La imposición de que la calificación de protegida se mantuviese a lo largo de toda la vida útil del inmueble y la obligatoriedad de crear un registro de demandantes de esta clase de casas había puesto en pie de guerra a las comunidades del pp y a buena parte de las socialistas. Todas ellas sostienen que con estas normas se produce una grave injerencia en sus competencias. Tras el encuentro entre el secretario general de la vivienda, el director general de la vivienda y responsables de todas las regiones, se ha optado por una fórmula de consenso en la que serán las comunidades autónomas las que establezcan el número de años en que durará la calificación de vpo, con un mínimo de 30. Las viviendas protegidas podrán venderse en segundas y sucesivas transmisiones a un precio regulado que se podrá actualizar con el ipc de cada año transcurrido desde que se adquiriera, hasta un tope del doble de lo que costó. Las comunidades también se comprometen a intensificar las medidas de control del fraude. El otro asunto más espinoso, la creación de un registro de demandantes, deja de ser obligatoria
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