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La Generalitat subvencionará hasta el año 2007 a 10.000 familias con escasos ingresos para que puedan acceder a una vivienda digna de alquiler social, según ha anunciado la directora general de Vivienda del gobierno catalán, Carme Trilla. Esta medida beneficiará sobre todo a jóvenes, inmigrantes y personas con rentas bajas y se completará con otras políticas como la reducción del parque de pisos vacíos, que se estima entre 5.000 y 15.000 sólo en Barcelona de los que la mitad aproximadamente están casi en ruinas, y el recargo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de hasta el 50% en el caso de las viviendas desocupadas

La Generalitat se ha basado en iniciativas como las desarrolladas por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de París para impulsar una red de intermediación entre los propietarios de pisos vacíos y los posibles inquilinos, que agrupará a las diferentes redes locales ya existentes bajo el auspicio de la Fundación Cáritas, la Fundación Un Sol Món (Un Sólo Mundo) de Caixa Catalunya [caixa catalunya es accionista de referencia de idealista.com, empresa editora de este boletín] y el gobierno catalán

El modelo vasco ha conseguido hacer aflorar al mercado 1.000 viviendas de alquiler en un año. La solución vasca, conocida como programa bizigune, está promovida desde el departamento de vivienda y asuntos sociales que, junto con las cajas de ahorros, ofrece a los propietarios la posibilidad de poner su piso en el mercado de alquiler. Para ello, debe ceder el inmueble en usufructo durante cinco años a cambio de un canon mensual y la posibilidad de acceder, a coste cero, a la financiación de obras de mejora en los pisos por valor de 18.000 euros. Para que una vivienda pueda acogerse a este programa debe llevar al menos un año vacía, estar tasada en menos de 660 euros al mes y tener menos de 120 metros cuadrados. Los aspirantes a alquilar alguna de estas viviendas no pueden tener ingresos mayores de 33.100 euros brutos anuales y, lógicamente, no deberán tener otra vivienda. La renta que pagarán será un tercio de sus ingresos, un porcentaje por debajo de lo habitual en el mercado libre. Una vez puesto en marcha el programa, los inquilinos pagan una media de 240 euros mensuales y los propietarios ingresan de media 519 euros. La diferencia es costeada por el gobierno vasco

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