Un notario no debe limitarse a dar fe del acto que preside, sino que debe preocuparse de que el negocio que se firma en su mesa no sea delito. Esta es la tesis novedosa de una sentencia del tribunal supremo que ha condenado a un notario de Madrid a un año de prisión menor y al pago de 5,74 millones de euros a los alrededor de 130 afectados por la estafa que cometió la caja hipotecaria de valores (CHV) a finales de los años ochenta. El caso se destapó en Barcelona en 1992, pero también se produjo en Alicante, Madrid y Zaragoza
Decenas de familias perdieron cantidades de dinero que oscilaron entre los 3.000 y los 120.000 euros en operaciones inmobiliarias fraudulentas, al adquirir obligaciones hipotecarias sobre inmuebles que no valían lo que la chv decía. La sentencia deja claro que el notario no participó en la estafa, pero establece -y esa es la novedad- la complicidad por omisión del notario quien creó "una falsa apariencia (...) y una falsa expectativa" para los adquirientes
Decenas de familias perdieron cantidades de dinero que oscilaron entre los 3.000 y los 120.000 euros en operaciones inmobiliarias fraudulentas, al adquirir obligaciones hipotecarias sobre inmuebles que no valían lo que la chv decía. La sentencia deja claro que el notario no participó en la estafa, pero establece -y esa es la novedad- la complicidad por omisión del notario quien creó "una falsa apariencia (...) y una falsa expectativa" para los adquirientes
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