en este tipo de operaciones
Los compradores de pisos de protección oficial están obligados a cumplir dos condiciones: convertir esa vivienda en su domicilio habitual y permanente y respetar el precio máximo tasado por la administración a la hora de proceder a su venta. Estas condiciones se mantienen mientras dura la calificación de la vivienda como de protección oficial, un periodo que puede oscilar entre los 20 y los 50 años. En el caso de los pisos construidos por la empresa de la generalitat adigsa, el plazo más habitual es el de 30 años. Las operaciones sometidas a investigación se corresponden con pisos de adigsa
Fuentes de fincas corral rechazaron ayer las acusaciones vertidas en la denuncia y atribuyeron las acusaciones al temple vengativo de la denunciante: "tuvo una reacción muy airada ante su despido y amenazó con demandar a la empresa"
Los compradores de pisos de protección oficial están obligados a cumplir dos condiciones: convertir esa vivienda en su domicilio habitual y permanente y respetar el precio máximo tasado por la administración a la hora de proceder a su venta. Estas condiciones se mantienen mientras dura la calificación de la vivienda como de protección oficial, un periodo que puede oscilar entre los 20 y los 50 años. En el caso de los pisos construidos por la empresa de la generalitat adigsa, el plazo más habitual es el de 30 años. Las operaciones sometidas a investigación se corresponden con pisos de adigsa
Fuentes de fincas corral rechazaron ayer las acusaciones vertidas en la denuncia y atribuyeron las acusaciones al temple vengativo de la denunciante: "tuvo una reacción muy airada ante su despido y amenazó con demandar a la empresa"
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