Hacienda extremó en 2003 el control sobre las empresas del sector inmobiliario, lo que arrojó un importante incremento de las denuncias por fraude fiscal tramitadas. Los funcionarios de la agencia tributaria de Cataluña remitieron 116 expendientes a la justicia, de los que sólo dos fueron desestimados por el ministerio público. Esta cantidad supone un incremento del 120 por ciento respecto al año 2002. "La actuación ha versado básicamente sobre las empresas constructoras, subcontratistas, promotoras, auxiliares y de alquiler, además de las transmisiones inmobiliarias", explicó Raúl bruillo, delegado de hacienda en Cataluña
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