La Comunidad Valenciana cuenta con 50.000 viviendas edificadas ilegalmente en los últimos 30 años. En la mayoría de los casos se trata de construcciones que no cuentan con permisos municipales, que han excedido el nivel de altura o que simplemente se han ejecutado en terreno no urbanizable. La futura ley del suelo no urbanizable, que se está debatiendo estos días en las cortes para su aprobación, establecerá Drásticas medidas para que el actual balance de viviendas sin licencia se reduzca considerablemente. Entre otras, la norma obligará a los ayuntamientos que detecten una construcción ilegal a cortar la luz, el agua, el teléfono y el gas en 15 días. Los consistorios también podrán hacerlo en el caso de antiguas construcciones que cuenten con una orden de paralización de las obras
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