En diciembre de 1993 estallaba el caso de la psv, por el que la cooperativa de viviendas promovida por ugt suspendía pagos y dejaba en el aire las aportaciones de 19.135 personas. La mayoría de ellos renunciaron a reclamar tanto a la psv como a la constructora igs al pactar con ellas la devolución del 75% del valor de la deuda con la mediación del instituto de crédito oficial. El martes el tribunal supremo cerró definitivamente el caso al considerar que quien renunció a reclamar ante psv e igs también lo hizo ante la ugt. La consecuencia directa de este fallo judicial es que, aunque el tribunal supremo sigue considerando a la ugt responsable civil subsidiario del caso psv, le absuelve de pagar la indemnización de 78 millones de euros a los cooperativistas estafados por considerar que los afectados llegaron a un acuerdo con la gestora igs y la promotora de psv, acuerdo que es extensible a ugt
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