La nueva ley urbanística valenciana, que ha redactado la consellería de territorio y vivienda, prevé medidas impositivas para los ayuntamientos que no destinen a la construcción de vivienda de protección oficial (vpo) el 10% del suelo que reciben en todas las actuaciones urbanísticas. Los consistorios tendrán un plazo de dos años para destinar la mitad del suelo a vpo y si no pueden, están obligados a venderlos y destinar los ingresos a vpo. El promotor, ya sea público o privado, deberá destinarlo también a viviendas de protección oficial. Si aún así la actividad de construcción de vpo sigue siendo nula, la nueva ley prevé que "la generalitat podrá proceder a expropiar los citados bienes para destinarlos a la construcción de viviendas de algún tipo de protección pública"
En el 80% de los municipios valencianos no se contruyeron vpos durante 2003, lo que ha provocado que los vecinos no tengan acceso a una vivienda a precios económicos y se vean obligados a endeudarse para comprar un piso de renta libre, según Francisco taberner, presidente del colegio territorial de arquitectos de Valencia
En el 80% de los municipios valencianos no se contruyeron vpos durante 2003, lo que ha provocado que los vecinos no tengan acceso a una vivienda a precios económicos y se vean obligados a endeudarse para comprar un piso de renta libre, según Francisco taberner, presidente del colegio territorial de arquitectos de Valencia
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